El director nacional de la Conaf, José Manuel Rebolledo, confirmó ayer que nueve brigadistas fueron atacados con disparos de perdigones cuando terminaban su turno en la Región del Biobío.

Según explicó al portal de noticias Emol, el hecho se produjo cerca de las 19 horas del miércoles en el sector de Curapaillaco, por donde pasaban los trabajadores a bordo de un vehículo tras haber finalizado su jornada laboral en Tirúa, donde llevan algunos días enfrentando un incendio.

El vehículo salió rápido y recibieron disparos (con perdigones) que le rompieron el parabrisas completo de atrás. "Eso provocó susto y los brigadistas andan temerosos de noche", aseguró Rebolledo.

Debido a esto, se inició una coordinación con el contralmirante de la Armada Carlos Huber -quien está a cargo de la región luego de que el Gobierno declarara zona de catástrofe-, para que personal de esa institución colabore en el ataque en los incendios y en la seguridad de los brigadistas.

Rebolledo dijo que el ataque es el tercero de su tipo del que son víctimas funcionarios del organismo en los últimos días. La semana pasada, en la misma Ruta 160, los brigadistas sufrieron una "encerrona" y desconocidos les robaron el carro de arrastre en donde transportaban las herramientas para el combate del fuego. "Luego quemaron el carro", relató.

En Temuco, Región de la Araucanía, otro grupo de brigadistas fue asaltado. "Nos retuvieron un furgón y les robaron enseres como relojes, cadenas, documentos y teléfonos celulares a los brigadistas. Luego el vehículo fue quemado", detalló Rebolledo.

93 siniestros

Hasta ayer en la tarde, el Centro Nacional de Alerta Temprana, de acuerdo a la información técnica proporcionada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), reportaba 93 incendios forestales registrados en el país.

De ellos, 34 se encuentran activos, cincuenta fueron controlados y nueve fueron extinguidos. La Región de la Araucanía es la más afectada, con nueve incendios aún activos, dos personas fallecidas, 34 viviendas destruidas, 44 albergados y 119 damnificados.

El ex comandante en jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre fue notificado ayer a primera hora de su procesamiento por el delito de torturas aplicadas a 24 personas, en 1973, en el Regimiento Arica de La Serena.

El ministro de la Corte de Apelaciones de La Serena Vicente Hormazábal ordenó la diligencia, que se inició en la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, en Providencia, Región Metropolitana.

En noviembre pasado, Cheyre fue condenado a tres años y un día de libertad vigilada como encubridor del asesinato de 15 opositores al régimen de Augusto Pinochet por parte de ocho exmilitares en el Regimiento Arica, hechos ocurridos en octubre de 1973 en el marco del episodio La Serena de la Caravana de la Muerte; sentencia -en la que también recibieron penas Lapostol y Ojeda- aún no ejecutoriada.

Diligencias

Cheyre llegó pasadas las 7:30 horas de ayer hasta el cuartel, lo mismo que hicieron el excomandante Jaime Ojeda Torrent y el exgeneral Mario Larenas Carmona, donde se les realizó la filiación policial y los chequeos médicos.

Luego fueron trasladados hasta el 34° Juzgado del Crimen de Santiago, donde se concretó la notificación.

El magistrado decretó la orden de detención, por lo que fueron llevados hasta el Batallón de Policía Militar, en la comuna de Peñalólén. No obstante, el juez les otorgó la libertad previo pago de una fianza de un millón de pesos a cada uno, la cual deberá ser ratificada por la Corte de Apelaciones de La Serena, mientras permanecen en el recinto.

"¡Los terroristas de izquierda me están metiendo preso, los terroristas de izquierda ganan aquí y van a ganar cualquier cantidad de millones por habernos procesado, han logrado la victoria!", fustigó un exaltado Ojeda Torrent a su llegada a las oficinas de la PDI.

El nonagenario excomandante del regimiento Ariosto Lapostol Orrego, que también está involucrado en el procesamiento, iba a ser notificado en su casa debido a su avanzada edad y tendrá el beneficio de libertad previo pago de una fianza de tres millones de pesos.

El ministro Hormazábal explicó que las diligencias fueron iniciadas en agosto de 2016 tras la primera querella, gracias a las que se logró, "con prueba documental y testimonial", constatar la existencia "de delitos de torturas" a los presos políticos detenidos a partir del 11 de septiembre de 1973 "y que llegaban al Regimiento Arica".

"Contabilizamos sólo entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre de ese año alrededor de 800 detenidos por razones políticas, de esos han declarado en la causa alrededor de cien personas y hemos podido hasta el momento considerar que existen presunciones fundadas de al menos 24 personas que sufrieron torturas en el regimiento", detalló.

A Cheyre y Lapostol Orrego se les inculpan torturas contra 24 presos políticos, mientras que a Ojeda Torrent y a Larenas Carmona la aplicación de tormentos contra dos y un detenidos, respectivamente.

"Don Juan Emilio Cheyre, que era teniente y ayudante del comandante del regimiento, habría ejercido una especie de coordinación o supervisión de los organismos de seguridad, consistentes en la sección segunda, departamento segundo del regimiento, que eran los que se dedicaban a efectuar todo este tipo de interrogaciones", expuso el magistrado.

El abogado de Cheyre, Jorge Bofill, rechazó totalmente el contenido de la resolución, "por cuanto don Juan Emilio Cheyre nunca participó en los hechos", y dijo que recurrirá contra ella para demostrar la inocencia del general (r).