Instituto de DD. HH. revela 11 conflictos socioambientales en Región de Los Lagos
INFORME. La zona está en el segundo lugar nacional con más pugnas del país. Proyectos ligados a generación de energía y tratamiento de residuos (basura y aguas servidas) concentran los casos.
Proyectos vinculados a la generación de energía eléctrica y procesos relacionados al tratamiento de desechos (domiciliarios y aguas servidas) son el hilo conductor de los problemas medioambientales que se registran hoy en la Región de Los Lagos.
Así lo establece un informe elaborado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (Indh), denominado "Mapa de conflictos socioambientales en Chile", el que detecta la existencia de 11 casos de esta naturaleza en las provincias de Osorno, Llanquihue y Chiloé (ver mapa lateral).
Los casos descritos en la zona por el Indh son: Central Hidroeléctrica Osorno, contaminación del río Damas y Rahue, contaminación del lago Llanquihue (con fecas), amenazas a la conservación del sitio arqueológico Monte Verde, el tratamiento de aguas servidas en Panitao, la Central de Pasada Mediterráneo, la Central Hidroeléctrica El Gato, el Parque Eólico Chiloé, el relleno sanitario Chiloé, la línea de transmisión Chile - Gamboa y el derrame de pintura que afectó al lago Huillinco.
En el caso de los proyectos de energía, el derecho humano involucrado que predomina es el de los "pueblos originarios y tribales". La excepción la marca el caso de la Central Mediterráneo, donde se afecta el "derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos".
Los restantes eventos son categorizados en el marco de los derechos humanos relativos a la salud y a vivir en un entorno libre de contaminación.
En cuanto al estado de los citados conflictos, siete están activos y cuatro permanecen latentes.
Contexto nacional
A nivel nacional, Los Lagos se ubica en el segundo lugar, en cuanto a territorios con más cantidad de conflictos socioambientales.
El ranking es liderado por Valparaíso (19). Le siguen Atacama (11), Los Lagos (11), Biobío (10), Antofagasta y La Araucanía (9). En orden inverso, las regiones con menores incidentes de este tipo son O'Higgins (1), Magallanes (2) y Aysén (3).
En el mapa se despliegan -por ejemplo- 63 conflictos activos, 30 latentes y 23 cerrados, cuyas causas son: lugar de la explotación o exploración, 80 casos; residuos, emisiones e inmisiones (concentración de la contaminación en un lugar): 49 casos; uso y/o contaminación de recursos naturales, 17 casos.
os principales sectores productivos asociados a los conflictos son energía (56); minería (45); pesca y acuicultura (7); forestal (5); y agropecuario (4). El trabajo completo está a disposición de la ciudadanía, en el portal electrónico del instituto, en el sitio http://mapaconflictos.indh.cl.
Definición de conflicto
Para recopilar los conflictos, el Indh los definió como disputas entre diversos actores -tales como personas naturales, organizaciones, empresas públicas y privadas, y el Estado-, manifestadas públicamente y que expresan divergencias de opiniones, posiciones, intereses y planteamientos de demandas por la afectación (o potencial afectación) de derechos humanos, derivada del acceso y uso de los recursos naturales, así como por los impactos ambientales de las actividades económicas.
Entre los criterios utilizados para identificar los conflictos, se encuentra su carácter de controversia pública entre dos o más actores identificables, la existencia de acciones (recursos judiciales, protestas, cartas públicas, etc.) para hacer prevalecer sus intereses o visibilizar sus posiciones y la disponibilidad de al menos un registro del conflicto en algún medio de comunicación.
Para la directora del Indh, Consuelo Contreras, "el Mapa de Conflictos es una llamada de atención a la sociedad en general respecto de los conflictos socioambientales, desplegados de una manera amigable, para visibilizarlos, para que las comunidades, los investigadores, la prensa, y otras instancias puedan conocerlos y darles seguimiento".
Valoración
Dhayana Guzmán es la coordinadora de la Unidad de Estudios del Indh. En diálogo con El Llanquihue, la socióloga precisó que el instrumento no es un mapa de conflictividad de empresas o de proyectos de inversión. Aclara que estos conflictos socioambientales se enfocan "donde existe una disputa en torno a residuos, emisiones, uso o contaminación de recursos naturales", así como por el emplazamiento donde ocurre el conflicto, por las características del lugar donde se está haciendo una determinada actividad, ya sea por parte del Estado o por privados.
"Si bien una parte importante de los conflictos están relacionados, a nivel país, con actividades productivas - industriales, también las hay por otro tipo de situaciones. En este sentido, hay una relación muy estrecha entre los conflictos socioambientales del catastro con los sectores productivos de la energía y la minería", explica.
Por zonas, por ejemplo, Guzmán dice que en la parte norte del país los conflictos tienen que ver con efectos de la actividad minera. Ejemplo de ello son los residuos de la actividad (relaves) y el impacto de las exploraciones en sitios de interés para la industria.
En cuanto a la costa, la característica común de las disputas tienen que ver con consecuencias de termoeléctricas y construcción de centrales hidroeléctricas.
Y en la zona centro - sur, las pugnas ocurren por la actividad forestal, la acuicultura y la disposición de desechos domiciliarios.
rol del estado
-A propósito de lo que hoy ocurre en Quintero y Puchuncaví, donde la comunidad exige una solución definitiva a la contaminación del aire que ha provocado intoxicaciones masivas, ¿está la ciudadanía más sensible a estos temas?
-Sí, y eso se puede explicar por varios motivos. Primero, porque a raíz de la elaboración del mapa hemos observado que existe un factor de cronicidad, donde los casos son de larga data y no han tenido un cierre ni se han solucionado por diversos motivos. Hay una persistencia de los conflictos que genera y acumulan malestar. Cuando se dan ciertas circunstancias, finalmente eso explota. En el caso de Quintero y Puchuncaví, no es un caso que sea ahora. Esto es una crisis, en el marco de una situación que vive la zona, que lleva décadas, y que cada cierto tiempo tiene episodios de crisis. Hace años ocurrió con la escuela La Greda, por ejemplo (en 2015 hubo una intoxicación masiva de niños, producto de la emanación de malos olores desde una planta de tratamiento de aguas servidas). Eso acumula malestar general.
-¿Cuál es la tarea del Estado en esta materia, donde es evidente una inacción, ya sea a nivel de fiscalización como de permisos para ejercer ciertas faenas?
-En efecto, hay factores estructurales, a nivel de normativa que son insuficientes. Hoy tenemos una Superintendencia de Medio Ambiente, lo que fue un paso importante en términos de la institucionalidad ambiental. Pero esa Superintendencia debería tener muchas más capacidades y recursos, lo que hemos dicho en informes anuales del INDH en años anteriores, para tener fiscalizaciones periódicas y permanentes. Estos elementos van abonando para que ciertamente exploten ciertas situaciones, que se genere malestar y que las personas y comunidades organizadas salgan a la calle y le hagan frente a cuestiones que tal vez podrían solucionadas de antemano Hoy hay una sensibilidad mayor en la ciudadanía, para reclamar por sus derechos. El tema es cómo no llegar a que estos conflictos se desencadenan, a cómo el Estado genera las transformaciones en las normas, instituciones, poner a disposición más recursos y permitir, entre otras cosas; que se pueda anticipar cuáles van a ser los impactos cuando, por ejemplo, muchas industrias se juntan en un territorio. Ahí el Estado está fallando, lo que finalmente desencadena en que la ciudadanía se movilice.