El INDH presenta un recurso
ACCIÓN. Requiere a ministerios de Salud y Medio Ambiente que dispongan soluciones ante vulneraciones a derechos, incluyendo exámenes toxicológicos.
Un recurso de protección que le pide a los ministerios de Medio Ambiente y de Salud que apliquen medidas de solución por la responsabilidad que les cabría en la vulneración de los derechos a la integridad física y psíquica y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación de las personas que habitan Quintero y Puchuncaví, fue presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en la Corte de Apelaciones de Valparaíso.
El Instituto solicitó -entre otras medidas- que se ordene a las autoridades competentes realizar exámenes toxicológicos a los niños, adolescentes y adultos mayores de la bahía de Quintero, para determinar cuáles son los contaminantes que están afectando a la población, llevándose un monitoreo permanente de su estado de salud.
El INDH solicita también que se ordene la implementación, en la bahía de Quintero, de estaciones de monitoreo público y continuo con participación de la comunidad, y que se disponga que la autoridad ambiental confeccione un nuevo Plan de Descontaminación (PDA) para las comunas afectadas.
El INDH realizó una misión de observación en la zona entre el 11 y el 13. Entre los hallazgos, se observó que la situación de contaminación es crónica y genera episodios frecuentes de agravamiento, que también tienen efectos acumulativos en el tiempo para el medio ambiente y la población.
La comunidad informó que constantemente hay malos olores y nubes negras de las chimeneas de las industrias, principalmente de noche, y que viven con permanente dolor de cabeza y nauseas, lo que les impide desarrollar sus actividades con normalidad, como el ejercicio al aire libre. Lo anterior, dicen los denunciantes, afecta gravemente la salud física y mental de las personas.
Según el INDH, en la zona de Quintero-Puchuncaví reinan sentimientos de angustia, confusión y desinformación respecto de la "alerta amarilla" decretada por el Gobierno. Esto, sumado a la afectación a sus derechos a la vida y a la salud, a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, a la educación, al trabajo y a otros derechos.