Tras ser procesado como cómplice de apremios con resultado de muerte y detenido en un cuartel de Ñuñoa, la Octava Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó ayer de manera unánime la libertad bajo fianza del ex general director de Carabineros, Bruno Villalobos.

En el marco de la investigación por la muerte del estudiante Patricio Manzano en 1985, el ministro en visita, Mario Carroza, permitió el miércoles la salida del ex uniformado previo pago de una fianza de $500 mil, lo cual debía ser ratificado por el tribunal de alzada. Ya con la resolución, Villalobos podrá dejar hoy el recinto policial capitalino.

A comienzos de semana, el magistrado procesó en la misma calidad al ex comisario Ruperto Soto, ordenando la detención de ambos y acogiendo así la solicitud del programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y la familia de Manzano.

Para resolver la petición, Carroza viajó hasta la Tercera Comisaría de Los Andes para inspeccionar las instalaciones donde estuvo recluido un grupo de casi 200 estudiantes de la Universidad de Chile, entre ellos Manzano, y donde además, según sostiene el ministro, fueron golpeados y sometidos a distintos tipos de ejercicios bajo sol.

En aquel entonces Villalobos -quien aseguró en sus declaraciones no haber conocido al joven ni estar al tanto de lo que ocurría en el lugar- era un teniente de 25 años y estaba encargado de los traslados. Ya en Santiago, el universitario falleció de un paro cardiorrespiratorio.

En paralelo, la defensa del general (r) presentó un recurso de amparo dirigido contra Carroza, donde se señala que este fue sometido a proceso "sin que haya mérito o antecedentes que lo justifiquen".

El abogado defensor, Ángel Valencia, insistió en la inocencia del ex general y cuestionó el procesamiento, asegurando que "los malos tratos que tuvieron los estudiantes en aquella ocasión, en febrero del año 85, el general Villalobos no tuvo ninguna participación en ello".

Matías Jullian Velásquez

El Pleno de Ministros del Tribunal Constitucional (TC) expresó ayer su rechazo al ataque que sufrió el miércoles el presidente de la institución, Iván Aróstica, quien fue golpeado por manifestantes luego de que concluyera la primera jornada de alegatos por el proyecto de ley de libertades condicionales.

A través de una declaración pública, la cual fue redactada durante la sesión extraordinaria realizada ayer, los miembros del organismo señalaron que solicitaron al Fiscal Nacional, Jorge Abbott, la designación de un fiscal especial que "clarifique la naturaleza de los hechos e identifique a los responsables de los mismos". Asimismo, manifestaron que "requerimos de la autoridad policial la adopción de las medidas necesarias para que situaciones como las sufridas ayer (miércoles) no vuelvan a repetirse, al pretender alterar las funciones de esta judicatura constitucional".

Continuidad

Los magistrados añadieron que pese a la "gravísima agresión" sufrida por Aróstica, ellos seguirán "inalterablemente cumpliendo las atribuciones que la Constitución y la ley les han conferido, en la convicción que sus altas y delicadas funciones aseguran el pleno respeto al régimen democrático que la Constitución Política de la República consagra".

Finalmente, manifestaron que "junto con repudiar enérgicamente la violencia de la que fue objeto nuestro presidente, hacemos un llamado a abogar por el permanente cuidado de un clima de paz y respeto que debe presidir la convivencia social de los chilenos y manifestamos nuestra preocupación por el proceso de deterioro de esas condiciones básicas de tolerancia que exigen tal convivencia".

Rechazo transversal

Las condenas a este acto violento fueron transversales. El Gobierno fue el primero en expresar su rechazo al ataque. "Nunca, bajo ninguna circunstancia, es aceptable la violencia para imponer argumentos", expresó la vocera Cecilia Pérez, opinión a la que sumaron los ministros Hernán Larraín (Justicia) y Gonzalo Blumel (Segpres).

Desde la oposición, en tanto, condenaron la agresión el presidente del Senado, Ignacio Montes (PS), y la presidenta de la Cámara, Maya Fernández (PS). También reaccionaron el líder del PPD, Heraldo Muñoz, y desde el Frente Amplio. "Podrá no gustarnos la institución o el desempeño de sus integrantes, pero eso no da derecho a la violencia en su contra", señaló el diputado Gabriel Boric (MA).

Alegatos continúan

Los alegatos contra el artículo, aprobado en septiembre pasado por la comisión mixta del proyecto de libertades condicionales, despachado en octubre pasado, continuaron en la jornada de ayer.

Durante la mañana expuso el representante de los diputados requirentes de Chile Vamos, Carlos Oyarzún Concha, así también como el de los senadores, Maximiliano Murath Mansilla.

También por la Cámara estuvo Patricio Zapata Larraín y por el Senado Héctor Valladares Vargas.

Son los ministros del TC los que ahora deben comunicar su determinación.