José Pacheco comenta que los representantes de la CUT, a niveles provinciales, se reunirán en Puerto Montt para analizar esta situación y así definir una estrategia común respecto a lo que está sucediendo y el efecto negativo que produce este panorama adverso, en el sentido de que ambos sectores no sean capaces de construir un acuerdo.
E n la CUT admiten el dolor que les provoca todo lo generado a raíz del rechazo a la propuesta de sueldo mínimo. Así lo grafica el presidente provincial de la entidad, José Pacheco, quien dice que como entidad consideran "lamentable la posición del gobierno de querer imponer un salario mínimo contra la voluntad democrática de un acuerdo que había alcanzado el Parlamento, donde están presentes todos los sectores".
Un acuerdo -describe- que era de 10 mil pesos, a partir de agosto y 14 mil pesos -enero a marzo del próximo año-, para luego volver a negociar un nuevo salario desde el 2020.
Y si bien no comparte estas cifras, por calificarlas que están lejos de lo que permite subsistir, "lo valoraban porque era un acuerdo democrático, porque permitía tener un reajuste antes del inicio de la Fiestas Patrias".
Pero eso considera que lo que se está produciendo, en realidad, perjudica a un número importante de trabajadores, pero "es el gobierno el que tiene la palabra".
-¿Cómo analiza el quiebre entre los sectores políticos?
-Lo que pasa es que uno tiene que acostumbrarse a que en un país democrático deben haber distintas posiciones y una búsqueda de un interés común; pero que hoy están en situación contrapuesta. Creemos que vamos a tener que encontrar un punto de consenso. Es incomprensible el no tener aumento y que no quieran dialogar, respetar el acuerdo realizado por sus propios parlamentarios.
-¿Nadie piensa en los más perjudicados?
-Nosotros reconocemos que los espacios democráticos permiten tener estas discrepancias, pero en un ambiente de diálogo y respeto nos entendemos y valoramos. No tiene que haber intolerancia, sino que se tienen que buscar espacios de diálogos y los políticos tienen que dar esos espacios.
-¿Cómo lo toman los trabajadores?
-En estos momentos están siendo perjudicados los trabajadores, porque los están usando de moneda de cambio. No hay interés por representar sus derechos. Tanto la oposición como el gobierno, tienen los mecanismos para buscar diálogos y construir acuerdos. Y si se rompe eso y se envía un veto al acuerdo alcanzado, genera toda esta situación hoy día. Los trabajadores tienen una incertidumbre, porque contaban con este escuálido aumento. Y ahora no llega y el Parlamento, gran parte de septiembre, tendrá feriado y los trabajadores no tendrán derecho a este aumento mínimo.
El quiebre entre el gobierno y los sectores de oposición en la región pareciera ser total. Atrás quedaron los tiempos en los que el intendente Harry Jürgensen destacaba el aporte que eran para la región los parlamentarios de la ex Nueva Mayoría.
Ya no hay ni siquiera palabras de buena crianza, luego del conflicto generado tras el rechazo, en la Cámara Baja, del sueldo mínimo. En ese instante, todo el camino dialogante que en Los Lagos se había logrado construir llegó a su fin.
Una de estas pruebas es que ayer el diputado DC, Gabriel Ascencio, acudió a Contraloría para solicitar un pronunciamiento respecto al accionar, a su juicio indebido, del intendente y de dos seremis: Ingrid Schettino (Gobierno) y Mauro González (Trabajo).
Según acusa, tuvieron una actuación "indebida, porque no pueden hacer uso de las redes sociales, plataformas institucionales de diferentes servicios públicos, para atacar a los parlamentarios. Y porque colocan un hecho como cierto, cuando son mentiras y porque esta propia Contraloría ha dicho que la relación o el vínculo entre el Congreso y el Poder Ejecutivo se da a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y no de estos llamados que el intendente ha realizado a petición de su propio gobierno".
Ascencio, además, califica como normal las diferencias existentes en torno a un proyecto de ley, pero no lo es el atacar al Parlamento y a aquellos que votan de una determinada manera, acusándolos de bloqueo contra gobierno y de negarles la sal y el agua. Y eso no hay por qué aceptarlo".
Desde la Intendencia, en tanto, replicaron la respuesta dada por el ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien, entre otras cosas, sentenció : "Que lo hagan, si ellos estiman que es un mal uso el dar a conocer cómo ellos votan en la Cámara de Diputados sobre los proyectos de ley que presenta el Gobierno, que lo hagan. Creo que están equivocados, que no hay ninguna situación administrativa, nadie debe temer la forma cómo se vota. Pero, que vayan a Contraloría, nosotros lo aceptamos y estamos sujetos a la fiscalización que haga la propia Contraloría y es ella la que determinará si hay o no una irregularidad".
La pregunta que ronda ahora en el ambiente político es cómo recomponer las relaciones entre los distintos sectores.
Para el presidente de Evópoli, Heinz Kusch, el panorama es complejo cuando "uno quiere y trata de construir, pero cuando hay un no, sin fundamento ni análisis, duele".
Kusch, junto con destacar que su partido siempre estará disponible para hacer primar el diálogo, se tiene que terminar con el "seguir pegados en lo mismo de hace tres décadas, como lo es la lógica de izquierda y de derecha, del sí y no. Aquí se rechazó una propuesta buena, se negó un beneficio a los más necesitados".
Mientras que el presidente comunal de Revolución Democrática, David Andrade, acusa al gobierno de "echarse al bolsillo" lo expuesto por las dos cámaras y -además- critica la posición que tiene el ejecutivo frente a temas del empleo, como la política de trabajo joven.
Además, dice que con la propuesta se condena a las familias a vivir bajo la línea de la pobreza, sobre todo en la región, que, acorde a la Encuesta Casen, es la tercera más pobre de Chile y que esto es seguir precarizando.
Andrade cifra en $420 mil el sueldo para que una familia pueda salir de la línea de la pobreza.