Escándalos en Iglesia Católica suman nueva arista: denuncian un posible fraude al fisco, asociación ilícita y tráfico de estupefacientes
ARZOBISPADO LOCAL. Antecedentes entregados por el administrador apostólico al Ministerio Público vinculan al ex vicario general, Tulio Soto, y al cura palestrista Darío Nicolás a presuntas irregularidades. Fiscalía confirma inicio de indagatoria.
Posibles delitos de fraude al fisco, tráfico ilícito de estupefacientes, abuso sexual de menores, ejercicio ilegal de la profesión y asociación ilícita, son las sugerencias de investigación que contiene la denuncia criminal que presentó ayer, ante el Ministerio Público de Puerto Montt, el administrador apostólico del Arzobispado, Ricardo Morales.
Como principales involucrados aparecen el ex vicario general Tulio Soto, y el reconocido religioso del sector Mirasol, y fundador del movimiento palestrista de nuestro país, Darío Nicolás.
Ambos, eso sí, están actualmente alejados de la ejecución efectiva de su misión pastoral. El primero fue removido de su cargo y suspendido por Morales -por motivos de confianza- el 11 de octubre de este año. En cuanto a Nicolás, fue apartado de sus funciones pastorales el 14 de septiembre, debido a una denuncia de abuso sexual en su contra recibida en el Arzobispado. Con el correr de los días, esta no sería la única y se sumarían -según información a la que tuvo acceso El Llanquihue- al menos dos acusaciones más, una de ellas proveniente de alguien ligado a la Iglesia.
En su momento, la salida de ambas figuras provocó malestar en cada una de las comunidades a las que pertenecen ambos religiosos, donde se acusó que era apartados injustamente de sus labores. Incluso se realizaron manifestaciones públicas en protesta por las decisiones adoptadas por las autoridades de la Iglesia.
Hasta ayer, los reales motivos de la salida de Soto Manquemilla no se habían revelado. Sin embargo, durante la mañana todo cambió con un documento entregado por Morales a la justicia, donde revela una serie de detalles de movimientos que ambos religiosos han realizado durante los últimos años en el Centro de Salud Familiar (Cesfam) San Pablo de Mirasol y el del sector Techo para Todos, los cuales funcionan con dineros públicos , pero administrados por el Arzobispado.
En ambos, las decisiones administrativas eran tomadas exclusivamente -hasta su remoción del cargo- por Tulio Soto, con la venia y apoyo permanente y público de la ex administración de monseñor Cristian Caro.
Dos denuncias
De lo que se desprende de las palabras de Ricardo Morales, lo que se conoció ayer es la consecuencia de dos denuncias que él ha realizado en la Fiscalía con respecto a los religiosos mencionados.
Una fue hecha hace cerca de un mes y la segunda ayer. La primera de ellas con elementos desprendidos de la auditoría externa que se está desarrollando en el Arzobispado, hace un par de meses, y la de ayer con el mismo elemento, pero además con un factor determinante: la denuncia de un ex funcionario del Cesfam San Pablo de Mirasol, quien tuvo audiencia con él y le entregó una serie de antecedentes.
Es precisamente este denunciante quien debe confirmar ante el Ministerio Público los detalles que sustentan la denuncia conocida ayer.
Se contrataron el uno al otro
Uno de los aspectos más llamativos del documento entregado en Fiscalía es el punto 1, donde básicamente se estipulan contratos de trabajo que ambos curas mantienen con el Cesfam San Pablo (ver imágenes adjuntas). En uno de ellos, Darío Nicolás contrata a Tulio Soto con una remuneración que a agosto de este año casi alcanza los $600 mil. Pero no sólo eso. Soto también contrata a Nicolás con un sueldo que, a septiembre de este año, superaba el millón 300 mil pesos.
Los contratos con horarios de trabajo definidos como "libre" aún están vigentes, pese a que ambos religiosos están apartados del ministerio sacerdotal. ¿Dónde estaría el delito? Desde el Arzobispado aseguran en el documento que Nicolás Serrano "nunca ha trabajado en el Cesfam San Pablo", misma situación en la que estaría Soto . Situación que, según Morales, era conocida por la auditora del Servicio de Salud del Reloncaví, la directora del Cesfam, Evelyn Ojeda, y el recientemente destituido contador del Arzobispado, Álvaro Almonacid.
A lo anterior, se agregan entregas de dinero a trabajadores que nunca habrían devuelto; la compra de un auto por parte de Nicolás, el que inscribió a su nombre, entre otras situaciones
Tráfico de estupefacientes
"El sacerdote Darío Nicolás Serrano -con consentimiento de la directora del Cesfam San Pablo de Mirasol, Evelyn Ojeda-, gestiona, a nombre de trabajadores del mismo Cesfam, recetas de psicotrópicos, a fin de que no aparezcan retirados por el sacerdote (...). Estos psicotrópicos los retira materialmente el sacerdote Darío Nicolás, quien se los lleva al extranjero, y, además, entre otros lugares, a las reuniones y viajes que organiza con la agrupación de jóvenes que él formó y dirige -relacionada con la Parroquia San Pablo-".
Así consigna la denuncia, textualmente, otra de las revelaciones que se dispusieron al conocimiento de Fiscalía por parte de Morales, motivado por el testimonio de su testigo.
Por todo lo expuesto anteriormente es que pide investigar una posible existencia de "asociación ilícita" por parte de Darío Nicolás, Tulio Soto y Álvaro Almonacid, quienes "estarían concertados para la comisión de los delitos antes descritos".
Más abusos sexuales
En otro de los apartados revelados se sostiene la posibilidad que Nicolás haya abusado de un menor que sistemáticamente visitaba el Cesfam y con quien el cura "tenía un trato impropio en público".
Junto con las principales denuncias también apareció el caso de Mauricio Brantes, el falso médico, quien ejerció en el recinto desde 2014 a 2017. Situación que habría estado al tanto de los responsables del recinto y no se denunció.
Pese a que no hay acusaciones al detalle, en la mayoría del texto, se explicita que el Cesfam de Techo para Todos, también dependiente del Arzobispado, y manejado administrativamente hasta hace algunas semanas por Soto, tendría los mismos problemas y con los mismos responsables.
Nadie por sobre la ley
Tras dar a conocer el documento a la Fiscalía, Morales abordó la compleja situación que envuelve a la Iglesia. Junto con confirmar los detalles que podrían convertirse en delitos y ratificar que la auditoría sigue adelante, recopilando más antecedentes, tuvo un momento para referirse a los fieles que deben lidiar con estas informaciones de sus líderes.
"Entiendo el dolor y la molestia de los fieles y el cariño a sus sacerdotes, porque creo que hay un ejercicio ministerial donde las personas han podido ver la dedicación de estos pastores. Pero eso no nos debe obnubilar la vista, si es que hay situaciones de denuncias. Que se investiguen sin hacer juicios previos ni dar sentencia, pero si hay denuncias responsables que llegan a mi persona, no puedo sino hacer la denuncia y esperar que se logre recabar la verdad de los antecedentes que yo pongo en la Fiscalía", explicó el religioso encomendado por el Papa, precisamente, para investigar irregularidades a nivel local.
"Uno tiene que confiar que estamos en un Estado de derecho y nadie está exento del cumplimiento de la ley, ni un sacerdote ni nadie", añadió.
Se harán parte
Tratándose de dineros fiscales y de Salud, El Llanquihue consultó la versión del Servicio de Salud del Reloncaví y, pese a no poder contar con las palabras del director Jorge Tagle, mediante un comunicado se expuso la versión del organismo estatal.
En lo medular, se ratifica que el servicio "tiene un convenio vigente con el Arzobispado de Puerto Montt, el que permite la transferencia de fondos contra prestaciones de Atención Primaria de Salud en los Centros de Salud Familiar de Techo para Todos y San Pablo Mirasol".
Junto con reconocer que "los Servicios de Salud tienen el deber de velar por el buen uso de los recursos públicos en los establecimientos que dependen directamente de ellos y de los delegados a través del DFL 36", especifican que "la denuncia realizada por el administrador apostólico nos parece de la máxima gravedad, por lo que estamos evaluando los antecedentes para hacernos parte de los procesos judiciales correspondientes".
El Llanquihue intentó por todos los medios contactarse ayer con los principales involucrados de la denuncia; mientras Tulio Soto no respondió llamados telefónicos y sus cercanos no pudieron ubicarlo, Darío Nicolás estaría al tanto de las acusaciones y estudia dar una versión durante esta jornada.
En tanto, la directora del Cesfam San Pablo, Evelyn Ojeda, se comprometió hoy a dar su versión a El Llanquihue.