Las cámaras de seguridad y de televigilancia en las calles del centro de Puerto Varas e incluso un artefacto ubicado en el parabrisas de un taxi colectivo, se convirtieron en la principal prueba para el chofer que había sido imputado falsamente de una infracción al tránsito, y por lo cual dos funcionarios de Carabineros de la Primera Comisaría están en condición de detenidos.

El hecho ocurrió el 9 de septiembre en horas de la mañana y afectó al chofer de taxi colectivo de la línea 25 de Puerto Varas, Héctor Ruiz, quien además es suboficial de Carabineros en situación de retiro.

"Llegué al paradero, donde le llaman la galería. Delante iba un furgón policial, mientras ellos realizaban la maniobra para estacionar, me quedé detrás del vehículo sin poder efectuar la maniobra, porque no se movieron. Les toqué la bocina, me bajé a manifestarle que se movieran. No lo hicieron y mis pasajeros tuvieron que bajar en forma irregular. Después, fui fiscalizado por el oficial Fernando Carvajal, me efectuó el control respectivo y me pidió todos los documentos, y después me dijo que estaba detenido por ocultamiento de identidad, y le dije en reiteradas oportunidades que estaba cometiendo una detención arbitraria e ilegal", reiteró.

El conductor fue sometido a la audiencia de control de detención en el Juzgado de Garantía e incluso le entregaron una infracción al tránsito.

Tras los reclamos y denuncias en el Ministerio Público y en la Fiscalía Militar, Ruiz fue sobreseído de los cargos en una audiencia en el Tribunal de Garantía.

"Lo que ellos hicieron no se le hace a ninguna persona, le mintieron a las autoridades, a la Fiscalía de Puerto Varas a su jefatura y a Carabineros de Chile", anotó.

El coronel Patricio Yáñez, jefe de operaciones de la Décima Zona de Carabineros, confirmó la detención del subteniente Fernando Carvajal y el cabo primero Javier Cáceres, quienes permanecen en la Quinta Comisaría de Carabineros con consulta a la Corte Marcial.

"Los dos miembros de la institución están en prisión preventiva con consulta a la Corte Marcial y la resolución del sumario será determinado por el mando zonal de Carabineros, son situaciones que se habrían originado por una infracción al tránsito que no se condice con la realidad, lo que es inaceptable por parte de Carabineros", subrayó el oficial.

Marcelo Galindo Gallardo

Las escuchas telefónicas respecto a una banda que vendía drogas y celulares en el penal de Alto Bonito en Puerto Montt y donde dos gendarmes están en calidad de imputados y formalizados, no fueron prueba suficiente para la jueza Marcela Araya, quien determinó en audiencia en el Tribunal de Garantía, dejar en libertad a los seis detenidos por estos hechos indagados por el Ministerio Público.

El fiscal Mario de la Fuente, especializado en este tipo de indagatorias, anunció que recurriría a la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, para que esta instancia judicial sea la que determine la prisión preventiva para cinco de los seis imputados en este caso.

Se trata de una banda compuesta por 10 personas, entre ellas tres internos del penal de Alto Bonito y dos gendarmes que desempeñan funciones en el mismo recinto carcelario.

La investigación comenzó en mayo pasado y culminó con una serie de allanamientos realizada entre la noche del martes y madrugada de ayer en distintos inmuebles del sector Mirasol, donde Carabineros del OS 7 incautó 291 gramos 800 miligramos de clorhidrato de cocaína, 88 gramos 200 miligramos de pasta base y 561 gramos 900 miligramos de marihuana prensada.

En el procedimiento hubo siete detenidos, seis de ellos a disposición del Juzgado de Garantía (tres mujeres y tres hombres) y una citada a la Fiscalía.

La orden de investigar emanada desde el Ministerio Público fue llevada adelante por el Departamento de Inteligencia de Gendarmería y el OS 7.

Tras las diligencias, se logró acreditar que la organización criminal que operaba en el penal de Alto Bonito, era liderada por un interno condenado a cadena perpetua por el delito de homicidio calificado a dos personas y lesiones graves a un funcionario de la PDI en el 2010.

Cautelares

El fiscal Mario de la Fuente explicó que la investigación dice relación con la internación y distribución de drogas y otros elementos prohibidos como celulares, al recinto penitenciario del complejo de Alto Bonito.

Indicó que durante la audiencia se expusieron los antecedentes que daban cuenta de la participación de diversos internos y funcionarios en el delito de tráfico y de cohecho.

Añadió el persecutor que el martes se llevó a cabo el procedimiento, donde se incautó droga y elementos probatorios que fueron expuestos en la audiencia de control de la detención, ajustándose la detención a derecho y posteriormente se formalizó por los delitos de tráfico, cohecho y soborno.

"Se solicitaron las medidas cautelares, y el tribunal no acogió la solicitud y el Ministerio Público recurrió de apelación que se verá mañana (hoy)", puntualizó.

De la Fuente confirmó que dos gendarmes fueron detenidos, uno en particular tenía la función de ingresar equipos celulares y entregarlo a un interno y el otro funcionario era quien estaba a cargo de uno de los módulos donde estaba "el cabecilla de esta organización, y tenía la función de tolerar este ingreso y distribución de droga y celulares, y a cambio de lo cual él recibía una suma de dinero, lo cual se acreditó mediante los antecedentes recopilados", anotó.

Participación

De acuerdo al abogado Felipe Caba, que defiende a una de las imputadas, los antecedentes entregados por el Ministerio Público no dan atribución para arribar a la detención de su defendida.

"Así lo señaló la magistrada en esta audiencia, dejando en libertad a mi representada, pero por atribuciones que tiene la Fiscalía ellos pueden apelar verbalmente y se va a discutir en la Corte de Apelaciones mañana (hoy)", explicó.

El abogado añadió que espera que se confirme la sentencia que fue dictada por el Juzgado de Garantía, "toda vez que los antecedentes que están en la carpeta Fiscal no fueron suficientes, para poder acreditar la participación de mi defendida y las medidas cautelares que se decretaron son de menor intensidad", manifestó.

El director regional de Gendarmería, coronel Sebastián Urra, dijo que fue la institución que, ante la evidencia que se estaban cometiendo los delitos de microtráfico de drogas y cohecho al interior del Complejo Penitenciario de Puerto Montt, puso los antecedentes a disposición del Ministerio Público, el que con fecha 11 de junio decretó orden de investigar.

"De forma paralela a la investigación del Ministerio Público, Gendarmería dispuso la realización de un sumario administrativo", comentó el coronel Urra.

Añadió la autoridad que "Gendarmería de Chile reitera su compromiso con la transparencia y la probidad, y no aceptará ningún tipo de acción que se aparte de esos principios y de la doctrina institucional", aseveró.

Los alegatos en la Corte de Apelaciones serán en el transcurso de esta mañana, y durante la jornada el tribunal de alzada se podría pronunciar respecto a la prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público.