Erwin Schnaidt Ávila
El funcionamiento de los denominados casinos populares ha concentrado el debate durante los últimos años. Su regulación ha estado ausente, por lo que en el Senado han ingresado sendos proyectos de ley, uno para prohibirlos y otro para hacer oficial su funcionamiento.
Crítica de esta actividad ha sido la Cámara Nacional de Comercio (CNC), así como las representaciones locales, como la de Puerto Montt. "Cada actividad debe ser regulada, al igual que como ocurre con el comercio establecido", definió en su oportunidad Carlos Stange, presidente de la Cámara porteña.
Esta situación vine siendo analizada hace cuatro años y medio por la CNC, aportó Ricardo Mewes, past president de esa organización, quien vino al lanzamiento del Observatorio Regional del Comercio Ilícito. Para el dirigente, sigue pendiente una definición jurídica para determinar si se trata de juegos de azar o de destreza.
El también presidente del Observatorio del Comercio Ilícito de la CNC, comparte la opinión de Stange, en cuanto a dar formalidad a la actividad, pero también expone que existe una Ley de Casinos, a partir de la que se han destinado importantes inversiones para habilitar salas de juego en diferentes puntos del país, por lo que plantea con firmeza que "esto, claramente, atenta contra la institucionalidad".
Mewes reconoció que en el gremio siguen con atención el desenvolvimiento de estas gestiones, tema "que lo está manejando el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Manuel Melero", subrayó.
- ¿Cuál es la definición que hacen de esta situación?
- La pregunta que hay que hacerse es ¿qué país queremos? Uno formal o uno informal. A partir de ahí, todo lo que sea por mantener y respetar la institucionalidad que nos hemos dado, va a ser que seamos un país formal.
- ¿No se ha abordado con la suficiente rigurosidad este tema?
- Es que es un problema social, de fiscalización, de tener las cosas claras. Hemos visto el dictamen de Contraloría, que ha declarado que son ilegales; otros dicen que no. Por lo tanto, hay que mejorar la normativa, que permita tener claridad y transparentar qué vamos a autorizar y qué no.
- Entonces, lo que se debe hacer es regular y no eliminar su funcionamiento...
- Regulemos primero. En función de la regulación que como sociedad nos impongamos, fiscalicemos para que no existan problemas. Claramente (los casinos populares), causan un problema social muy grande. Cuando una persona prefiere ir a jugar en una máquina tragamonedas, en vez de ir a comprar pan, eso tiene un perjuicio social tremendamente importante para su familia. Eso es lo que la gente tiene que tener conciencia del daño que se provoca. Por lo tanto, la autoridad tiene que actuar en consecuencia.
- Pero también es una actividad atractiva para emprendedores, que genera empleos y que ya está constituida.
- En esa mirada, el comercio callejero es una actividad constituida y no por eso va a dejar de ser mala, informal y generadora de daños importantes a la sociedad. Entonces, ojo, porque algo que se reivindica como un bien social, claramente está produciendo un daño gigante por otro lado. Eso es lo que a nosotros no nos parece. Porque, nuevamente la pregunta: ¿queremos un país formal o no? La formalidad está en función de que quien cumple la institucionalidad que nos hemos impuesto, paga impuestos, patentes comerciales, da empleos de calidad, paga imposiciones a sus trabajadores, se preocupa de participar en un mercado con una competencia muchas veces brutal. Entonces, todo esto le juega en contra y pasa a ser una competencia desleal.
- Lo que proponen, en definitiva, es que se formalice y que siga existiendo.
- Desde un inicio dijimos que esto no era una actividad normal, desde una actividad formal. Por lo tanto, la fiscalización tenía que hacerse de tal forma que esto desapareciera. Ahí nos hemos enfrentado con una asociación gremial que agrupa a estos operadores de tragamonedas que, para nosotros, son ilegales, dado que no están dentro de la legislación que como sociedad nos hemos dado, que es darle espacio a los casinos formales. Entonces, la autoridad tiene que fiscalizar. Hoy día no tienen una normativa que los sustente y, por lo tanto, no deben existir.
- ¿Están haciendo su trabajo las Municipalidades?
- Hay varias que han prohibido ese funcionamiento, lo que me parece bien, porque han entendido que además hay un problema social. No es razonable que llevemos máquinas tragamonedas, de azar o como les denominen, donde hay gente de muy precarios recursos, muy vulnerable. Cuando la gente está en esa situación de vulnerabilidad, por el hecho de tratar de salir de esa condición, va a jugar plata. ¡Miren el daño que le están haciendo a esa gente, por favor!
- ¿Por qué otras municipalidades no han seguido ese ejemplo?
- No tengo esa información. Creo que lo pueden hacer. Hay decisiones políticas que tienen que tomar determinadas municipalidades, para ir erradicando definitivamente este tipo de problemas.
