Nataly Alvarado Ralil

S i bien la ley 20.422 que establece normas de inclusión social de personas con discapacidad se promulgó en 2010, este 4 de marzo se cumplió el plazo de tres años donde entra en vigencia la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción.

La normativa establece las especificaciones que deben cumplir los edificios, de carácter público o privado, que contemplen atención de público.

Para Sergio Arellano, director regional del Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), el diagnóstico en cuanto a edificaciones no es bueno, ya que aún no es posible para los discapacitados valerse por sí mismos en muchos lugares.

"Hoy no es totalmente posible para quienes tienen algún grado de discapacidad, ingresar, hacer uso y circular por algunos recintos, ya que los mesones de información o cajas de bancos están pensados para las personas que están de pie", explicó Arellano.

Sobre la situación en la comuna, la autoridad comentó que "si bien Senadis no es quien fiscaliza, sí hemos trabajado en conjunto con el Colegio de Arquitectos, por ejemplo, hemos orientado a los municipios y servicios públicos en la materia. Cuando se promulgó esta ley, convocamos a las direcciones de obras de los municipios, en las provincias de Chiloé, Osorno y Llanquihue".

El director estima que existe alrededor de un 12% de cumplimiento en la región respecto a esta norma, y profundiza en que "si bien se han implementado medidas paliativas, éstas no responden en ocasiones a lo que estipula la ley".

Arellano agregó que como Senadis han trabajado en convenios con la corporación Ciudad Accesible, donde evaluaron distintos edificios públicos como la Gobernación, Municipalidad de Puerto Montt, Juzgado de Policía Local, entre otros, donde se entregó un reporte con las mejoras a implementar.

Construcciones

Fernando González, director de la Cámara Chilena de la Construcción en Puerto Montt, explica que se ha implementado lo que demanda la ley en las nuevas edificaciones, pero reconoce que queda mucho por hacer en las ya existentes, en especial, en aquellas donde se atiende público.

"La obligatoriedad de la ley ha afectado en parte al sector de la construcción, principalmente a las edificaciones existentes, cuando por espacialidad, geometrías y desniveles, es casi impracticable incorporar sistemas de rampas, ascensores, anchos de pasillos, baños de minusválidos y otros recursos. Aquí el desafío es para propietarios, arquitectos y usuarios", comentó González.

Respecto a la complejidad en las edificaciones de la comuna, el director agregó que "nuestra geografía es de pendientes abruptas y el desarrollo de proyectos de loteos con vivienda simultánea, debe acoger estas normas. Las pendientes máximas permitidas hacen impracticable su aplicación".

González comentó que si bien se trata de una ley que impulsa fuertemente la inclusión, "creemos que esta ley merece una revisión para que su aplicación sea efectiva y permita el uso de sistemas alternativos a los ascensores para casos complejos, sobre todo en edificios preexistentes a la norma".

Municipio

La ley dispone que sean los municipios, a través de su Dirección de Obras, los que dispongan personal y recursos para hacer efectiva la ley a través de la fiscalización.

Pamela Robertson, encargada de la Oficina de Discapacidad de la casa edilicia puertomontina, comentó que en general la comuna está al debe en cuanto al acceso universal, pero que se trabaja en realizar mejoras para lograr el objetivo.

"En nuestro edificio de calle San Felipe, la realidad es que estamos en deuda al respecto, pero al ser un edificio patrimonial, no podemos instalar un ascensor. Nuestra opción en este caso sería instalar un salvaescaleras", explicó Robertson.

La encargada se mostró optimista sobre el trabajo a realizar, ya que "existe mucha voluntad en varios de los servicios públicos, donde de momento se ha bajado la atención a los primeros pisos".

L a agrupación Albergando un Amigo comenzó en Puerto Montt su ciclo de charlas "Manejo de perros y prevención de enfermedades zoonóticas en ámbito urbano y rural", guiadas por los veterinarios Pablo Gómez y Renato Demarchi.

Gómez, veterinario y etólogo, explicó que el objetivo de esta actividad es informar sobre cómo abordar la población canina callejera, y educar en el comportamiento de mascotas domésticas y exóticas.

Sobre la ley de tenencia responsable, el especialista en comportamiento animal comentó que "es correcto tener un marco legal, pero nos falta avanzar en educación y trabajar en los colegios, porque una ley no hace que una persona se vuelva responsable".

Los especialistas cuestionaron, respecto a la ley, las capacidades técnicas de quienes la construyeron, ya que según ellos, faltó el conocimiento de los veterinarios. Gómez agregó que "en la Asociación de Etólogos de Chile no fuimos consultados al respecto", recalcó.

Renato Demarchi, también profesor de la Universidad San Sebastián, comentó que su enfoque va dirigido a los resguardos a considerar respecto a la zoonosis; es decir, las enfermedades que transmiten los animales a los seres humanos.

Demarchi resaltó la importancia de entregar conocimientos a quienes tratan constantemente con animales, y la responsabilidad que como dueños se debe tener respecto a las mascotas, como "llevarlos al menos dos veces al año al veterinario".

El académico cuestionó que la implementación de chip se haya realizado posterior a los operativos de esterilización, ya que "seguimos con la misma cantidad de perros vagos en las calles".