Para el alcalde de Puerto Varas, Ramón Bahamonde, la sanción impuesta por la Superintendencia de Servicios Sanitarios (Siss) a la empresa de Servicios Sanitarios Los Lagos (Essal) confirma que se ha producido un "daño ambiental" al principal cuerpo de agua de la comuna y la zona.

La Siss cursó una multa por 400 millones de pesos a la sanitaria por verter aguas servidas al lago Llanquihue en 26 oportunidades, entre enero y agosto de 2017.

Para Bahamonde, esta infracción marca un precedente. "Me alegro que por fin se haya dado un paso de justicia a lo que claman no solamente los habitantes de Puerto Varas, sino también en el lago Villarrica y otros que son impactados por el uso y abuso. Aquí se ha producido el daño ambiental, esperamos un año su resolución y hoy felizmente estamos viendo la luz al final del túnel", aseveró la autoridad.

La Municipalidad de Puerto Varas mantiene una demanda contra Essal en el Tribunal Ambiental y a ello se suma una indagatoria penal de la Fiscalía.

Desde la sanitaria, se indicó que "Essal reitera su rechazo a la sanción impuesta por la Siss y hará valer sus argumentos en las instancias de apelación. Como lo hemos señalado siempre, el origen de la activación de los aliviaderos de emergencia se encuentra en la incorporación irregular de grandes volúmenes de aguas lluvias y napas subterráneas a los sistemas de alcantarillado".

Vicente Pereira Parra

En la fase de preparación de la notificación de lo acordado en el Concejo Municipal, sobre el fin anticipado de la concesión del Terminal de Buses, se encuentra el municipio de Puerto Montt.

Esto, luego que la tarde del martes el cuerpo colegiado, en sesión extraordinaria, acordase terminar el vínculo con la Inmobiliaria del Pacífico 32 años antes de que se cumpliera el tiempo pactado.

De lo que viene ahora, el alcalde Gervoy Paredes explica que "no se puede cortar el servicio de una", dado que el rodoviario tiene que seguir funcionando.

Por lo mismo, se proyecta que la notificación indique que sea a fines de año o hacia el término de febrero las fechas estipuladas para que el actual concesionario deje las instalaciones. Durante este período, en tanto, el municipio elaborará las nuevas bases para la próxima licitación de concesión del rodoviario.

-¿Qué ocurrirá en estos meses?

-Es probable que pudieran seguir ellos mismos, pero podríamos hacer un trato directo, lo que permite la Contraloría en situaciones como ésta (término de concesión).

-¿La empresa podría apelar a la decisión del Concejo?

-El camino que tienen es el jurídico.

Esta afirmación del alcalde es confirmada por el abogado Juan Antonio Viñuela, a quien el municipio le encargó la elaboración de un informe respecto a la situación del terminal de buses, sobre todo en lo que guarda relación con los incumplimientos.

"Ellos pueden recurrir y anteponer recursos administrativos que están en la ley de procedimientos administrativos o los recursos que la Ley Orgánica de Municipalidades otorga. O incluso ejercer acciones de carácter civil en los tribunales civiles", señala el abogado.

Mientras que Paredes, si bien ve difícil que el municipio pueda tomar la administración del recinto, no lo descarta, aunque indica que para ello tendrían que disponer de unas 30 personas (planta o contrata) que tienen que tener responsabilidad administrativa y eso haría que la situación fuera más compleja.

Por eso, reitera que "en caso de..." podrían hacer un trato directo con alguna empresa.

-¿"En caso de..." es en caso de que la actual empresa decida dejar ahora la administración?

-Nosotros no le vamos a pedir que dejen ahora mismo la administración. Le daremos un plazo mientras elaboramos las bases. Viñuela, en tanto, hace mención a dos informes de Contraloría de los años 2011 y 2014 para avalar la decisión del cuerpo colegiado. Uno hace mención al no pago de las multas (incumplimiento grave) y segundo, que el municipio ya hace cuatro años dictó un decreto en el que apercibió a la concesionaria a cumplir una serie de requisitos e hitos que no había cumplido.

"Se le dio un plazo hasta el 31 de marzo de 2015 y esos hitos no los cumplió, incluyendo el pago de las multas, lo que se ha mantenido a través del tiempo", anotó. Viñuela explica que, de acuerdo a lo señalado por la Contraloría, por la existencia del decreto alcaldicio 2014 el municipio, se puede hacer efectivo el apercibimiento y poner término a la concesión, con el acuerdo del Concejo Municipal.

Ayer y el martes este Diario contactó a la concesionaria para tener su versión respecto a la decisión del Concejo Municipal, sin embargo, declinaron comentar lo sucedido.