Luego de que cinco carabineros resultaran heridos en un nuevo incidente en las afueras del Liceo de Aplicación en Santiago, ayer el Gobierno llamó al Congreso a aprobar la ley que faculta a los directores de establecimientos a expulsar a quienes protagonicen estos actos de violencia.

Según explicó el ministro del Interior, Andrés Chadwick, la idea de la iniciativa del Gobierno es agilizar el proceso, pues actualmente los sospechosos de este tipo de actos son sometidos al Manual de Convivencia, cuya investigación puede extenderse por más de un mes.

"Hago un llamado al Congreso, tenemos que aprobar con la mayor urgencia posible el proyecto de ley que le entrega facultades y atribuciones a los directores de los colegios para poder expulsar a aquellos que dentro de los liceos están haciendo estos actos de violencia", afirmó el ministro, quien agregó que el Ejecutivo se querellará por estos hechos.

Chadwick añadió que "una vez más, en este caso el Liceo de Aplicación, tenemos actos de violencia muy fuerte. Nuevamente estos grupos escondidos en estos mamelucos blancos y encapuchados hacen uso de una violencia extrema con sus bombas molotov para causar daño a carabineros".

El Presidente Sebastián Piñera, por su parte, compartió a través de su cuenta de Twitter un video de los hechos de la mañana de ayer, asegurando que "esta violencia es indignante e inaceptable ¿Qué pasa con esas personas? ¿Tiene que morir alguien para que reaccionen?".

En la misma línea de Chadwick, afirmó que la "próxima semana presentaremos un proyecto ley urgente para expulsar a los violentistas de nuestro sistema escolar y proteger a la comunidad escolar".

Por otro lado, el general director de Carabineros, Hermes Soto, aseguró que "hay una organización detrás" de estos grupos que operan con overoles blancos y encapuchados para cometer estos actos.

El incidente de ayer dejó a dos personas detenidas, de 16 y 18 años, quienes fueron formalizadas por delitos relacionados al porte y tenencia de armas.

Matías Jullian Velásquez

La Fiscalía regional de O'Higgins, en conjunto con el OS9 de Carabineros, realizó ayer de forma simultánea cuatro allanamientos en las sedes los obispados de Valparaíso, Osorno y Chillán y en el arzobispado de Concepción en busca de "cuantiosa información" sobre el caso de abusos sexuales contra el ex canciller del arzobispado de Santiago, Óscar Muñoz.

Este procedimiento, liderado por el fiscal Emiliano Arias, tiene la intención de ampliar la investigación contra Muñoz, quien se encuentra en prisión preventiva desde hace un mes acusado de la presunta comisión de los delitos de abusos sexuales y estupro contra cinco menores.

Según informó el Ministerio Público, Arias, quien encabeza a nivel nacional las investigaciones sobre abusos sexuales en el seno de Iglesia católica, se desplazó al obispado de Chillán, mientras que el operativo en Concepción estuvo en manos del fiscal Sergio Moya. Miguel Ángel Velázquez dirigió el procedimiento en Osorno y Sergio Pérez hizo lo propio en Valparaíso.

Todos ellos forman parte del equipo liderado por Arias y el avance de sus investigaciones ha "justificado" estos nuevos registros, según la Fiscalía.

Investigación

La investigación contra Muñoz comenzó en julio con el allanamiento del arzobispado de Santiago, en donde ejerció como canciller y estuvo a cargo de gestionar la denuncias por abusos sexuales que recibía la institución clerical.

Cuando fue imputado, Muñoz no fue acusado de encubrimiento sino de la presunta comisión de abusos sexuales reiterados y estupro contra cinco víctimas menores, hechos ocurridos desde el año 2002.

Un segundo registro fue realizado en el arzobispado capitalino después de que la Justicia decretara prisión preventiva para Muñoz el pasado 13 de julio mientras avanzaban las investigaciones en su contra.

Precisamente, según explicaron ayer las fuentes de la Fiscalía regional, la defensa de Muñoz pidió una vista para hoy a fin de solicitar revisar esas medidas preventivas decretadas contra Muñoz.

La investigación contra Muñoz es una de las 119 causas abiertas por la presunta comisión de delitos sexuales por parte de personas relacionadas con la Iglesia católica, según información de Fiscalía Nacional de Chile.

En estos casos son 167 las personas imputadas y 178 las víctimas cuantificadas en todas las investigaciones, según el catastro de casos existentes difundido hace un mes por el Ministerio Público. Además, entre el total de víctimas, 79 de ellas eran menores en el momento en el que ocurrieron los hechos.