Vicente Pereira Parra

La Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) rechazó la declaración presentada por la Inmobiliaria GPR para la construcción del proyecto inmobiliario Mirador II de Puerto Varas, lo que fue calificado por el diputado PS, Fidel Espinoza, como un golpe para quienes pueden cancelar un dividendo y que no tienen las condiciones requeridas para acceder a una vivienda social.

El seremi de Vivienda, Rodrigo Wainraihgt, fundamentó que en esta determinación fue fundamental el informe presentado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios, que indicaba que "la empresa Essal no tiene la capacidad para darle factibilidad técnica - sanitaria a esta iniciativa".

Para Espinoza, en cambio, se trata de una "vergüenza" y acusa la existencia de un "claro conflicto de intereses de mucha gente en Puerto Varas, para que no se construya ninguna vivienda de clase media, ni para los sectores vulnerables".

Para el parlamentario, esta situación tiene directa relación con el rechazo de la Dirección de Presupuesto al cementerio de Puerto Varas, que es un proyecto que está aprobado en la región.

"Puerto Varas es la ciudad del turismo y no tienen dónde sepultar un muerto. Lo tienen que llevar a Llanquihue, Fresia y Frutillar. Y la comunidad puertovarina le dio un 62% de apoyo al Presidente Sebastián Piñera, pero este gobierno le niega la oportunidad de sepultar un muerto y ahora a los de clase media y de sectores vulnerables de construir viviendas", enfatiza.

Se dieron vuelta

Espinoza acusa que hubo "muchos servicios públicos que se dieron vuelta la chaqueta en un par de meses. Hubo altas influencias de personalidades de este gobierno en la región, que hicieron cambiar su postura a algunos servicios públicos, que tenían una visión favorable al proyecto".

Por eso -recalca- es que la situación del lago es una "excusa" y alega que no se le puede negar a la gente de clase media el acceso a una casa.

Mientras que María Jesús Silva, gerenta de la inmobiliaria GPR, califica como "discrecionales" las argumentaciones dadas desde el punto de vista legal (para rechazar el proyecto).

En tanto, el intendente Harry Jürgensen indicó que durante la sesión de la Comisión de Evaluación Ambiental contamos con la participación de sus 11 miembros, el director regional del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y los seremis correspondientes, y que después de una larga discusión la declaración de impacto ambiental del proyecto inmobiliario Mirador de Puerto Varas II, fue rechazada.

En tanto, el seremi del Medio Ambiente, Klaus Kosiel, enfatizó que la evaluación de los proyectos está conforme a los lineamientos dispuestos por la actual administración.

"Hay que tomar en cuenta que el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera está enfocado en trabajar fuertemente en fomentar el desarrollo integral, inclusivo y sustentable de los territorios y del país. En esta línea de trabajo, es que la Comisión ha evaluado las certezas que dan estos proyectos en cuanto a la componente ambiental y de los impactos previsibles y no previsibles, que pudiese tener estos proyectos en relación a la información que han presentado los titulares ante el proceso de evaluación", consideró Kosiel.

Fidel Espinoza, en tanto, critica que con este rechazo se le prohibió a quienes pueden cancelar entre 150 mil y 200 mil pesos un dividendo el poder contar con una propiedad.

Trapén tampoco

En la misma oportunidad, la Coeva determinó que la "Central a Gas Trapén, en Puerto Montt, cuyo titular es Innovación Energía S. A.", también fuese rechazada.

Dentro de los aprobados quedaron la "Planta de Molienda de Cementos Zona Sur", en Puerto Varas, cuyo titular es Bío-Bío Cementos S. A.; y "Plan Maestro de Desarrollo Agrícola Sustentable Vodudahue", en Hualaihué, perteneciente a Agrícola Ganadera y Forestal Alerce 3000 SpA.

Intendente fue advertido de "acciones" por situación de Celestino Córdova

El viernes, el intendente Harry Jürgensen se reunió con representantes de un grupo de comunidades indígenas mapuches huilliches.

En ese encuentro, el jefe regional recibió advertencias de realización de "acciones", como consecuencia de que el gobierno aún no entrega una respuesta respecto a la solicitud de permiso de 48 horas para que el machi Cestino Córdova pudiese visitar su rewe.

En primera instancia, se pensó en toma de iglesias o de caminos, pero no de una acción violenta con destrucción de maquinaria.

A esta cita acudieron representantes de comunidades registradas, con nombres y apellidos. "Se me dijo que frente a la no respuesta de la carta, se cometería otro tipo de acciones, las que pueden ser cualquier cosa. Y espero que no esté relacionado con atentado en San Juan de la Costa", adujo.

Y es que el domingo tuvo lugar el ataque incendiario en el fundo Quimey, de propiedad de la Forestal Anchile, ubicada en San Juan de la Costa.

Por eso, "post acto terrorista", Jürgensen le comunicó de estos antecedentes a la Fiscalía.

¿Por qué no se hizo antes? "Porque no se le dio la importancia ni nivel, dado que fue un nivel de conversación en el que se dijeron muchísimas cosas. Entonces, se pensó que podía ser cualquier tipo de actividad que no estuviera relacionada con un acto tan violento como el vivido el domingo", argumenta la autoridad regional.

Jürgensen, en todo caso, está convencido que las comunidades indígenas de esta zona no participan de estos actos. "Conozco muchos caciques y loncos, que son pacíficos y que buscan otra clase de valoración, como su cultura, espiritualidad y el respeto de lo que son como pueblos originarios. Y eso es aceptable y es eso lo que estamos conversando con ellos", puntualizó.

Acciones

El intendente viajará a Santiago, con la intención de conseguir que se incluya a la región en la macrozona.

"Hay toda una relación que nos permite pensar que esta situación se gatilla no en nuestra región, sino que en la de La Araucanía, por personas que actúan y que no representan a los pueblos originarios de esta zona, que se caracterizan por ser gente pacífica y trabajadora. Pero la violencia se está trasladando desde La Araucanía", anota. Además, destaca que su administración ha atendido a todas las comunidades de buena forma, a todos los grupos y representantes mapuches que le han solicitado atención. "Este tipo de actos no los representa", subrayó.

Explica que está la respuesta negativa otorgada por Gendarmería al requerimiento de Córdova y los grupos que lo apoyan, dado que no cuentan con los recursos para asegurar que se pueda ejecutar este permiso en las condiciones adecuadas.

Entre las acciones, destaca la mesa de seguridad conformada en Osorno e indica que el incluir la región en la macrozona implica poder tener más recursos y así contar con una planificación distinta ante la ocurrencia de estos actos.

Corte de raíz

El intendente es de la idea de que estos actos "hay que cortarlos de raíz. Aquí hay un trasfondo político, no se trata simplemente de atentar contra la industria forestal, como tal, porque quienes están atentando no están obteniendo un beneficio personal, ni colectivo, sino que político".

Un hecho -según subraya- que genera "temor y terror" en la población y afirma que en lo sucedido el domingo se generó un daño a una industria, como la forestal, que pesa en la economía regional. "Las máquinas destruidas cuestan alrededor de los 3 millones de dólares cada una y por eso está destrucción fue al corazón, a todo lo que hace manejar esta máquina", remarca.