Vicente Pereira Parra

El senador Iván Moreira confirmó que apoya la solicitud de la presidenta de su tienda, Jacqueline van Rysselberghe, al Presidente Sebastián Piñera, de que no "sea proactivo" en la discusión y en presentar algún tipo de discusión al proyecto de Identidad de Género.

La razón de Moreira es que se trata de una "iniciativa de izquierda", que no está contemplada en el programa de Gobierno del Mandatario.

La iniciativa ha generado más de un ruido tanto en el oficialismo, como en la oposición.

Es más, desde el Frente Amplio, el diputado (PL) Alejandro Bernales admite que le genera preocupación que un gobierno que repite constantemente que los "niños son primero y que los padres son los principales educadores, se olvide de aplicar estos principios cuando se trata de un niño trans".

Moreira, en cambio, señala que se trata de una ley que no cuenta con su apoyo, que le pertenece a la izquierda y que por eso aboga porque al tratarse de un tema sensible se defina en el Congreso y sin la intervención del Gobierno.

Y si bien reconoce que es un hecho seguro de que la Nueva Mayoría la pueda aprobar, dado que cuentan con los votos para ello en el Congreso, coloca el acento en que se trata de una ley que busca destruir la familia.

Por lo mismo, Moreira la califica como "ley maldita", que nunca contará con su respaldo.

Bernales, por su parte, se pregunta por qué es tan complejo entender que los padres necesitan herramientas para ayudar a sus hijos y que mientras una persona crece, necesita del reconocimiento de su identidad.

Por lo mismo, el representante del distrito 26 en la Cámara Baja, llama a que se tiene que "aprender a mirar con empatía".

Otro foco de discusión en el que Moreira tampoco está de acuerdo, es en la posibilidad de decidir que puedan tener los menores de 18 años.

José Arcos, vocero del Movilh en Los Lagos, explica que para ellos es relevante que en abril se resuelva esta iniciativa que viene del gobierno anterior y que corresponde a un compromiso adquirido por Bachelet.

De hecho, le puso "máxima urgencia", pero ahora la actual administración le dio una urgencia simple, que hará que a fines de abril se pueda resolver.

Detalla que la discusión está centrada en los menores de edad. "Tienen que ser incorporados los niños y adolescentes, porque es una materia que tienen que ver los Tribunales de Familia. Esta ley beneficia a la comunidad trans", destaca.

Arcos recuerda que la Cámara Baja rechazó la indicación respecto a impedir el cambio de sexo legal y registral a los niños y adolescentes.

Arcos espera que se incorpore la indicación de los menores de edad, porque de lo contrario no tiene sentido, ya que son los que más sufren por la discriminación.

Pero en parte del bloque oficial creen necesario el consentimiento de los padres cuando sean los solicitantes sean personas con menos de 18 años.

El alcalde de Puerto Varas, Ramón Bahamonde, reconoció que se han tenido que pagar millonarios montos por concepto de indemnizaciones. Sin embargo, explicó que muchos de estos casos corresponden a juicios que perdió el municipio por desvinculaciones mal realizadas por la administración anterior, del alcalde Álvaro Berger.

Bahamonde cita como ejemplo un caso de un funcionario al que debieron cancelarle 70 millones de pesos, ya que tras ser desvinculado de forma errada demandó al municipio.

Así también, bajo su administración, Bahamonde determinó la salida de funcionarios, ya que no aportaba al buen funcionamiento municipal. "Procedimos decirle a los honorarios que no seguían los contratos y a las contratas aplicar las normas que regían para ellos", puntualizó.

Sin embargo y pese a la explicación del alcalde, el concejal RN Renato Aichele acudió a la Contraloría para que investiguen estos pagos.

En su solicitud, pide a Contraloría que investigue, verifique y situaciones como que "el alcalde ha transgredido abiertamente las disposiciones legales contenidas en los artículos 156 y 157, de la ley 10.336".

Lo que pide el concejal es que se investiguen las desvinculaciones realizadas en un período electoral y en fechas en las que Contraloría ha señalado que no se pueden realizar despidos, ni tampoco trasladados.

El concejal pidió que Contraloría ordene sumarios administrativos, para determinar eventuales responsabilidades al desconocer el instructivo de la Contraloría.

Aichele adjuntó el listado de las personas desvinculadas, las que demandarán y las que no lo harán y que en total suman más de 450 millones de pesos.

Bahamonde reclama que al asumir se encontraron con personas que no cumplían ninguna función productiva e incluso en algunos casos no tenían la formación académica requerida.

Uno de los sitios donde más se vivió esta situación fue en Educación, "donde yo hice entrega el 2012 de un departamento de once personas y recibo con 58, sumado al gasto de arriendo de locales que no se justificaban. Y hoy estamos funcionando con unos 20".