Además de constituir el sector más numeroso de los grupos objetivo de la campaña de vacunación contra la influenza, los adultos mayores de 65 años han demostrado un bajo interés por participar de esta inoculación.

En la campaña 2018, la región alcanzó un 81 % de cobertura, pero los adultos mayores sólo llegaron a un 66 %.

Por lo anterior, la iniciativa 2019 tendrá una especial orientación hacia ese segmento. De hecho, su lanzamiento tuvo lugar en el Hogar de Adultos Mayores Padre José Fuenzalida del sector Mirasol, donde el doctor Jorge Tagle, director del Servicio de Salud del Reloncaví, hizo presente que existen casos de personas de esta edad que al contraer la enfermedad, muestran un mayor riesgo de hospitalización e incluso de muerte.

"Hay prejuicios respecto de la vacuna en los adultos mayores. Lo cierto es que no produce enfermedades y protege contra la influenza, que es una gripe de mayor gravedad, pero no protege contra resfríos comunes", especificó Tagle.

La seremi de Salud, Scarlett Molt, reconoció rechazos en la comunidad, que atribuye la acción de esa vacuna a la aparición de enfermedades.

Eso sí, advirtió que puede generar síntomas menores, como dolor de cabeza o decaimiento, "que están asociados a la respuesta de nuestro organismo contra la enfermedad. Pero no es una vacuna que enferme, sino que previene enfermedades", enfatizó.

Sin costo

La población objetivo está focalizada en embarazadas a partir de la 13ª semana de gestación, niños de 6 meses a 5 años, adultos de 65 años y más, trabajadores de avícolas y de criaderos de cerdos; y enfermos crónicos entre 6 y 64 años. Por condiciones biomédicas, esas personas están expuestas a un mayor riesgo de complicaciones por este virus, por lo que para ellos no tiene costo esa inoculación, a la que se accede en centros de salud y vacunatorios de centros privados. La seremi Molt anunció que para llegar a más personas, harán campaña en terreno.

La seremi de Gobierno, Ingrid Schettino, agregó que entregan información y promocionan la campaña, a través de las Uniones Comunales de Juntas de Vecinos.

Erwin Schnaidt Ávila

Sorprendido se mostró ayer el alcalde de Puerto Varas, Ramón Bahamonde, ante la advertencia que hizo su similar de Ancud, Alexis Latorre, quien anunció que podrían derivar los desechos domiciliarios de esa comuna chilota, al Relleno Sanitario Provincial La Laja.

En nueve días más (domingo 31 de marzo), el vertedero municipal ancuditano deberá dejar de recibir esas descargas, sin que hasta la fecha se conozca una posibilidad de aplicar una prórroga a su funcionamiento. Como alternativa, las autoridades municipales habían anticipado gestiones ante un vertedero industrial en la comuna de Chonchi, pero su propietario se negó a aceptar ser depositario de la basura emanada de ningún municipio de la Isla.

Junto con anticipar que no van a dejar desperdicios en las calles de Ancud, el alcalde (s) Latorre advirtió estar dispuesto a llevar los camiones al vertedero de La Laja, "atravesando el canal de Chacao con la basura, pasando por la Intendencia", según consigna La Estrella de Chiloé.

Lo que dice la ley

El alcalde Bahamonde, quien preside la Asociación de Municipalidades de la Provincia de Llanquihue, dijo estar extrañado "que se desconozcan disposiciones legales que rigen la administración de un relleno sanitario. Si esto es provincial, no cabe que a solo planteamiento de ellos, podamos acoger dicha petición, porque manejamos una forma administrativa y estamos con una fuerte presión en cuanto a lo que deberíamos reciclar", mencionó.

Bahamonde recomendó al alcalde de Ancud "que conozca la ley, que determina que sólo el Gobierno puede determinar un cambio de lugar de depósito de basura, en estado de catástrofe o por necesidades críticas ambientales. Esto no es sólo voluntades de los alcaldes (...). El tema no es tan fácil como abrir un hoyo en el campo y botar ahí la basura".

El alcalde puertovarino especificó que no se trata de una negativa, sino que apela al reglamento que rige la construcción de rellenos sanitarios.

Obligación municipal

Mientras que el intendente Harry Jürgensen apuntó que la tarea de administrar los residuos sólidos de una comuna "es responsabilidad de las municipalidades, de acuerdo a la ley. Cada municipalidad debe tener resuelta la disposición de esos residuos y atender su recolección, como corresponde".

Recordó el acuerdo entre el municipio y el privado de Chonchi, compromiso que no avanzó y en el que no tuvieron injerencia.

Mencionó que atendió una solicitud del municipio de Ancud, "en cuanto a que para resolver su problema de residuos sólidos y depositarlos, era necesario adquirir nuevos contenedores y camiones. Eso lo aprobó el Consejo Regional y ya se activó. Lo que nos corresponde como Gobierno Regional, está debidamente gestionado. El otro tema le compete a la Ilustre Municipalidad de Ancud".

En un fallo dividido (tres contra dos), la Segunda Sala de la Corte Suprema rechazó un recurso de amparo presentado por la representante legal de la Empresa de Servicios Sanitarios San Isidro (ESSSI), para dejar sin efecto la orden de arresto en su contra, emitida por el Tribunal Ambiental de Valdivia.

La sentencia confirma esa orden de arresto y ratifica el fallo de la Corte de Apelaciones de Valdivia que, de manera unánime, había rechazado un primer recurso de amparo, presentado el 6 de marzo.

Medida de apremio

El pasado 13 de febrero, el Tribunal Ambiental despachó la orden de arresto -por cinco días- contra la representante legal de ESSSI, al constatar incumplimiento a dos resoluciones judiciales que establecieron obligaciones a la empresa, para proteger el ecosistema del río Trapén, en Panitao.

La sanitaria mantiene en funcionamiento una planta de tratamiento de aguas servidas, para el conjunto habitacional Portal del Sur, de la empresa Pocuro, cuya descarga llega al cauce del río Trapén.

La orden de arresto se despachó contra de María Adriana Tagle, la que se entregó a Carabineros y la PDI, sin lograr ubicar a la requerida.

Tal medida de apremio responde al incumplimiento de obligaciones que dispuso el Tribunal Ambiental, entre ellas paralizar desde el 31 de enero pasado las descargas de aguas servidas; disponer dichas descargas al cauce del río, mediante el uso de camiones aljibe, así como informar el volumen del efluente trasladado y punto de descarga.

Al ser requerida una versión de la ESSSI, que tiene sus oficinas centrales en Temuco, se respondió que en esta oportunidad, no se referirán al caso.

La Junta de Vecinos Panitao Alto Camino Los Pinis presentó en noviembre de 2017, un recurso de reclamación ante el Tribunal Ambiental, para dejar sin efecto una resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente, que permitió que ese proyecto se ejecutara sin someterse al proceso de evaluación ambiental.