Un completo análisis respecto al contenido del reglamento de la Ley 21.020 sobre Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía se efectuó, en el Campus Puerto Montt de la Universidad San Sebastián.

En la oportunidad estuvo presente el jefe regional de la Subdere, Pablo Hernández, de cuya entidad depende el Programa Mascota Protegida que tendrá la responsabilidad de ejecutar esta iniciativa.

Junto a él participó el director de la carrera de Medicina Veterinaria de la institución universitaria, Guillermo Santibáñez, además de representantes de las policías y otros organismos, junto a estudiantes de la casa de estudios.

Santibáñez valoró la iniciativa y comentó que "tiene fortalezas al definir quiénes son los responsables respecto a algún hecho que pudiese afectar a una mascota, además de prohibir y sancionar el abandono y el maltrato. Sin embargo, hay un punto que se debe trabajar, puesto que promueve, pero no obliga al uso del microchip que permite la identificación de los animales. Ese es un punto clave que se debe mejorar puesto que pensamos que su uso debe ser obligatorio como único método de identificación". Para el académico, "otra debilidad de la ley es que no se hace cargo del problema de los perros asilvestrados y que es especialmente grave en zonas como la nuestra, por el daño que provoca al mundo rural, así como en la fauna silvestre de nuestro país".

En la ocasión se presentó a la encargada del Programa Mascota Protegida en la Región de Los Lagos, doctora María José Gajardo, ex alumna de la USS, quien habló sobre los cuidados y responsabilidades para todos quienes deciden integrar a sus vidas un animal de compañía.

Agregó que el registro se puede efectuar a través de www.registratumascota.cl o de forma presencial en el municipio correspondiente e independientemente de la forma en que se realice el registro, el municipio debe otorgar un certificado de registro al tenedor.

Fomentar la articulación con el intersector para que los estudiantes tengan mayor seguridad en el entorno educativo, es lo que busca el Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE) 2018.

En este contexto, se realizó ayer una Jornada Provincial de Seguridad en el Auditorium del Liceo Comercial Miramar de Puerto Montt, donde participaron profesionales de la educación, autoridades y distintos entes competentes en la materia.

Ely Kipreos, seremi de educación subrogante, manifiesta que "la idea es que las personas se informen sobre los pasos que deben seguir cuando hay un accidente y situaciones de emergencia como terremotos, tsunamis, incendio, entre otros, al interior de un establecimiento".

Añade que "en esta oportunidad cada institución entregó las instrucciones para quienes tengan que tomar las determinación en los colegios y puedan actuar en el menor tiempo posible, corriendo un menor riesgo".

Alejandro Vergés, director regional Onemi, señala que "la educación es el centro y el inicio de la prevención, porque desde aquí se sientan doctrinas, se forman y educan a los alumnos en la conciencia de que la prevención parte desde el colegio.".

En cuanto al Plan Integral de Seguridad Escolar, Vergés explica que "pretende ubicar al colegio dentro de la comunidad y este considerarlo como eje central en la interacción con la comunidad. Por ejemplo, no solamente enfocado en el proceso de evacuación de un establecimiento, sino que también en como se comportan los otros entes en relación al colegio".

Sofía Bohle, directora del Instituto de Seguridad Laboral, expresa que "respecto al seguro escolar vemos la parte de prestaciones económicas, es decir, indemnizaciones, cuota mortuoria, pensiones que se otorgan para los estudiantes".

Respecto a ello, Bohle, resalta que "se tiene que efectuar la denuncia y se debe rellenar un formulario en cada establecimiento educacional con el director, o bien, con la persona encargada en el hospital correspondiente. Esto es fundamental para atenderse y así poder lograr reembolsos. Si por desconocimiento o por guardar la imagen del colegio no se realizó la denuncia es posible realizarla después".

de octubre 25

se efectuó un simulacro de Tsunami en las 22 comunas costeras de la región. En la jornada se analizó también como actuar frente a ello. 6

Jocelyn Vargas Álvarez

Hoy se está debatiendo el Proyecto de Ley Aula Segura o Democrática en la Cámara de Diputados, donde será revisado por la Comisión de Educación, luego de su tramitación en el Senado.

La iniciativa que vivió modificaciones y que entrega más atribuciones a los directores y autoridades de un establecimiento en términos de convivencia escolar, continuará su recorrido por la Cámara Baja con la expulsión solo en casos de porte de armas, lesiones graves, agresión sexual o daños a la infraestructura.

Al respecto, el diputado Carlos Kuschel, señala que "no debe haber un aula democrática. Este es un lugar de aprendizaje y enseñanza, en que el profesor es el guía y tiene el conocimiento, la autoridad, el encargo y la responsabilidad de conducir el aprendizaje de los alumnos en un mundo lleno de interferencias. Eso sí, tengo muchas dudas de qué vamos hacer con los estudiantes que son expulsados una y otra vez".

En cuanto a las críticas sobre ser una medida segregadora, Kuschel responde que "la segregación es inevitable cuando se tienen pseudos delincuentes en la sala de clases y si la autoridad del colegio no segrega, lo van hacer los papás retirando los alumnos del colegio".

También el proyecto ha sido tildado como una medida populista. El diputado, afirma que "corresponde a una necesidad que se había manifestado y esta situación particular que se vivió en Santiago lo puso en evidencia. En algunos colegios más y otros menos, pero igualmente preocupa".

Desde otra mirada, lo aborda el diputado Alejandro Bernales, diciendo que "expulsar a los estudiantes no es la solución para terminar con los actos de violencia en los establecimientos educacionales. Generar este cambio es un trabajo a largo plazo, por lo que la conversación no debería ser entorno a los criterios para echar a los estudiantes para cuidar las salas de clases"

Enfatiza que " el proyecto Aula Segura sólo busca facilitar la facultad que tienen los directores para expulsar a los estudiantes, sin hacer cambios profundos al verdadero problema de la violencia. Expulsar a un estudiante no contribuye de ninguna manera en su formación, sino que lo encamina aún más a la violencia. Se deben considerar otras experiencias educativas donde se fomente el bienestar interior y la felicidad en la comunidad educativa, en vez de la marginalización y exclusión".

También hay reacciones con los actores educativos. Cristian Calisto, jefe Daem Llanquihue, indica que "hay un centralismo en este tema. No se pueden hacer las leyes pensando en Santiago. Además, se debe ampliar la mirada y abordar el problema en su conjunto, hablando de la comunidad escolar". Aclara que, " la violencia no está instalada sobre los alumnos, sino que en la comunidad escolar. Por ejemplo, hoy existen clientes-apoderados, en el mundo privado, que exigen y demandan más y se sienten con el derecho de atropellar".