Una creciente tendencia se ha dado en el último tiempo en la ciudadanía, a exigir la disminución de la brecha de poder entre los órganos de representación o de servicio público y los ciudadanos representados o destinatarios de la función pública.
En ese contexto, el Centro de Derecho Público y Sociedad de la Facultad de Derecho y Gobierno de la Universidad San Sebastián desarrolló un trabajo destinado a conocer la opinión de académicos y autoridades relacionadas a la materia, a partir de la opinión de la ciudadanía a través de estudios de percepción.
Es así como en la Región de Los Lagos se realizó un estudio que fue presentado por el decano de la Facultad de Derecho y Gobierno de la U. San Sebastián, Rafael Rosell y el director del Centro de Derecho Público y Sociedad, Arturo Squella.
Tanto Squella como Rosell explicaron los alcances de la figura del Defensor de las Personas que han pensado como modelo para desarrollar.
-¿Cuál sería la mejor forma para poder denominar a esta institucionalidad, en el entendido que un nombre puede definirla en un cierto sentido, especialmente por temas ideológicos?
- Arturo Squella: Teniendo a la vista el análisis que hemos realizado en la Facultad de Derecho y Gobierno de la Universidad San Sebastián, llegamos a la conclusión que efectivamente es relevante el nombre que reciba esta institución. Nos dimos el tiempo en los últimos meses de analizar las distintas figuras en el mundo y optamos por referirnos de manera más clara como el "Defensor de las Personas", porque nadie queda fuera y se tiene por consideración que todos quedan representados, no así como en el caso de un ciudadano, pues estaríamos dejando fuera a los menores de 18 años, por ejemplo.
-En la Región de Los Lagos han existido esfuerzos similares. En la Municipalidad de Puerto Montt hay un "Defensor del Pueblo" que asume funciones como las descritas. ¿Son los municipios los llamados a realizar tareas como ésta?
- Arturo Squella: Nosotros celebramos las iniciativas que se han llevado a cabo en la región que apuntan a corregir ciertas relaciones entre las personas y la autoridad, donde hemos estado acostumbrados a que sean de forma vertical. Tender hacia una relación horizontal nos parece el camino más adecuado. Por eso creemos que esta institución debe seguir esa misma lógica.
Si un municipio ha adoptado la iniciativa, creemos que desde la perspectiva de los órganos constitucionales debe existir una institución que pueda mirar de frente a otras como el Congreso, los Tribunales de Justicia o el Gobierno Central, precisamente cuando alguien sienta que alguna de estas instituciones y/o sus servicios asociados ha pasado a llevar o violado algún derecho que tuviera esa persona.
- Hay experiencias con esta institucionalidad en otros países: ¿Qué modelo han acogido ustedes como para poder replicar en Chile?
- Arturo Squella: Hay que mirar con detención lo que ocurre en España. No es casualidad que haya sido tomado como ejemplo en buena parte de los defensores del pueblo y de las personas que se han instaurado en el último tiempo en América del Sur. Hay algo interesante que mirar en Francia también. En términos generales, uno debe asumir que, al momento de pensar en la creación de políticas públicas, puede basarse en lo que ocurre en otros países y aprender de los errores que han sucedido y tomar los aspectos positivos. Pero cada país tiene sus propias particularidades y, por cierto, que el trabajo académico que se debe hacer tiene que ser claro en conocer qué es lo que necesitamos para poder materializarlo en un proyecto.
-Hay otras instituciones que asumen roles similares como Contraloría o el Sernac, por ejemplo. ¿Qué característica es la que debe tener este Defensor de las Personas para funcionar de manera correcta?
- Rafael Rosell: Contraloría tiene un rol de defensa, pero dentro del Estado, no de la sociedad civil. Debe revisar los actos de control de legalidad, de cuentas y procedimientos del Estado, pero no tiene una relación de defensa de las personas, de la asimetría que se produce entre las personas y el Estado. El rol es muy diferente al que debería operar con el Defensor de las Personas, porque éste defendería los derechos de cualquier persona ante una vulneración que sufra por alguna acción que realice, por ejemplo, el propio Estado.
-¿Hay piso político para una iniciativa de este tipo?
- Arturo Squella: Yo creo que sí. Es tarea nuestra promover estas nuevas iniciativas, pero sí es importante que las autoridades y, particularmente los parlamentarios, recojan estas ideas. Ojalá esto naciera de la misma Región de Los Lagos y los parlamentarios de esta zona pudieran ayudar en la corrección en cómo funciona la relación entre los ciudadanos y los diferentes organismos del Estado. Pasar de un modelo vertical a uno más horizontal. Hay proyectos que se han topado con un frontón generado por el temor de algunas instituciones respecto a una posible superposición de funciones. Y entonces uno se debe preguntar qué ha pasado en los lugares donde ya está funcionando el modelo, ¿qué ha pasado con la superposición de funciones? Veamos qué ha sucedido, nada. Este Defensor de las Personas ha venido a llenar un espacio de algo que no existía en esos países y, seguramente, ha contribuido a mejorar la relación con los ciudadanos.
