Tras la decisión del Concejo, se redactará el decreto de notificación, para luego comenzar a trabajar en las nuevas bases, las que esperan tener en un plazo de entre seis a ocho meses. "Ha sido una decisión valiente", dice Paredes y explica que la idea es señalar a la concesionaria que podría estar hasta fines de diciembre o hasta el 28 de febrero, mientras se hacen las bases. También pueden hacer un trato directo.
El no pago de las multas y no contar con el permiso de autorización, de parte de la Seremi de Transportes, son sólo algunas de las razones por las cuales el Concejo Municipal de Puerto Montt tomó la decisión de poner término anticipado a la concesión del Terminal de Buses, a cargo de la empresa Inmobiliaria del Pacífico.
La determinación la tomó el cuerpo colegiado en el marco de una sesión extraordinaria que tuvo lugar ayer. El conflicto del terminal fue lo único de la tabla.
Salvo la abstención del edil Luis Vargas Machado (RN), el resto de los concejales, más el alcalde Gervoy Paredes (PS), estuvieron de acuerdo con poner fin al vínculo que se estableció en el año 2003 por 47 años. Previo a la votación del Concejo, el alcalde explicó las razones que llevaron a la administración proponer el fin de la concesión.
Tras las disertación de Paredes, expuso el abogado Juan Antonio Viñuela, a quien el municipio le encargó que elaborara un informe sobre esta materia. En la instancia se informó que el fin de la concesión se pudo haber decidido hace tres años, dado que el municipio ya le había puesto como plazo a la concesionaria el 31 de marzo de 2015 para que cumpliera las exigencias.
Junto con ello, la Contraloría emitió un informe un año después que hizo presente que el "municipio no ha liquidado la concesión", frente a los "incumplimientos" de la concesionaria que fueron constatados por el ente contralor.
También sirvieron como base los informes elaborados por el Departamento Jurídico y por la Dirección de Obras Municipales (DOM).
Paredes le expuso a los ediles cada uno de los puntos en los que la concesionaria no cumplió con sus compromisos pactados en el contrato de concesión. Esto es: el no pago de las multas aplicadas dentro de los cinco primeros días del mes siguiente de aplicada la sanción, por un total de 507 millones 981 mil 626 pesos, el que se desglosa con las multas pendientes de pago cursadas por la DOM durante la etapa de construcción y exploración que ascienden a un monto de 371 millones 747 mil 160 pesos e ingresos pendientes de pagos en la Subdirección de Rentas, por un monto de 136 millones 234 mil 467 pesos.
Junto con ello, expone que corresponde hacer efectivas las boletas de garantía vigentes de fiel cumplimiento del contrato en lo que se refiere a la administración y explotación del servicio. "Lo anterior constituye antecedentes ciertos y fidedignos, que permiten demostrar que efectivamente se ha producido un menoscabo al detrimento grave al patrimonio municipal, lo cual compromete el interés público", dice.
Acto seguido, Viñuela detalló que tras ser requerido para hacer un informe en derecho acerca del estado de la concesión del terminal de buses, lo que se hizo fue estudiar dos informes de la Contraloría que daban cuenta de los incumplimientos de parte de la concesionaria.
"Me centré en dos puntos: lo primero en lo que dice relación con el tema de las multas y luego con la circunstancia de existir aún vigente decretos que solicitaban el apercibimiento, si es que la concesionaria no cumplía una serie de puntos señalados en dicho decreto. La conclusión es que existe la convicción de que hoy hay causas de incumplimiento grave de las obligaciones del contrato".
En tanto, el abogado Egidio Cáceres agregó que el terminal de buses no cuenta -a la fecha- con autorización de funcionamiento del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
Junto con ello, es la no implementación de la habilitación de los servicios higiénicos para conductores, que deben estar dentro del recinto, así como tampoco cumplió con el servicio de aseo y con la medidas de seguridad.
Luego, vino el turno de los ediles, quienes uno a uno justificaron las razones de su apoyo a esta determinación.
Héctor Ulloa, Eduardo Matamala, Fernando Orellana, Verónica Sánchez, Juan Carlos Cuitiño, Fernando España, Marcia Muñoz, Sonia Hernández y Leonardo González, fundamentaron su votación, pero -a la vez- agregaron más aspectos a los ya detallados por la administración sobre lo que ellos consideran los problemas que presenta el rodoviario.
Luis Vargas Machado, en tanto, justificó su abstención en que le faltó un poco más de información respecto a este tema: "No me parece la concesión realizada el 2003 por el Concejo encabezado por el hoy senador Rabindranath Quinteros (PS). No me parece que se hiciera a 47 años y el Concejo actual tiene que ir arreglando lo que sucedió en ese momento. Me faltó información, pero no puede estar sucediendo y espero que salga todo bien y se puedan mejorar los servicios del terminal de buses".
Desde la concesionaria esperarán contar con más antecedentes para emitir una declaración.