Tras el cierre de las postulaciones al Sistema de Admisión Escolar, conoceremos el desglose de cómo se estructurarán las matrículas para el año 2019 en la educación pública, que con este sistema ha logrado detener la fuga de alumnos a la educación que conocíamos como subvencionada y/o particular. Y es probable que también conozcamos de casos en los que una familia no sólo no haya quedado en la primera opción de postulación, sino que además, tenga que matricular a uno de sus hijos en un colegio y al otro en uno totalmente distante del primero, con el consiguiente costo familiar que ello implica. Pero de lo que seguro no se discutirá, será de la calidad de la educación que estamos entregando a nuestros niños en el sistema público; ya que ese debate ha estado absolutamente ausente de la agenda, donde la gratuidad e incluso las demandas de los profesores, han concentrado las miradas y las promesas políticas de uno y otro lado.

Pero, ¿estamos formando a los futuros profesionales y técnicos que el país necesita? En el aula, ¿les estamos entregando las competencias y habilidades -más allá incluso que los conocimientos- para un mercado laboral que cambia con inusitada rapidez? ¿Cuántas escuelas públicas están formando a los niños y jóvenes en habilidades para la vida? Ni hablar de la formación más integral, en materias como el idioma o el desarrollo de habilidades artísticas o de expresión oral o de pensamiento crítico. La verdad es que en muchos de esos aspectos estamos al debe.

Hoy la diferencia de oportunidades que se advierte en la educación pública versus la educación particular es considerable, y ahí el Estado debiera jugar un rol mucho más proactivo.

Las capacidades de nuestros niños son las mismas; sólo es cuestión de sacar lo mejor de cada uno de ellos, potenciando aquellos aspectos para los que tienen más habilidades. Y en ese sentido, el aprendizaje por competencias, debiera ser un foco de la educación temprana. Así como el vínculo con el territorio, para estimular el sentido de pertenencia y el desarrollo de habilidades de cara a las industrias de la zona, que son donde el día de mañana van a trabajar.

La educación es definitivamente el gran motor de cambio de un pueblo; es el instrumento a través del cual podemos terminar con la pobreza y salir del subdesarrollo. Pero hasta ahora nos hemos quedado sólo en la consigna, más que en el fondo del problema. Y salvo honrosas excepciones, que han motivado más de algún reportaje de TV, donde el espíritu innovador y de compromiso con la profesión, marcan la diferencia entre el profesor distinto y el resto; en la generalidad, la realidad nos muestra una suerte de estancamiento de la educación pública, que debemos atender.

Uno de los principales desafíos encomendados por nuestro Presidente Sebastián Piñera es generar las condiciones necesarias para vivir en ciudades más humanas. La concentración demográfica que se ha evidenciado con el correr de los años, nos obliga además a implementar instrumentos de planificación territorial acordes a la nueva trama urbana, que nos permitan regular el desarrollo físico de las áreas rurales y urbanas entre comunas vecinas.

Es aquí donde adquieren relevancia los denominados Planes Reguladores Intercomunales, herramientas que permiten ordenar el marco de crecimiento de las ciudades, facilitar la regulación del cambio de uso de suelo de rural a urbano, ayudar a graficar disposiciones sobre zonificación y relaciones viales, entre otros elementos, todos fundamentales para crecer a escala humana sin perder el norte de las políticas públicas que deben necesariamente propender a valorar la identidad y el patrimonio local.

A nivel regional, estamos focalizando esfuerzos en sacar adelante dos importantes proyectos en esta materia, entre ellos "Ribera del Lago Llanquihue e Hinterland de Puerto Montt" y "Castro - Chonchi - Dalcahue - Curaco de Vélez", los que apuntan a reconocer las características propias de estos territorios, además de un desarrollo integral, inclusivo y sostenible. Hoy la actualización de las leyes 19.175 y 21.078, sobre Gobierno y administración regional, transparencia del mercado del suelo e impuesto al aumento de valor por ampliación del límite urbano, establecen nuevos escenarios para avanzar en una mirada de desarrollo territorial en coordinación con organismos estatales y municipales, agregando la obligatoriedad de desarrollar una imagen objetivo de los instrumentos de planificación territorial y consulta pública.

Y si bien la aprobación de un plan regulador no se realiza de un día para otro, es necesario el diálogo y el trabajo de muchos actores, una especie de "minga" donde todos empujemos para sacar adelante estos proyectos, incorporando nuevas metodologías de análisis y de planificación que cimienten las bases para desarrollar ciudades y territorios que permitan mejorar la calidad de vida de nuestros coterráneos.

Rodrigo Wainraihgt Galilea

Seremi Vivienda y Urbanismo