Como "macizo, contundente y demoledor", calificó ayer el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, los argumentos presentados por el equipo chileno ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya, en el cierre de la fase de alegatos orales por la demanda boliviana.

Chile "ha construido un relato basado en la verdad, la justicia y anclado en el derecho internacional. Ha sido un alegato macizo, contundente y demoledor", afirmó el canciller, quien insistió en los argumentos presentados por el agente chileno ante el tribunal internacional, Claudio Grossman, al aseverar que "Chile no contrajo ninguna obligación jurídica de negociar ni menos un acceso soberano al mar para Bolivia".

El ministro aseguró que "las falencias de la argumentación boliviana quedaron hoy al descubierto: Bolivia no ha sido capaz de precisar el momento de la creación ni el contenido de la obligación" de negociar una salida soberana al Pacífico.

"La inconsistencia de sus argumentos es clara como el agua y también es claro que Bolivia no vino a esta Corte a buscar una solución, sino obligar a negociar a perpetuidad hasta que haya cumplido su obsesión de obtener territorio soberano chileno", manifestó antes de partir a una videoconferencia con el Presidente Sebastián Piñera.

El cierre del agente

Grossman comenzó su intervención ante los magistrados de la corte asegurando que "Bolivia ha presentado un caso de hipérbole y distorsión", y que además "ha presentado a Chile como el que asfixia a Bolivia, como el carcelero de la población boliviana".

El abogado experto en derecho internacional aludió a lo expuesto por la abogada francesa Monique Chemillier-Gendreau, integrante de la defensa boliviana, quien argumentó que "al enclaustrar a Bolivia en medio del continente, (...) Chile asume el personaje de un carcelero de un pueblo cautivo".

"Chile rechaza estas falsas caracterizaciones y recuerda que ha sido Bolivia quien ha llevado a Chile ante la Corte. No se puede hablar de asfixia (...) No hay muro entre Chile y Bolivia, no hay ningún muro entre Bolivia y el Océano Pacífico; no hay muros tampoco entre Bolivia y sus otros vecinos: Perú, Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay", respondió Grossman.

"Bolivia no está encarcelada; desde luego no está encarcelada por Chile. Yo sé cómo son las cárceles y esto no es una cárcel. Estas palabras nos ofenden nacional, profesional y personalmente", agregó el agente, quien aseveró que Chile "ha sido y continúa siendo un vecino cooperativo y amistoso".

Supuesto perjuicio

Grossman también respondió al alegato boliviano, quien aludió al perjuicio económico y social que supone su falta acceso soberano al mar.

"Bolivia es un tercio más grande que Chile continental y un país rico en recursos naturales, que tiene acceso al Océano Pacífico a través de Chile y de Perú, y acceso al Atlántico a través de aguas y puertos de sus países vecinos" (...) En la actualidad, Bolivia tiene una de las tasas de crecimiento de Producto Interno Bruto más elevadas de los países latinoamericanos", dijo al respecto.

Sin obligación a negociar

Grossman argumentó que no ha existido nunca una obligación legal a negociar una salida soberana al Pacífico. "No hay y nunca ha habido una obligación legal que obligue a Chile a negociar el acceso soberano al mar para Bolivia, ya sea ésta una obligación de conducta o de resultado", sostuvo.

La sesión comenzó con el abogado Harold Hongju Koh, quien aseguró que Bolivia no ha aclarado "a partir de cuándo surgió esa obligación", a pesar de que La Paz interpuso su demanda hace cinco años. Bolivia, en tanto, ha dicho que ese compromiso habría surgido a lo largo de los últimos cien años, a través de notas diplomáticas, contactos y negociaciones directas.

Pedro Díaz P.

Director de la Escuela de Administración Pública, UACh, desde Holanda

En la última jornada de alegatos ante Corte Internacional de Justicia, el Agente chileno solicitó al Alto Tribunal que se rechace toda la demanda boliviana. Para ello, el equipo jurídico nacional se enfocó en establecer que la defensa boliviana estuvo plagada de imprecisiones y ambigüedades. Los abogados internacionales de Chile buscaron establecer que Bolivia no pudo probar, ni en la memoria, ni en la réplica, ni tampoco en los alegatos, que nuestro país alguna vez estuviera obligado a negociar, ni tampoco que esa eventual obligación todavía exista y, menos que Chile haya violado esa eventual obligación. En esencia, y según la posición nacional, Bolivia no pudo señalar el momento preciso en el que naciera esa obligación, ni tampoco el contenido de ésta y su naturaleza, es decir, si es una obligación que nace por algún acuerdo tácito, por algún acto unilateral, o bien por derecho internacional general u otro acto capaz de generar obligaciones jurídicas.

Posteriormente, el equipo jurídico nacional intentó evidenciar como un absurdo la demanda boliviana, configurándola como un reclamo que nace no sólo de actos que buscan demostrar una continuidad y una acumulación de conductas sino también de consideraciones erradas, como por ejemplo aquella que dice que las obligaciones de Chile también nacen de las resoluciones de la Asamblea General de la OEA y del derecho internacional general. En estos dos últimos puntos, Chile se mostró contundente y claro, negando con sólidos argumentos que las resoluciones de la Asamblea General de la OEA tengan el carácter de vinculante y que el artículo 3.2 de La Carta de Naciones Unidas configure una obligación jurídica de los Estados a iniciar negociaciones.

Por otro lado, el equipo jurídico nacional enfatizó en lo establecido por La Corte Internacional de Justicia cuando leyó el fallo en la excepción preliminar y por el cual señaló que no corresponde a La Corte predeterminar el resultado de una eventual negociación. Con esto, se buscaba establecer, acertadamente, que la demanda boliviana excedía el ámbito de decisión del Alto Tribunal, espacialmente cuando el reclamo señala la necesidad de alcanzar "una salida soberana al Océano Pacífico". También se puso fuerza en lo relativo a los alcances de una negociación y su impacto en la diplomacia. Al respecto, Chile defendió correctamente también aquella la posición que refrenda su derecho a finalizar las negociaciones cuando éstas se han llevado a cabo de buena fe y no generaron resultados positivos. En ese contexto, se acusó a Bolivia de frustrar algunas de las negociaciones mencionadas en los alegatos, evidenciándose una mala fe por parte de Bolivia al pretender perpetuar las negociaciones hasta que éstas satisfagan completamente sus intereses.

En resumen, Chile logró probar que la mayoría de los argumentos bolivianos son instrumentales a su causa y no encuentran un sustento jurídico en el derecho internacional. Sin embargo, Chile no tuvo la misma fuerza a la hora de deslegitimar el valor de los actos unilaterales, del silencio y la aquiescencia que se le imputan. Lo anterior, significa haber dejado una ventana abierta para que La Corte Internacional pueda jurídicamente determinar que Chile sí está obligado a negociar.