Vicente Pereira Parra
El 26 de junio, el Concejo Municipal de Puerto Montt decidió poner término anticipado a la concesión del Terminal de Buses de Puerto Montt, la que fue pactada en el año 2003 y por un período de 47 años.
El argumento esgrimido por la administración de Gervoy Paredes, para presentar la propuesta al cuerpo colegiado de poner fin al vínculo con la empresa Inmobiliaria del Pacífico, se basaba en las multas impagas y en que el rodoviario operaba sin autorización de la Seremi de Transportes.
Casi cinco meses después, el conflicto entre el privado y la corporación edilicia se encuentra en manos de la justicia.
Desde el municipio informan que están en curso tres causas, todas ellas radicadas en el Segundo Juzgado de Letras en lo Civil de esta ciudad.
De las causas señaladas, explican desde el municipio, dos se refieren a procesos de cobro de multas por incumplimiento de las obligaciones impuestas en el contrato de concesión; procesos que a la fecha se encuentran en el denominado periodo de discusión. Es decir, las partes han interpuesto las demandas, las que se han contestado dentro de los plazos legales, correspondiendo que en los próximos días el Tribunal llame a las partes a una audiencia de conciliación.
El tercer juicio, en tanto, es el que se tiene que ver con el requerimiento de la empresa de nulidad del decreto y acta de Concejo, que puso término a la concesión; demanda a la que esta parte se opuso, sin perjuicio de demandar, además, la resolución del contrato de concesión.
En este juicio, el municipio espera que próximamente el tribunal llame a las partes a una audiencia de conciliación. Además, en esta misma causa, la Inmobiliaria del Pacífico solicitó que se decretara una medida prejudicial precautoria, que consiste en que se mantenga vigente el contrato de concesión mientras se tramita el juicio, solicitud que fue acogida por el tribunal de primera instancia.
En contra de esta resolución, la Municipalidad presentó un recurso de apelación, que actualmente se encuentra en la Corte de Apelaciones de esta ciudad.
Marcelo Aguilera, gerente de Administración y Operaciones Inmobiliaria del Pacífico S.A., confirma que "las diferencias con el municipio se encuentran, en este momento, siendo revisadas por los tribunales, que es lo que corresponde cuando existen distintas opiniones en una relación contractual".
Todos antecedentes
Aguilera comenta que la empresa ha presentado todos los antecedentes para demostrar que "hemos actuado correctamente y que lo seguiremos haciendo en lo que resta de la concesión, incluyendo nuestra disposición a dialogar y alcanzar acuerdos con el municipio".
Y si bien uno de los argumentos principales del Concejo para tomar la decisión que terminar la concesión, Aguilera subraya que "nuestro compromiso es cumplir con las bases y seguir potenciando al Terminal de Buses de Puerto Montt, como un espacio de encuentro de la comunidad y la puerta de acceso al sur de Chile".
Aguilera confía en que "vamos a superar esta impasse y tenemos nuestra mejor disposición para fortalecer nuestra relación con la Municipalidad de Puerto Montt, donde están nuestros socios en la administración y operación del terminal".
De los detalles del caso, eso sí, optó por no pronunciarse hasta que los tribunales resuelvan, "ya que somos muy respetuosos de las instituciones".
De las multas, que, según el municipio al momento de llevar a votación el término de la concesión, superaban los 507 millones de pesos, Aguilera reconoce que existen diferencias "respecto de si estas corresponden, debido a que la Dirección de Concesiones de la Municipalidad, a pesar de que existe legalmente, no funciona como tal, y esa es la entidad que tiene las facultades legales para fiscalizar y cursar multas. Llevamos las multas a tribunales, dado que discutimos su validez, pero siempre hemos sido enfáticos en que las pagaremos en su totalidad si es que la justicia así lo dictamina".
Previo a la determinación de los concejales, el municipio realizó un estudio pertinente.
De hecho, la administración Paredes contrató al abogado Juan Antonio Viñuela para que se hiciera cargo de este tema.
Por eso, el día de la sesión extraordinaria del cuerpo colegiado tendiente a adoptar dicha determinación, fue el encargado de exponerle a los ediles acerca de las razones por las cuales podían poner fin a la concesión.
Entre los aspectos abordados por Viñuela, estuvo el que esta determinación se pudo tomar unos tres años antes, es decir, en 2015.
