El director del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Francisco Estévez, dijo ayer que el golpe de Estado de 1973 "no era inevitable", y que las críticas hacia la institución cultural a su cargo se deben a una falta de "autocrítica" de sectores oficialistas.

"Uno puede suponer que siguen pensando que las violaciones a los derechos humanos fueron inevitables. Por ese este museo es incómodo. Porque este museo dice que el golpe no era inevitable y que tampoco era inevitable que se violaran los derechos humanos", dijo Estévez a la agencia DPA.

"El museo no debería ser incómodo, a menos que la derecha no se haya hecho una autocrítica y ese es el gran problema. Lo que la derecha le debe al país es una profunda autocrítica de porqué dejó caer la democracia y de porqué avaló las violaciones a los derechos humanos", agregó el historiador. En medio de la controvertida salida de Mauricio Rojas del Ministerio de las Culturas, por afirmar que el museo era "un montaje", desde el oficialismo surgió el planteamiento de que la muestra no consideraba el "contexto" de lo ocurrido, en referencia a las causas que llevaron al golpe de Estado.

"Lo que ellos quisieran es que este museo mostrara lo que ellos llaman 'el contexto', y el contexto sería justificar la inevitabilidad del golpe. Lo que nosotros hemos sostenido es que el único contexto de las violaciones a los derechos humanos que este museo muestra es la dictadura, es decir, que si no hubiese habido golpe de Estado en 1973 y no se hubiese instalado una dictadura, no se hubiesen cometido las violaciones a los derechos humanos".

El Presidente Sebastián Piñera propuso un museo de la democracia. Al respeto, Estévez respondió que su museo "también un museo de la democracia, en el sentido de que muestra la importancia de la democracia y de cómo la gente luchó por la democracia".

Valeria Barahona

La tradicional romería hacia el Cementerio General -en la Región Metropolitana -para conmemorar a las víctimas del Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, estuvo marcada por la acusación constitucional contra tres ministros de la Corte Suprema que fallaron a favor de la libertad condicional para siete condenados por delitos de lesa humanidad.

"A 45 años del Golpe Militar, seguimos luchando por verdad y justicia" fue el lema de la caminata que reunió, según Carabineros, a 2.500 personas en el centro de Santiago, donde la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, Carmen Hertz (PC), dijo que la gestión del Presidente Sebastián Piñera en la materia ha sido "lamentable".

"Este Gobierno se estrenó retirando el aporte reparatorio a los presos políticos víctimas de tortura. Después se hace una relativización evidente de los crímenes de exterminios, por lo tanto, el balance que podemos hacer en esta materia es mísero", dijo la diputada.

La Segunda Sala de la Suprema ordenó en julio la excarcelación de siete condenados por crímenes contra los DD.HH, decisión que llevó a un grupo de diputados a presentar una acusación constitucional contra tres jueces del máximo tribunal.

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, acusó al Mandatario de encabezar una "campaña de impunidad" junto a los jueces de la Suprema Carlos Künsemüller, Hugo Dolmestch y Manuel Valderrama, contra quienes va la acusación constitucional impulsada por diputados opositores.

"Ver al presidente de la Corte Suprema (Haroldo Brito) reunirse con Piñera, que tiene un compromiso con militares condenados por violaciones a los derechos humanos, realmente demuestra que aquí no hay voluntad de los poderes del Estado de hacer justicia", afirmó Lira.

Frente amplio

En paralelo, la legisladora del Frente Amplio (FA), Pamela Jiles, escribió en su cuenta de Twitter: "Dirigentes del FA: es patético e inconsecuente decir en televisión: 'No podemos seguir dando este espectáculo por los medios', al mismo tiempo q estás en un medio prestándote al espectáculo. Por eso los invito a preferir hoy #YoMarchoEl9 en vez de las tentadoras pantallas", en alusión a los programas dominicales de discusión política.

Revolución Democrática (RD), uno de los partidos más importantes del bloque opositor, que desde hace varios días se encuentra sumido en una crisis interna, señaló en su red social que "hoy marchamos para que haya justicia y reparo para las víctimas en dictadura, y no más impunidad a los crímenes de lesa humanidad".

Felicitamos el buen espíritu de la ley que prohíbe las bolsas plásticas derivadas del petróleo porque es una iniciativa que busca reducir el uso de materiales contaminantes en el planeta. Sin embargo, creemos que la lógica que busca eliminar el plástico y, prontamente, las bombillas debe apostar por invitar a los emprendedores a buscar soluciones ecológicas -diferentes al plástico convencional- que permitan enfrentar los nuevos dilemas que exige el consumo.

Es decir, no basta prohibir, es necesario regular las alternativas como única forma de tener productos sustentables.

A partir de un biopolímero, en Bioelements logramos confeccionar un producto biodegradable, no biotóxico ni tóxico por metales pesados, permitiéndonos afirmar con 100% de certeza que es posible obtener una bolsa sin derivados de petróleo con componentes que no dañan el medio ambiente.

Ser biodegradable significa servir como fuente de energía para diversos microorganismos; no ser biotóxico implica que su composición al degradarse en cualquier ambiente -sea éste acuoso, vertedero, relleno con o sin oxígeno- no deje desechos contaminantes; y no tóxico, que sus componentes no contengan metales pesados.

Hemos confeccionado una bolsa resistente y competitiva. La llevamos a certificar al Dictuc y al Idiem, organismos aprobados por el Instituto Nacional de Normalización (INN) que ratificaron oficialmente su condición y determinaron que sus componentes cumplen con la normativa nacional e internacional.

Queremos que las soluciones que surjan en reemplazo al plástico sean mucho mejores que lo que permite la normativa medioambiental. Por eso, creemos fundamental contar con este tipo de certificaciones que confirmen que los nuevos productos realmente sean ecológicos y sustentables.

Hoy nos encontramos con un dilema en el mercado: ¿Cuál va a ser la norma que regule los envases y embalajes de aquí en adelante? La Ley REP (de responsabilidad extendida del productor), que pareciera ser una gran oportunidad, está en total pausa. No vemos comunicación entre las autoridades, los organismos técnicos (INN, Universidades, Laboratorios) y la Industria. No hemos visto propuesta de productos nuevos alternativos, no existe claridad sobre la valorización de residuos orgánicos, y hay escasa aplicación de las más de 10 normas chilenas sobre este tópico. En síntesis: un escenario completamente desarticulado en tiempos cuando más se necesita que las reglas prevalezcan y ordenen el mercado.

La Ley REP no debe centrarse solo en reciclar, sino en alentar que dichas materias primas recicladas sigan siendo nuevamente utilizadas en procesos industriales evitando terminar en un basurero. Y con las nuevas tecnologías, incentivar la creación de energía de muchos de los materiales que se reciclan orgánicamente o están en condiciones de vertedero.

Pero hay más interrogantes: ¿sabemos si en diez meses más todos los productos que circulan en el supermercado envueltos en plástico, papel o género, serán prohibidos? La ley chao bolsas plásticas no lo especificó. Por eso, es clave que las autoridades medioambientales definan en la ley REP el escenario de cómo queremos que sean nuestros envases y embalajes, cómo queremos valorizar los distintos residuos que van a ir apareciendo, cómo vamos a clasificar el tipo de materiales. Pensamos que es lo propio de una política ambiental. Su claridad, sin duda, prevendrá la aparición de alternativas que provoquen nuevos problemas.

José Ignacio Parada

El canciller, Roberto Ampuero, manifestó ayer su satisfacción por la decisión de la justicia peruana de excarcelar al matrimonio chileno acusado de trata de personas, que fue detenido al intentar salir del país con mellizos concebidos en un vientre de alquiler. "Son buenas noticias, que nos alegran", dijo el canciller en un video publicado en la cuenta de Twitter del ministerio, donde agregó que habló con su par peruano, Néstor Popolizio, y existen "las mejores relaciones" entre los gobiernos. "Es un Estado de Derecho, y los procedimientos que se están realizando en Perú se ajustan plenamente a lo que es la vigencia y la normativa legal en este país vecino y amigo".