Al participar de la inauguración del año académico de la Pontificia Universidad Católica, el ministro de Educación, Gerardo Varela, rechazó que existan "prejuicios" respecto de que la actividad del Estado tenga "superioridad moral" en el avance del bien común sobre la actividad privada.

El secretario de Estado salió al paso de "dos prejuicios que amenazan el desarrollo de instituciones como la PUC". El primero de ellos, afirmó la autoridad, es "decir que los intereses privados serían incompatibles con los intereses públicos". Según él, "a la luz de la evidencia no es real, pero el temor a las redes sociales o a la prensa amarilla parecen habernos intimidado tanto que nos quedamos callados".

"solidaridad" privada

La segunda amenaza, agregó Varela, dice relación con que "es un prejuicio que el Estado y su actividad tuviesen una superioridad moral o preeminencia en el avance del bien común sobre la actividad privada". Para el jefe del Mineduc, "debe haber una necesaria solidaridad privada".

Nueva normativa

Respecto de la implementación de la nueva Ley de Educación Superior, Varela aseguró que "lo haremos sin sesgos ni prejuicios, pero tampoco con complejos". Lo anterior, graficó, "significa que una vez que la apliquemos a la realidad, estaremos dispuestos a modificar, sustituir o complementar lo que sea necesario".

Varela se refirió a su decisión de presentar un nuevo proyecto que reemplace al que pone fin al Crédito con Aval del Estado (CAE) y no modificar el que fue formulado por la administración anterior. "Quisiera que se entendiera como un reemplazo por un proyecto mejor. Mejor financiado, más solidario y que está en línea con nuestro programa", dijo el secretario de Estado.

El titular de esa cartera agregó que "lo crucial no es que se haya retirado o no el proyecto, sino qué va a pasar en los próximos tres meses. Nosotros hemos insistido en que tiene que ser muy similar al Fondo Solidario, sin presencia de la banca, con un pago contingente al ingreso, con máximos y periodos de gracia para los egresados".

Modernización y fortalecimiento de las policías, sistema de inteligencia del Estado, seguridad pública con mayor fiscalización, control de armas y mejorar la coordinación entre los actores del sistema de persecución penal son los ejes de la labor de la comisión de trabajo por la seguridad, cuyas actividades comenzaron ayer tras la convocatoria del Presidente Sebastián Piñera.

El Mandatario agradeció la participación de todos los que se sumaron a la cita, que se reunirán todos los días lunes a las 16 horas en La Moneda.

"Hemos recibido muchas buenas ideas esta mañana de este grupo y les quiero agradecer muy sinceramente a sus miembros las ideas que han aportado y lo que van a aportar durante los próximos 90 días", expresó el Jefe de Estado.

El plazo

El Mandatario explicó que "nos hemos fijado un plazo de 90 días para tener el primer informe de este grupo", aunque aclaró que "algunas secciones pueden ser informadas de forma anticipada".

"Por eso, quiero agradecer a todos los miembros, pero estoy seguro que todos ellos sienten que están cumpliendo con un deber, el deber del Estado, de la sociedad, de devolverle a la sociedad chilena su derecho a vivir con más seguridad, con mayor paz y con más tranquilidad", aseguró Piñera.

Los alcances

En una minuta del Gobierno sobre los lineamientos del trabajo de la comisión se enfatiza que la tecnología debe estar al servicio de esta tarea para reducir ciertas labores accesorias que "actualmente distraen la labor de los policías y fiscales".

En este sentido, propone como ejemplo analizar la incorporación de la denuncia por vía electrónica, la eliminación de la toma de alcoholemia e instalación masiva de fotorradares en las carreteras urbanas e interurbanas del país. A ello se suma la inclusión de lectores de patentes; drones para cubrir zonas de alta concurrencia en las ciudades, especialmente los barrios más complejos, y cámaras de reconocimiento facial, para la búsqueda de prófugos de la justicia.

El ausente

Si bien el PS decidió restarse de estas instancias, sí estuvo presente el alcalde de Pudahuel, el socialista Johnny Carrasco. Desde la oposición también se sumaron a la comisión el PPD Felipe Harboe; el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp (Movimiento Autonomista); y cuatro militantes DC: la ex candidata presidencial Carolina Goic, el ex ministro del Interior Jorge Burgos, el diputado y jefe de bancada Matías Walker, y la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro. Quien no asistió a la actividad fue el senador José Miguel Insulza (PS). "Creo que era importante que estuviéramos", comentó Insulza en radio Agricultura. "A estas alturas el Panzer no debiera pedir permiso", comentó el Presidente Piñera por la ausencia del senador opositor.

"Si hay un partido que se margina de esa forma e impide que una de sus figuras importantes (...) los chilenos sabrán formarse una opinión sobre la situación del PS", advirtió el ministro del Interior, Andrés Chadwick. "Lo siento, porque creo que él (Insulza) es un aporte fundamental, fue ministro del Interior, sabe y pudo haber sido un aporte. No hay que confundir, nadie está vendiendo ni arrendando nada", precisó el alcalde de Pudahuel, Johnny Carrasco (PS). Consultado por las críticas de sectores del Frente Amplio a su participación, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, comentó que "si es 'cocina' o no va a depender de aquellos que formamos parte de un espacio de estas características".