El Juzgado de Garantía de Puerto Montt rechazó la solicitud de sobreseimiento, respecto a una causa por estafa vinculada a una "constructora fantasma"

Los primeros indicios de las presuntas estafas ocurrieron durante el segundo semestre de 2017, después que varias familias contactaron a la empresa "Ecoenergía" para la construcción de viviendas y arreglo de otras, sin que las obras se concretaran. Incluso hubo labores realizadas sin conocimiento del rubro.

Tras ser imputados y formalizados, Gonzalo Heck Chinchón y María Moreno Paredes, por el delito de estafa, comenzó la investigación a cargo del Ministerio Público de Puerto Montt.

Cinco son los casos llevados adelante por la Fiscalía, y cuyas diligencias fueron encargadas a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI.

De acuerdo a Andrea Sanz, víctima de estos ilícitos, el engaño comenzó en 2016 continuando hasta 2018, "cuando (los imputados) tuvieron que desaparecer de las redes sociales ya que fueron denunciados". Para la afectada la unión entre 10 víctimas permitió llevar adelante la imputación. "Estos imputados, nos engañaron puesto que la empresa no existe, no tributan, la dirección no existe y no son constructores", afirmó.

Contratos

El fiscal que lleva la causa es Nider Orrego, quien explicó que la Fiscalía indaga el caso de cinco víctimas.

"Los imputados pidieron que se sobreseyera, según ellos, porque los hechos no son constitutivos de delitos, ya que habían contratos civiles firmados y pasaba como incumplimiento de contrato. Por eso había que sobreseer. Si bien existen contratos, las actividades de los imputados excedían en el incumplimiento, no tenían personalidad jurídica y excedía de un simple incumplimiento contractual e incluso había publicidad engañosa", aseveró Orrego.

De acuerdo al abogado querellante Ignacio Herrera, la gran diferencia entre los incumplimientos civiles y los delitos de estafa -este es un ilícito de estafa calificada- es que los incumplimientos civiles lo hacen personas reales, que se dedican a los giros, que publicitan y cumplen con una serie de normativas de impuestos internos. "En el caso de los imputados, hicieron una empresa imaginaria, llamada Ecoenergía la cual promovieron por todo el país a través de Facebook", aseguró.

El abogado Ricardo Oliva, defensor de Gonzalo Heck, dijo que junto a su cliente estaban analizando la posibilidad de apelar en la Corte de Apelaciones.

"Hemos sostenido desde un principio y lo manifestamos ayer en la audiencia en el Juzgado de Garantía que aquí lo que se trató fue de un incumpliendo civil de obligaciones, amparada en un contrato de servicios profesionales. Nosotros insistimos que es un tema civil, que debe ser resuelto por los tribunales civiles y así lo han dejado de manifiesto otros afectados que han recurrido a los tribunales civiles".

Marcelo Galindo Gallardo

Veinte puñaladas en diversas partes del cuerpo le costaron la vida a un vecino de la población Antonio Varas este fin de semana, quien fue asaltado por dos menores de edad, los que no registran antecedentes policiales.

El crimen quedó al descubierto en la esquina de la calle Dalcahue con avenida Presidente Ibáñez, justo en una plazoleta del sector.

Luis Feriz Saldivia, de 49 años, estaba en el lugar junto a otra persona bebiendo alcohol, cuando llegaron los dos adolescentes, de 16 y 17 años, quienes los atacan, los apuñalan y les sustraen dinero en efectivo.

En la audiencia de formalización de cargos en el Juzgado de Garantía, realizada ayer tras la ampliación del plazo de la detención decretada el fin de semana, el joven de 17 años fue formalizado por homicidio calificado y el otro adolescente, de 16 años, por robo con violencia.

Fueron tres los detenidos inicialmente, incluido un adulto de 36 años. Respecto a este hombre, el tribunal le dio la libertad inmediata porque es víctima de los hechos, ya que era él quien acompañaba a la persona asesinada en la plazoleta de la Antonio Varas.

Los hechos son indagados por la Brigada de Homicidios de la PDI, quienes lograron establecer el vínculo de amistad entre el fallecido y el adulto detenido en primera instancia.

"Habían tres personas detenidas. En el curso de estos días, y como consecuencia de la ampliación (de la detención) se pudo determinar la participación de los dos menores en los hechos y que el tercera es una víctima más. En base a ello se formalizaron cargos respecto de uno (17 años) por el delito de homicidio calificado y respecto del otro (16 años) de robo con violencia", explicó el fiscal Nider Orrego.

Pronunciar

El persecutor explicó que respecto del imputado por homicidio calificado, el tribunal decretó la internación provisoria no así del otro adolescente, "porque el tribunal estimó que no habían antecedentes suficientes para justificar el robo. No compartimos esa resolución y apelamos a la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, instancia que se tendrá que pronunciar en definitiva respecto de la situación de este menor", apuntó.

La jueza de garantía Mónica Sierpe, junto con decretar un plazo de 90 días para la investigación, resaltó que el joven imputado por el homicidio es un "peligro para la seguridad de la sociedad" y por ello debe permanecer privado de libertad, mientras se realiza la investigación.

Para la magistrada, la situación del otro joven no está clara, en cuanto a su participación en el robo con violencia, y por ello decretó medidas cautelares menores. Sin embargo, será la Corte de Apelaciones la que resolverá su situación procesal.

Marcela Crisosto, defensora penal pública y abogada de los adolescentes, señaló que faltan antecedentes respecto de la participación de los jóvenes en el hecho.

"El tercer imputado nos llamó la atención que, siendo una persona detenida y sindicada por testigos como uno de los autores, luego tras su declaración se decretara su libertad. Consideramos que no había otro elemento, por lo que esperamos que avance la investigación. Las pruebas científicas se demoran y en el plazo de investigación se tendrá que determinar en cuanto a la causa de muerte y otros antecedentes", recalcó.