Nombramiento de jueces I
Más allá de sus desafortunadas palabras sobre supuestas tendencias políticas en la magistratura, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, ha relevado un aspecto clave en la organización de una República democrática: cómo se designan los jueces.
Descontando el mecanismo de nombramiento de ministros de Corte Suprema, la designación de los 1.300 jueces que ejercen en el Poder Judicial responde a una lógica que proviene de la época colonial, prevista para el férreo control vertical y no para garantizar la independencia de la magistratura propia de un sistema democrático.
La dimensión más relevante de esa independencia se expresa en que los jueces a la hora de resolver, están vinculados a la Constitución y la ley, sin esperanza de premios ni acechanzas de represalia. Un escenario en que los controles de la decisión se materializan a través del sistema de recursos, sin perjuicio de la responsabilidad por la que pueden responder en el ámbito funcionario, civil y penal.
Por ello, ambas fases que componen el proceso de designación y que persisten desde la prehistoria de la República (aquella radicada en las Cortes para la propuesta de terna y aquella radicada en el Ejecutivo para la designación final) atentan por igual contra la independencia de la función judicial, en sus dimensiones interna y externa.
Es indispensable que la designación de los jueces se someta a un órgano administrativo de rango constitucional, de carácter plural, con acotadas competencias definidas por ley que proceda a las designaciones primando los criterios de competencia profesional y mérito, transparencia, paridad de condiciones para los oponentes y fundamentación de la resolución definitiva.
Una reforma judicial que comprenda este y otros temas es una tarea modernizadora del Estado de primer orden. Como gremio, estamos disponibles para contribuir técnicamente en la discusión que se desprende de las declaraciones del ministro de Justicia y Derechos Humanos: fortalecer la independencia judicial equivale a mejorar la justicia.
Confiamos en que el interés expresado por el ministro vaya más allá de la opinología y se traduzca en hechos concretos.
Alvaro Flores Monardes, presidente de la Asociación Nacional de Magistrados
Nombramiento de jueces II
La constitución y leyes establecidas son las que determinan cómo se designan los jueces en Chile. En cónclave de la UDI, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, dijo: "Si miran y analizan la estructura de los jueces, se van a dar cuenta que la mayoría de los jueces son de izquierda".
El actual titular de justicia fue partidario de la dictadura, su constitución y defensor de la Colonia Dignidad. En 1979, el ex Presidente Eduardo Frei Montalva, ante la amarga sensación de muchos chilenos, de que no existía justicia para ellos, sostenía: "Los pilares fundamentales de todo orden social, y por supuesto de un orden democrático, es la existencia de tribunales independientes, que sepan ejercitar la justicia, con eficacia y prontitud". "Nada más peligroso para la paz de una nación, que el pueblo pierda la fe en quienes están llamados a administrarla".
Durante el gobierno militar, se dictaminó sanción contra el juez don René García Villegas, por declarar públicamente y con fundamento, de que en Chile se torturaba con impunidad (1988).
Derico Cofré Catril
Nombramiento de jueces III
Lo importante no es si la sensibilidad política de un juez es de izquierda o de derecha, sino que su grado de sujeción -en los casos sometidos a su conocimiento- a la Constitución, a las leyes, y a las pruebas que lleven a la convicción, más allá de toda duda razonable, de que realmente se hubiere cometido el hecho punible objeto de la acusación y que en él le hubiere correspondido al acusado una participación culpable y penada por la ley.
Lamentablemente la mayoría de los jueces que sustancian causas de "violación de DD.HH." fallan contra leyes expresas y vigentes, y sobre la base de presunciones, de consideraciones extralegales o de "ficciones jurídicas" que atentan contra la justicia, contra la verdad y contra el sentido común.
Adolfo Paúl Latorre
VIH
El aumento de los casos de VIH en nuestro país tiene, según mi parecer, dos factores primordiales. Primero, el tabú que aún existe en estos tiempos para hablar del tema en los hogares y segundo, claramente la nula y/o mala entrega de educación sexual en los colegios.
Quedó demostrado que las medidas tomadas por el gobierno, como entregar preservativos en los consultorios, no sirvieron o fueron mal ejecutadas.
Tomás Hennigs Díaz
