Se trata del coronel Sebastián Urra, quien pondrá énfasis en el irrestricto respeto a los Derechos Humanos, el fortalecimiento del recurso humano institucional y el apoyo a los procesos de reinserción social. Junto a su experiencia penitenciaria, el coronel Urra es planificador social de la Universidad de Los Lagos y posee un diplomado en Alta Gestión de Seguridad.
El joven imputado y formalizado por el delito de femicidio frustrado en Puerto Montt, el 12 de julio alrededor de las 2 horas, dio aviso a Carabineros que había apuñalado a su pareja e incluso entregó su nombre, de acuerdo a lo relatado en la audiencia en el Juzgado de Garantía por el fiscal Patricio Llancamán.
El imputado, quien quedó en prisión preventiva por determinación del juez de garantía Juan Carlos Orellana, junto con dar a conocer el hecho a Carabineros, le manifestó lo acontecido a su abuelo de 79 años, quien encontró malherida a la joven de 25 años.
Pese a todo ello, Jonathan Marcelo Uribe Santana (23 años) huyó del lugar y se mantuvo prófugo hasta el lunes 23 de julio, siendo detenido por Carabineros del OS 9 de Puerto Montt en la población 22 de Mayo, en el comedor de la casa de otra ex pareja.
El fiscal Patricio Llancamán dijo en la audiencia de formalización de cargos, por el delito de femicidio frustrado, que el imputado apuñaló a su pareja en nueve oportunidades, y que por lo menos dos lesiones comprometieron la vida de la víctima, que sigue hospitalizada. De acuerdo al persecutor, las operaciones en el Hospital de Puerto Montt le salvaron la vida.
"Fue sometida a cirugías por las graves heridas y el diagnóstico fue de tres médicos e incluso la víctima, al ser trasladada por el Samu, tuvo que ser ingresada a reanimación", dijo.
Llancamán insistió que lo relevante es determinar lo que ha señalado la víctima, en el sentido que el imputado lo que buscaba era quitarle la vida.
El fiscal indicó que hubo heridas que fueron de riesgo vital, y que junto con ello se logró acreditar -mediante testigos- que víctima y victimario llevaban una convivencia de tres años.
"Ella recibió lesiones penetrantes en la zona abdominal, cervical -en el cuello- junto a otros cortes e incluso hubo una puñalada en la cabeza, lo que a nuestro entender denota la real intención del imputado que era matarla", adujo.
La abogada Valeska Rivera, defensora de Uribe Santana, señaló que la formalización fue por femicidio frustrado y que la base son las lesiones provocadas a la joven.
"Lo que nosotros utilizamos como fundamento en esta etapa del procedimiento, considerando que existen 100 días de investigación, es la credibilidad que tiene don Jonathan al solicitar ayuda y llamar a Carabineros y a su abuelo. Es él quien busca ayuda para su conviviente, quien es la que estaba lesionada en ese momento", indicó la defensora.
Marcelo Urra, abogado del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg), manifestó que el imputado es una persona que hizo todo lo posible por quitarle la vida a la joven, en este caso su conviviente y en contra de su voluntad, provocándole graves heridas. "Carabineros y personal del Hospital le salvaron la vida, pero el imputado hizo todo lo posible por cometer el delito de femicidio, esto y otros antecedentes lo hacen peligroso porque ha cometido estos hechos", subrayó.
El imputado en este caso, en septiembre de 2014, fue condenado por un delito de Violencia Intrafamiliar contra otra ex pareja.
Se deshizo de la tobillera, cortándola para poder incumplir el beneficio que había logrado estando recluido en el penal de Alto Bonito. Rolando González Ruiz fue detenido por la Brigada Investigadora de Robos (Biro) de la PDI, pero sus pasos eran seguidos por la unidad especializada del Ministerio Público, Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi).
Una vez controlada su detención, el juez de Garantía, Miguel Ángel García dispuso que el imputado ingrese al penal de Alto Bonito, para cumplir condena de 262 días, producto de la revocatoria al cortar la tobillera con la cual estaba sujeto a control de Gendarmería. De acuerdo a la fiscal del Sacfi Pamela Salgado, se trata de un imputado que presentaba alrededor de cuatro órdenes de detención pendientes. La persecutora dijo que fue a través del Sacfi que se llegó al imputado, quien mantenía en su poder 32 cartuchos calibre 22 y 12, además de una escopeta hechiza y un sistema de oxicorte. "El imputado entró a cumplir las condenas que debía, se le revocó el beneficio por cortar la tobillera, se le imputa por la ley de control de armas y de portar sistemas para cometer delitos", dijo.