Por supuesto, que los puertomontinos nos alegramos y deseamos lo mejor para que los planes portuarios en la Región de La Araucanía logren concretarse y alcancen el éxito merecido, porque la competencia en buena lid es el mejor estímulo para superarse.

Sin embargo, a propósito de este tema, a nivel local, la reflexión insta a tener en cuenta que es indispensable -¡prioritario!- que las mejores energías y talentos de las autoridades, instituciones y comunidad se mancomunen para desarrollar mucho más las potencialidades portuarias de Puerto Montt, que en los últimos decenios se ha visto bastante limitado en este vital rubro marítimo del desarrollo socioeconómico regional.

Su histórico puerto, aledaño a la zona turística de Angelmó, no ha logrado el empoderamiento requerido, a pesar de su antigüedad. Carece de las capacidades de atraque naviero demandadas en estos tiempos y una de sus inveteradas falencias es el embancamiento que lo amenaza en el canalizo de Tenglo, que en años pasados solía combatirse con periódicas faenas de dragado del fondo marino. Y las limitaciones de nuestro puerto se han hecho más evidentes con la llegada de los grandes cruceros marítimos internacionales, que deben permanecer a la gira por incapacidad del molo para recibirlos, al impedir el desembarque directo a tierra de los pasajeros de otras latitudes y su avidez por conocernos.

Se ha llegado, entonces, a la conclusión de que el señalado desarrollo portuario que tanto necesita Puerto Montt, debería incluir igualmente un moderno terminal destinado al servicio de los transatlánticos gigantes, que dan vida a la industria de cruceros. Uno de los puntales claves de las economías en boga a nivel global y así comprobado en estos lares.

Siendo Puerto Montt la puerta de ingreso a la zona patagónica del cono americano, debería acondicionarse a esa estatura. Partiendo por optimizar sus recursos portuarios, que son parte primordial y vitalísima de su esencia misma e identidad marítima como el gran puerto del sur de Chile.

Durante los años 2011 y 2017, la Fiscalía Nacional Económica realizó una investigación con respecto a la producción y procesamiento de la leche en nuestro país, a solicitud de la Federación Nacional de Productores Lecheros (Fedeleche), debido a ciertas irregularidades que se estaban manifestando dentro del mercado de compra de leche cruda, en donde se efectuaban pagos a productores a un valor diferente del cual determinaban las pautas de pago públicas. Hace poco, la Fiscalía Nacional Económica entregó el informe final de dicha investigación, donde se determinó que no existía ningún ilícito dentro de este tipo de actividad comercial, pero que sí sería un factor importante dentro del escenario lácteo, ya que se ha visto una disminución paulatina de la intensidad de la competencia. La entidad sugirió al sector lácteo en general, incrementar el poder de negociación de los productores y reducir la capacidad de los procesadores de imponer los precios y condiciones de compra de leche cruda. Junto con esto, también indicó que habría que reducir la interdependencia entre empresas procesadoras, lo cual incurriría en un alza de la competitividad entre las plantas y en sus productos finales. Y, por último, mejorar las condiciones de entrada para nuevos procesadores de menor escala, como lo ha demostrado, de forma positiva, la experiencia nacional e internacional, donde se han conformado cooperativas por parte de los mismos productores. Frente a estas indicaciones, podemos establecer que, en primer lugar los precios de la leche a lo largo de la historia han sido fijados en forma unilateral, donde nosotros como productores no hemos tenido injerencia alguna en establecer dichos precios, ya que el déficit de recepción de leche se combate con la compra de leche en otros mercados. Ahora, y gracias a nuevos antecedentes que se han presentado ante la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, la FNE ha reabierto la investigación, donde esperamos que se constate que el precio pagado no corresponde con lo establecido en las pautas, siendo un incumplimiento de la sentencia N°7 y una discriminación arbitraria entre los productores lecheros.

Eduardo Schwerter,

presidente de Agrollanquihue A.G.