Ley de Inclusión Laboral Nº 21.015

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La Ley entró en vigencia el 1 de abril del 2018 y demanda a los organismos públicos y las empresas con 100 o más trabajadores, a contratar al menos el 1% de personas en situación de discapacidad. En caso de incumplimiento las empresas pueden arriesgar multas que van desde los 2 a 60 UTM.