Las modificaciones a la Ley de Pesca y lo que eso dice de las miradas sobre la gestión de los recursos pesqueros y acuícolas permanece como un asunto de primer orden en la agenda del gobierno y del Congreso, así como de los actores de la industria, entre ellos los pescadores artesanales y los industriales.
Sobre el futuro de esa ley y de otros asuntos clave para el sector, como los planes para luchar contra la pesca ilegal y la modernización del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), habla Eduardo Riquelme, subsecrerario de Pesca y Acuicultura.
- El senador Manuel José Ossandón presentó hace poco un proyecto de reforma a la Ley de Pesca con foco en la licitación de las licencias pesqueras, su renovación anual y en que tengan un tope de 20 años. ¿Qué le parecen, están en la línea con lo que quiere el gobierno?
- El Presidente Piñera se comprometió a introducir modificaciones a la Ley General de Pesca en distintas materias y eso se va a cumplir. Hemos comenzado escuchando los pareceres e inquietudes de los distintos actores del mundo pesquero. Si hubiéramos empezado enviando inmediatamente un proyecto de ley que reforma la Ley de Pesca, se hubiera dicho que estamos legislando entre cuatro paredes. No podemos comprometernos en un plazo, pero esa promesa se va a cumplir dentro de este año y más pronto de lo que se piensa. Además de la modificación a la Ley de Pesca, tenemos otros desafíos legislativos, fundamentalmente lo que tiene que ver con la tan anhelada Ley Bentónica. Tenemos que dictar el reglamento de la Ley de Caletas, muy esperado de parte de la pesca artesanal, ya que facilita la tramitación para que los sindicatos de pescadores puedan desarrollar programas productivos en las caletas. Y está pendiente la implementación del Indespa, para distribuir de manera transparente diversos recursos que están segmentados en fondos para promover la pesca artesanal.
- En el contexto de la reforma a la Ley de Pesca, el ministro de Economía, José Ramón Valente, ha planteado que es probable que pidan un nuevo informe, que se sumaría al que ya existe de la FAO. ¿En qué tipo de informe están pensando exactamente y en qué plazos?
- Hay que hacer una distinción importante. En el tema de la modificación a la Ley de Pesca hay exigencias de corto plazo y de largo plazo. Lo que no puede ocurrir es que las exigencias de corto plazo impidan la mirada larga acerca de los desafíos de la pesca y la acuicultura en Chile. Tampoco podemos permitir que esa mirada larga sea un obstáculo para cumplir prontamente las promesas que formuló el Presidente Piñera. Existen dos velocidades. Lo que ha señalado el ministro Valente se engarza con una mirada de largo plazo; tenemos que salir un poco de la coyuntura y hacernos cargo de muchas de las recomendaciones que formuló la FAO, muchas de las ideas que están en nuestro programa de gobierno y también de las inquietudes que la pesca artesanal, la pesca industrial y otros actores del mundo pesquero y acuícola han formulado. No hay una definición concreta de un informe, pero de modo alguno vamos a pedir un informe, como ocurrió en el gobierno anterior, que tardó dos años para retrasar el cumplimiento de la promesa presidencial. Nosotros vamos a cumplir la promesa presidencial en el corto plazo, pero eso no será un obstáculo para que fijemos los desafíos del futuro. Así como existe la FAO en el ámbito de la pesca existe la OCDE en el ámbito de la pesca.
- ¿Hay algún modelo de gestión de los recursos pesqueros al que el gobierno le preste especial atención?
- Chile es un país totalmente pionero en el ámbito de la pesca, tenemos 4 mil 500 kilómetros de pesca, una ley que tiene cosas buenas y cosas malas. Lo que vamos a hacer es mantener las cosas buenas y corregir las cosas que hay que corregir. No tenemos un modelo especial a seguir porque Chile ha sido un modelo, tal como señala el mismo informe de la FAO. El informe determina una cuestión muy importante: hasta antes de la Ley de Pesca, la determinación de las cuotas de extracción era de naturaleza política; desde la Ley de Pesca, la determinación de las cuotas está entregada a comités científicos sobre la base de informes técnicos. Esto no impide que podamos perfeccionar la ley para hacerla más eficiente, más rigurosa, para conjugar los principios generales: la pesca sustentable, la mantención del ecosistema marino y la actividad económica.
- Hay un proyecto en trámite legislativo para la modernización de Sernapesca. ¿Qué quiere hacer el gobierno en términos de la modernización de ese servicio?
- Es un proyecto muy importante porque, conjuntamente con modernizar Sernapesca en cuanto a la entrega de facultades fiscalizadoras y mejorar las condiciones de los fiscalizadores, que muchas veces se llevan la peor parte, tipifica el delito de pesca ilegal para aquellos recursos que se encuentren en veda o régimen de agotamiento y para la que se produce en las áreas de manejo, como robos de productos. Tenemos que conjugar la sustentabilidad de los recursos y proteger a las personas que, de manera ordenada, cumplen con sus cuotas, tienen sus áreas de manejo y que muchas veces son afectadas en sus derechos a través de la violencia. Le hemos puesto urgencia a este proyecto, que lleva en tramitación tres años. Nos parece muy importante perseguir no sólo al que hace la extracción ilegal, sino también, quizás de manera más intensa todavía, a aquel que comercializa y posee estos recursos.
- ¿Qué receptividad tiene este proyecto en la actual oposición?
- Comenzó a tramitarse en el gobierno anterior, fue impulsado por el gobierno anterior, fue apoyado por distintos sectores políticos de la entonces oposición y actual gobierno y, por lo tanto, no hay un conflicto gobierno-oposición. El mar no tiene color político y los conflictos de la pesca artesanal no están fraccionados en gobierno-oposición. Hay distintas miradas, pero no vinculadas a la dinámica gobierno-oposición.
- En suma, ¿cuáles son los principales ejes de acción de la estrategia para el combate a la pesca ilegal?
- Intensificar las fiscalizaciones, socializar ante la opinión pública la gravedad de la pesca ilegal, apurar la tramitación legislativa para crear los delitos y, de esa manera, otorgar competencias al Ministerio Público para que, con todas las herramientas de la persecución penal, se pueda atacar este flagelo. Fundamentalmente poner este tema en el primer lugar de la agenda pública. Queremos desarrollar un plan de tolerancia cero contra la pesca ilegal.
