En el quinto lugar, con 130 denuncias por no permitir el acceso a una playa, detrás de la Región de La Araucanía (138), quedó la Región de Los Lagos, tras el balance realizado por el Ministerio de Bienes Nacionales, en este proceso que se cumplió en todo el país.

Desde que se lanzó la campaña el 6 de diciembre de 2018, el Ministerio de Bienes Nacionales ha recibido mil 492 denuncias (al 12 de marzo), una cifra récord para cualquier campaña de playas realizada anteriormente. En sólo tres meses, se recibió la misma cantidad de denuncias que en los cuatro años anteriores.

El seremi de Bienes Nacionales, Jorge Moreno, dijo que continuarán trabajando. "No porque se acaba la temporada estival o de playas, nosotros vamos a bajar los brazos. Estamos conscientes que ha sido una campaña exitosa, que ha llegado al corazón de todos los chilenos, quienes se dieron cuenta que tienen el uso y el goce de los bienes nacionales, que hay acceso libre a las playas. Seguiremos trabajando todo el año, para que el próximo período estival podamos tener la información necesaria que requiere la gente, para saber dónde están los accesos a las playas públicas de la Región de Los Lagos", manifestó.

Con nuevas herramientas tecnológicas, el ministerio comprometió realizar un catastro de deslindes de playas en los 79 lagos navegables de Chile (con capacidad para naves de más de 100 toneladas), que estará disponible para la próxima temporada de playas.

Adicionalmente a la ley impulsada por Bienes Nacionales, y que entró en vigencia en febrero, el ministro Felipe Ward anunció que se trabaja en un segundo proyecto de ley (Playas Abiertas II) que apunta a una nueva modificación del artículo 13 del decreto ley número mil 939 de 1977, con la finalidad de establecer una sanción a quien obstaculice a la autoridad competente a hacer su labor en cualquiera de las siguientes hipótesis: a) La fijación de la línea de playa; b) La determinación del lugar donde deba estar emplazada la vía de acceso.

Marcelo Galindo Gallardo

Evitar lo ocurrido en Puerto Varas, cuya costanera se vio contaminada por el derrame de aguas servidas desde un ducto de un aliviadero de tormenta, es el principal objetivo de las autoridades que iniciaron un catastro en el borde costero de Puerto Montt, para saber la procedencia de más de 150 ductos y establecer si transportan o no agentes contaminantes.

Aunque podrían ser más ductos que llevan aguas lluvias, servidas e incluso riles ("residuos industriales líquidos") de distintas empresas, se busca establecer desde dónde provienen y qué arrojan al mar.

Estos más de 150 ductos estarían emplazados entre el sector de la Carretera Austral y Chinquihue.

"El primer paso es georrefenciar los ductos, porque en la bahía de Puerto Montt completa existen más de 150 ductos, pero es un número que hay confirmar. Con los distintos servicios públicos, se va a caracterizar y determinar a quiénes corresponden y a medida que haya denuncias de vertimientos en el mar, se van a generar mediciones y se tomarán las precauciones respectivas", explicó el seremi de Medio Ambiente, Klaus Kosiel.

En el catastro, junto a la autoridad medioambiental, también participará activamente la Armada a través de la Capitanía de Puerto y la Gobernación de la Provincia de Llanquihue.

Sumideros

Leticia Oyarce, gobernadora de la Provincia de Llanquihue, comentó que el objetivo es realizar un trabajo conjunto, para poner "nombre y apellido" a los sumideros que realizan descargas hoy en día en las bahías de Puerto Montt y Calbuco.

La autoridad provincial anotó que esta labor se iniciará en el sector del centro de la ciudad, específicamente en la costanera.

"En este momento no hay denuncias de contaminación, pero lo importante es saber cuántos son los sumideros que existen y poder contar con un catastro que nos permita, que en caso que haya contaminación, apuntar a los responsables y buscar sus soluciones", aseguró.

La primera etapa es de diagnóstico y levantamiento de información, porque hay sumideros que están en el Plan Regulador de Puerto Montt.

Concesiones

El capitán Felipe González, de la Capitanía de Puerto de la capital regional, explicó que mediante el uso de patrullas de la policía marítima se hará una campaña puerta a puerta, verificando la propiedad de los ductos que están en la costanera.

El oficial señaló que la idea es partir desde el sector del mall Costanera hasta el recinto portuario, continuando con los sectores industriales que están relativamente catastrados.

"Haremos un cruce de información y después vamos a poder determinar cuántos ductos hay en el borde costero, quiénes son los dueños y verificar si están en forma legal o no, para ver las mejores medidas y evitar que se produzca contaminación", anotó.

La autoridad marítima confirmó que también se fiscalizará el ducto frente al centro comercial en la costanera, desde donde emanan malos olores.

Víctor Mallorga Vera (32 años) quien tenía domicilio en el sector Mirasol de Puerto Montt es la víctima de un crimen ocurrido ayer alrededor de las 14 horas en el penal Alto Bonito.

De acuerdo a las cámaras de seguridad del módulo 12, de condenados de alta peligrosidad, el imputado por este hecho estaría identificado. Habría utilizado un arma cortopunzante del tipo artesanal.

El presunto atacante es de Santiago y está cumpliendo una condena por robo con violencia, al igual que la víctima, quien terminaba de cumplir en el 2023.

Los antecedentes fueron entregados al Ministerio Público y Gendarmería inició un sumario para establecer cómo se registró el hecho.

Mil 800 kilos de sardina en veda logró decomisar Carabineros

El procedimiento fue llevado adelante por Carabineros de la tenencia de Panitao, ayer cerca del mediodía, en la Ruta V 815 que une por la costa a Puerto Montt con Calbuco.

Los funcionarios policiales fiscalizaron un camión que transportaba, sin ningún tipo de documentación, 78 cajas plásticas de sardinas, producto que en la actualidad se encuentra en veda.

En total se incautaron mil 800 kilos, lo que fue transportado por orden de la autoridad sanitaria, al vertedero para su desnaturalización.

Los antecedentes fueron entregados al Juzgado de Policía Local y también al Ministerio Público por la infracción a la Ley de Pesca.

La autoridad busca saber el origen de este producto y el destino final.