Jocelyn Vargas Álvarez

E l rechazo del Gobierno chileno a firmar el Pacto Mundial para la Migración de la ONU y los dichos del subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla (ver página 10), de que la "migración no es un derecho humano", ha generado gran controversia tanto a nivel nacional como local.

El acuerdo adoptado en julio y firmado ayer por más de 150 países en la ciudad de Marrakech, Marruecos, busca reforzar la cooperación sobre la migración internacional en todas sus dimensiones.

Eso si, que el acuerdo "no es un tratado" y no "es jurídicamente vinculante"; es decir, que cada Estado es soberano para determinar sus propias políticas migratorias y de control de fronteras. Así afirmó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

Pro acuerdo

El senador Rabindranath Quinteros manifiesta que el Gobierno actuó en esta instancia de forma errática y contraria a los derechos humanos. "El derecho a migrar está en la Carta de Derechos Humanos en el artículo Nº 13 de la declaración, en la que se establece que toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Así como toda persona tiene derecho a salir de cualquier país incluso del propio y a regresar a su nación", expuso el parlamentario.

Quinteros asevera que "la reciente decisión es contraria a los consensos sobre una política exterior del Estado. Nadie fue informado de la resolución comunicada por el subsecretario del Interior".

El diputado Fidel Espinoza señala que "es una vergüenza y un enorme retroceso en temas migratorios. Es un golpe muy fuerte a la política exterior chilena y nos sitúa muy negativamente en el contexto internacional en una materia de alta sensibilidad".

Califica de lamentable el pensamiento del Gobierno expresado a través de Ubilla. "Cualquier persona que deja su familia, raíces y entorno, muchas veces tiene que llegar a otro país en condiciones adversas, buscando mejores condiciones de vida, que tiene una finalidad que va en la línea de los derechos humanos", dice.

En tanto, la colombiana Danilsa Granados, encargada de la oficina del Inmigrante de la Municipalidad, expresa que "es un tema que se ha politizado, porque cuando las partes hablan en lo que menos están pensando es en lo que realmente pasan los migrantes. El año pasado se realizó un análisis y una preparación de esto cuando había otro Gobierno y el actual no lo acepta".

Granados se pregunta qué "hacen los demás países contra aquellos dictadores que provocan que los habitantes huyan de su nación porque no brindan la seguridad y condiciones para vivir. Esta es la raíz de la migración. Cuando hay un éxodo no es porque la situación esté bien y quiera viajar porque sí o estemos de acuerdo".

No al pacto

Para el senador Iván Moreira, el pacto migratorio puede dañar la convivencia de todos los chilenos. "Refleja estándares internacionales que no son compatibles con la política migratoria chilena. Nos parece que no resguarda de manera adecuada los intereses de Chile en esta materia", puntualiza.

Complementa que "este pacto puede tener distintas interpretaciones, porque no distingue claramente los derechos y obligaciones de migrantes regulares e irregulares. Se señala una jerarquización de criterios, donde se van flexibilizando procesos de regulación como la movilidad laboral y esto no es coherente con la política migratoria del país. De alguna manera, terminan teniendo más derechos que los propios chilenos".

Moreira afirma que "la migración es solidaridad y humanidad, no un derecho humano, porque eso implicaría que cualquier persona del mundo se instale en Chile. No es un derecho adquirido el llegar a otro país y pretender los mismos derechos que los ciudadanos de esa nación".

En la misma línea, el diputado Carlos Kuschel aclara que "los migrantes, las personas, tienen derechos humanos, pero la migración es un proceso que los países tienen que regularizar. No podemos abrirnos a continentes enteros para migraciones indiscriminadas. Nosotros no tenemos capacidad para recibir personas en un flujo rápido, si se puede absorber gente en forma ordenada".

El tema de la migración se ha consolidado como un fenómeno que merece la atención internacional en función de los principios de cooperación que promueve Naciones Unidas así como por los efectos económicos y sociales que la migración ha generado en distintas sociedades. Ante esto, y en aras de acordar posiciones comunes, Naciones Unidas -y después que la Asamblea General aprobase en julio la iniciativa- convocó a una conferencia en Marrakech a fin de plasmar un Pacto capaz de evidenciar la voluntad de los Estados en lograr que la migración se pueda materializar de manera segura y siempre considerando las necesarias condiciones de dignidad hacia los migrantes.

Al respecto, y a modo de contextualización, resulta importante señalar que el Pacto en cuestión no tiene el carácter de vinculante ni tampoco condiciona el atributo de la soberanía de los Estados; uno de los principales pilares del sistema internacional. Muy por el contrario, el Pacto se basa en los principios que hoy el sistema internacional reconoce y promueve. Así entonces, y teniendo estas consideraciones en mente, resulta inentendible que algunos Estados, entre ellos Chile, se hayan restado de participar en la Conferencia.

En esencia, la Conferencia de Marrakech daba cuenta del desarrollo progresivo del multilateralismo que promueve Naciones Unidas y que tanto anhelan los Estados menos favorecidos del sistema internacional a la hora de plasmar sus posiciones en planos de igualdad respecto a las visiones que presentan las potencias. En ese sentido, y como crítica a la negativa de algunos Estados en participar de la Conferencia, puedo señalar que ellos perdieron la oportunidad de utilizar al foro como el espacio idóneo para poder refrendar sus intereses particulares en torno a los que son sus propios entendimientos de lo que es su migración.

En el caso de Chile, nuestro país rehusó estar en la Conferencia a partir de un mal entendimiento de los potenciales efectos de la participación. Esto es así, ya que al asumir correctamente que el Pacto sería aprobado en la Conferencia de Marrakech, el gobierno de Sebastián Piñera no quiso abrir una ventana para que el Pacto fuese utilizado para evidenciar una suerte de incongruencia respecto a las normas y prácticas que Chile está teniendo en torno a lo que es el trato con sus migrantes.

Esta decisión da cuenta de una ignorancia en lo que respecta al derecho internacional. Lo anterior, en virtud que la posición del gobierno estaba asegurada a partir de dos factores: primero, el carácter no vinculante del Pacto; y, en segundo lugar, y en el caso que los postulados del Pacto alcancen con el tiempo obligatoriedad en función de su peso consuetudinario, la posición de objetor persistente que Chile pudiera haber adoptado, y con lo cual niega cualquier posibilidad para que una costumbre internacional le sea impuesta en virtud de haberse opuesto a su carácter obligatorio desde su origen.

Pedro Díaz Polanco*