Mediante el sistema de ofrecer productos por las redes sociales, el imputado cometía sus ilícitos en Puerto Montt, y la última víctima es una mujer que llegó desde Concepción.

Fueron los carabineros especializados del OS 9 quienes aclararon este hecho, deteniendo al presunto implicado en un operativo llevado adelante en la Ruta 5 a Pargua, a la altura del kilómetro mil 32 en el cruce El Empalme de Calbuco.

Se trata de Luis Gustavo Oliveros Vargas, quien registra una gran cantidad de antecedentes penales, entre robos, receptación de especies e incluso ilícitos sexuales.

Los hechos se remontan al 10 de abril pasado, después que la víctima llegada desde Concepción se trasladara a Puerto Montt, para adquirir un repuesto de un vehículo, y para lo cual se contactó con Olivera Vargas por Facebook.

"La víctima, al llegar a Puerto Montt, fue intimidada con un arma de fuego por el supuesto vendedor, quien le sustrajo la totalidad del dinero que portaba (alrededor de dos millones de pesos en efectivo) y las especies personales, entre ellas su celular", explicó el teniente Alex Tapia, del OS 9 de Carabineros.

Para el oficial, este tipo de maniobras se convierten en un riesgo, especialmente si el trato se hace por las redes sociales, sin referencias seguras de quién se trata.

"Entre las recomendaciones que se deben entregar, figura no hacer compras informalmente, sino que para ello está el comercio establecido, porque hay personas que ocupan este medio para cometer este tipo de ilícitos", aseguró el teniente Tapia.

María Luisa Gatino, presidenta de la junta de vecinos La Paloma en el sector alto de Puerto Montt, dijo que la sede social del barrio ha sido víctima de varios robos, pero que ninguno ha podido ser aclarado.

La dirigente indicó que la última vez los ladrones se llevaron los caños de la estufa a combustión lenta.

La falta de Carabineros es notoria, indicó la presidenta de la junta de vecinos La Paloma, porque cada vez que son requeridos en el sector demoran en llegar.

"Producto de ello, la gente dice que es pérdida de tiempo denunciar y después en la Fiscalía el caso se cierra por falta de antecedentes o pruebas", manifestó.

De acuerdo a María Luisa Gatino, "los vecinos han sido afectados por robos en nuestro barrio y en la asamblea los socios nos han dicho que no denuncian, porque no hay un buen sistema de resguardo policial y de seguimiento de los delitos", aseveró.

La dirigenta también se refirió a los trámites burocráticos a los que deben enfrentar las víctimas, cuando son afectadas por un delito.

"Te citan a la Fiscalía, te preguntan muchas cosas. Después te vuelven a citar cinco días más tarde y te preguntan lo mismo, el trámite sigue en Carabineros y la PDI. Finalmente el caso se cierra y por ello siguen robando, porque nadie los detiene. Para que esto funcione, se tiene que cambiar el Código Penal, para que los delitos no sigan ocurriendo. Son nuestras autoridades y legisladores los que tienen que poner atención en ésto y generar un cambio", aseguró.

El Tribunal Ambiental de Valdivia condenó a tres hermanos a reparar el daño ambiental causado por la explotación ilegal de un pozo de áridos, de aproximadamente 10 hectáreas, ubicado en el fundo Santa Clara de Frutillar.

La demanda fue interpuesta en septiembre de 2016 por los vecinos del pozo, donde solicitaron condenar a los demandados (Jerman José, Manfredo Arnoldo e Iris Inés Kuschel Pohl) por daño ambiental y ordenar medidas que permitieran reparar el medio ambiente.

Tras el análisis de la prueba y medidas para mejor resolver -oficios y peritajes de servicios públicos-, el Tribunal estimó que los hermanos Kuschel Pohl eran responsables del daño ambiental generado por explotar un pozo de áridos sin autorización, decretando la paralización inmediata, el cierre y el retiro de las faenas en curso y ordenando que los condenados adopten diversas medidas que permitan recuperar el ecosistema afectado por la actividad de explotación.

Daños

Entre los daños acreditados por el Tribunal Ambiental de Valdivia se cuentan la pérdida de suelo y de bosques, afectando a especies nativas como ulmo, canelo, coihue, luma, arrayán, entre otras.

La sentencia además establece que la explotación del pozo de áridos constituye un riesgo al medio ambiente, en su componente agua, el que podría resultar contaminado, afectando a los predios colindantes e incluso en el largo plazo podría alcanzar al lago Llanquihue, que es donde descargan las aguas subterráneas.

"La actitud de los demandados es reprochable, pues permitieron la extracción de áridos en contravención -y total desprecio- de las normas de protección ambiental, contenidas en la normativa sobre corte de bosque nativo y de evaluación de impacto ambiental", detalla el fallo pronunciado por los ministros Michael Hantke, Roberto Pastén y Pablo Miranda.

Para garantizar la reparación del medio ambiente, el Tribunal ordenó que los condenados elaboren un Plan de Restauración del sitio de extracción de áridos, que deberá considerar al menos un proyecto paisajístico, adecuación de superficies y taludes, restitución del suelo, cubierta vegetal, cubierta forestal y biodiversidad neta; y un programa de seguimiento al plan.

A pesar de haber sido notificados de la demanda, los integrantes de la sucesión Kuschel no comparecieron al juicio, permaneciendo en rebeldía a lo largo del proceso; siendo además condenados por el Tribunal a pagar los gastos del procedimiento.

En su sentencia, el Tribunal omitió un pronunciamiento de fondo respecto de la demandada Fábrica de Cemento Comprimidos Génesis SpA, por no haber acreditado los demandantes quién sería su representante legal, teniendo a dicha empresa por no emplazada válidamente en la causa.