La defensa del ex Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, continúa negociando las condiciones de una posible entrega, luego de que el ex Mandatario decidiera no acudir voluntariamente a la Policía en el plazo dado, el pasado jueves, por el juez federal Sergio Moro para cumplir en prisión su condena de 12 años y un mes por corrupción y lavado de dinero. Da Silva ha permanecido atrincherado en la sede del Sindicato de Metalúrgicos de Sao Bernardo do Campo, su cuna política, desde el pasado jueves.

"Lula estaría negociando por medio de intermediarios", señaló ayer una fuente del Partido de los Trabajadores, que también admitió que Da Silva estaría dispuesto a entregarse "aunque tal vez no ahora".

Oculto en el partido

La presidenta del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, Gleisi Hoffmann, afirmó ayer que el ex Presidente no ha incumplido la orden judicial del juez Moro: "A él (Da Silva) le fue dada por el juez la opción de ir a Curitiba a entregarse y él no ejerció esa opción".

"El está aquí, en la sede del sindicato (de Metalúrgicos de Sao Bernardo do Campo), que es un lugar público. Todo el mundo sabe dónde está y aquí permanecerá junto con la militancia", agregó Hoffmann a la prensa, que sigue expectante cada movimiento que ocurre en Brasil con el ex Presidente, condenado a 12 años de cárcel.

La presidenta del PT contó, incluso, que hoy en la mañana se realizará una misa en las dependencias del sindicato en homenaje a Marisa Leticia, esposa de Lula, quien falleció en 2017 y que este año habría cumplido 67 años.

Postura policial

El presidente de la Federación Nacional de los Policías Federales (Fenapef), Luís Antônio Boudens, manifestó ayer que "las puertas continúan abiertas en Curitiba para el diálogo": "Sí, claro (existe la posibilidad de continuar negociando con la defensa), cuantos menos traumas tenga la ejecución de la orden y cuanto más preservados sean los participantes de la acción mejor, lógico, eso es obvio. Ahí es cuestión de consenso", dijo Boudens a un grupo de periodistas.

Luís Boudens admitió que, tras el incumplimiento de Lula, "van a ser empeñados los esfuerzos necesarios para dar cumplimiento a la orden judicial" porque esta "tiene que ser cumplida", aunque "no a cualquier costo".

"Nuestra meta es evitar enfrentamientos, lógico, y cumplir la decisión de la mejor forma", afirmó el funcionario, quien señaló que el vencimiento del plazo estipulado por el juez Moro aumenta las "dificultades" y más tratándose de un ex Presidente que "envuelve todas esas cuestiones de simpatizantes y contrarios. Es un embrollo muy grande". "Tenemos especialistas para gestionar crisis, negociadores dentro de la Policía Federal que son capaces de realizar este tipo de negociación sin enfrentamientos", dijo Boudens.

últimos recursos

La Justicia de Brasil negó ayer el último recurso de urgencia de habeas corpus presentado por el ex Presidente Da Silva para impedir su entrada a prisión en Curitiba.

Según información entregada ayer por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) en su cuenta de Twitter, la segunda corte del país rechazó el recurso presentado por Lula la noche del jueves para frenar la orden de detención emitida por el juez Moro. El ex Mandatario, condenado en segunda instancia por corrupción en enero pasado, ya había presentado otro habeas corpus al Supremo Tribunal Federal, el cual fue denegado el pasado miércoles.

Da Silva también presentó, ayer en la mañana, una medida cautelar ante el comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para evitar la prisión.

Apoyo político

La senadora uruguaya Constanza Moreira dijo ayer, en entrevista con la radio local El Espectador, que la justicia de Brasil está "contaminada de ilegalidad" al referirse a la orden de detención emitida por el juez Moro en contra de Lula da Silva.

"La Justicia de Brasil está tan contaminada de ilegalidad como todo el proceso brasileño. Cuando estás en una situación de ilegalidad eso contamina todo el sistema y el Poder Judicial", dijo Moreira.

La actual senadora de la coalición de izquierdas oficialista de Uruguay, el Frente Amplio, manifestó que desde el proceso de destitución de la ex Presidenta Dilma Rousseff, iniciado en abril de 2016 mediante una votación en el Parlamento, la democracia brasileña está "secuestrada".

"El autoestima brasileña esta súper dañada por muchas cosas, entre ellas la impunidad de los actores centrales de la democracia", aseguró en la entrevista.

Respecto a Sergio Moro, Moreira indicó que "es un juez hiperpolítico" y manifestó que "el Poder Judicial está sometido a la presión, a la opinión publica y a los poderes públicos".

Para la senadora oficialista de Uruguay, la condena emitida por Moro tiene la finalidad de "cercenar" la posibilidad de que Lula sea elegido presidente en las próximas elecciones de octubre y de restarle la "capacidad de convocatoria y movilización que tiene en este momento".

En Argentina, en tanto, el bloque de diputados de la agrupación política Movimiento Evita presentó ayer un proyecto de resolución para que la Cámara Baja repudie la "proscriptiva decisión judicial" que ordenó la detención del ex Presidente brasileño. El escrito, según concretó la formación política en un comunicado, también fue presentado en la embajada de Brasil en Buenos Aires.

Los legisladores exigen que "se garanticen las condiciones para un justo y democrático proceso electoral" y condenan "las proclamas militares sediciosas que condicionaron al Poder Judicial bajo amenaza de Golpe de Estado". El proyecto presentado remarca que "el encarcelamiento sin condena firme del principal candidato opositor y la violencia política registrada estas semanas obliga a los diputados y diputadas de la Nación argentina a levantar la voz en defensa de la democracia y del pueblo brasileño".