Jocelyn Vargas Álvarez

En los últimos 20 años los episodios de violencia en los colegios han sido escondidos y son tema tabú. Afirma Richard Ruiz, director del Liceo Andrés Bello de Puerto Montt, que cataloga como positivo el Proyecto de Convivencia Escolar, ex Aula Segura.

Esta semana, la Cámara de Diputados aprobó la controversial iniciativa, que en definitiva establece que los directores de establecimientos pueden iniciar procesos de expulsión de alumnos, cuando afecten gravemente la convivencia escolar, mediante el porte de armas, agresiones sexuales, lesiones psíquicas y físicas graves a miembros de la comunidad o terceros y daños a la infraestructura del recinto educativo.

Ruiz señala que "constantemente se viven hechos de violencia y tenemos que usar miles de triquiñuelas para poder salvar la situación".

Recalca que con el proyecto no se pierde el derecho a la educación y que este compete sólo a hechos específicos. "Hay una distorsión por parte de los parlamentarios en visualizar esto como una expulsión bajo cualquier circunstancias y no es así", enfatiza Ruiz.

En tanto, el director del Colegio Técnico Naciones Unidas, Víctor Hinostroza, expresa que "a mi parecer viene a complementar lo que ya está, porque la normativa de la Superintendencia y educacional de cada colegio respalda de alguna manera a todos los entes educativos".

Agrega que "es centralista, porque se están haciendo políticas públicas sobre situaciones aisladas. Estamos de acuerdo que hay que fortalecer el área de la convivencia escolar, pero me parece que el proyecto no alcanza a ver el problema de fondo".

Similar opinión tiene Christian Padilla, directivo del Liceo Vicuña Mackenna, quien manifiesta que "es básicamente lo mismo que tenemos hoy. Porque en caso de algún delito, actualmente la Ley nos faculta a denunciar y la Superintendencia también abre un procedimiento de expulsión".

Complementa diciendo que "al final de cuentas nos dejan sin herramientas y facultades igual, porque es la Superintendencia la que dirime si hay expulsión o no".

Añade que "en los colegios con índices de alta vulnerabilidad, sí ocurren actos de violencia, pero se invisibilizan. Sin embargo, en la generalidad no es igual que en Santiago".

Elba Ojeda, directora del Liceo Rural Piedra Azul, indica que "es como civilizar un proceso que podría ser judicial. El proyecto de Ley es como saltar el poder judicial e introducirlo dentro del colegio".

Ojeda asevera que "se visualiza más como una medida de prevención, para que los estudiantes sepan a qué se pueden enfrentar, ya que en la zona, según mi apreciación, estos hechos de violencia son muy puntuales. Hay que analizar cuál es el aporte".