Cuatro lesionados de distinta índole, dejó la riña que tres jóvenes internados en el Centro Cerrado del Servicio Nacional de Menores (Sename), protagonizaron ayer en la tarde en el recinto que está en el acceso norte a Puerto Montt.

La riña ocurrió alrededor de las 15 horas, y las razones son desconocidas, pero sujetas a una indagatoria penal y administrativa.

Dos adultos y dos menores (dos de 18 años y uno de 17) sacaron armas cotopunzantes, tras una discusión y se hirieron mutuamente. Todos fueron trasladados en ambulancias al Servicio de Urgencia del Hospital. Uno de ellos habría evidenciado una lesión compleja.

Junto a las autoridades del Sename, al lugar también arribaron personeros de Gendarmería, y Carabineros de la Quinta Comisaría.

El director regional (s) del Sename, Víctor Argandoña, dijo que la riña fue originada por jóvenes que están cumpliendo condena en el centro cerrado.

Clases

Explicó la autoridad que los tres jóvenes recibieron heridas cortopunzantes y fueron trasladados conscientes al Hospital de Puerto Montt, donde se aplicaron los protocolos, iniciándose la investigación.

"Según lo que nosotros tenemos, la riña se inició antes que comiencen las clases, donde se juntan varios grupos de distintas secciones. Se usaron elementos cortopunzantes de elaboración manual por parte de los mismos jóvenes", adujo.

El director regional (s) del Sename agregó que "hace mucho tiempo que no ocurrían este tipo de situaciones y ello es parte de la investigación interna y externa, ya que estos hechos fueron denunciados a Carabineros. Un funcionario recibió una lesión en su mano, y se encuentra en buenas condiciones, porque la herida es de carácter leve", aseguró.

Respecto a la posibilidad que los jóvenes mayores de edad sean trasladados a un recinto penal para adultos, Argandoña indicó que ello aún tiene que ser evaluado.

"Las secciones están tranquilas y funcionando con normalidad. Se tiene que evaluar lo ocurrido y una vez que se tenga claridad, se puede pedir que estos jóvenes (mayores de edad) continúen cumpliendo sus condenas en un recinto de Gendarmería", manifestó.

Marcelo Galindo Gallardo

Cuatro fiscales en ejercicio y otros tres retirados de las labores persecutoras, se tomarán por espacio de dos semanas el juicio oral llevado adelante por el Ministerio Público contra el abogado Sergio Coronado, por los presuntos delitos de abuso contra particulares y apremios ilegítimos.

Aunque se trata de una investigación que se lleva adelante desde el 2012, es un hecho que derivó de otra indagatoria que hasta el momento no ha podido ser aclarada, pese a las pruebas existentes en el conocido caso de desaparición de Mariela Barra en La Vara en julio de 2011.

La sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puerto Montt está compuesta por los jueces Francisco del Campo, José Bustos y Andrés Villagra, presidente de sala.

Siete intervinientes componen la parte acusadora, mientras que Coronado utiliza su investidura de abogado, pero en su defensa actúa el penalista Tulio Arismendi.

Los antecedentes de este juicio oral, que se podría extender entre 10 a 15 días y donde estarán presente alrededor de 100 personas, entre testigos y peritos, indica que declararán todos los fiscales y ex fiscales que en ese entonces se desempeñaban en el Ministerio Público de Puerto Montt.

Se trata de los ex fiscales Mauricio Flores, Rodrigo Tejos y Claudia Pino y los persecutores que aún trabajan en la Fiscalía Pamela Salgado, Miriam Pérez, Daniel Alvarado, Marcelo Maldonado y los funcionarios de la entidad persecutora.

La acusación es presentada por el Ministerio Público, y se sumaron el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (Indh).

Testigo

El fiscal regional de La Araucanía Cristián Paredes es quien llevó adelante la indagatoria, y de acuerdo al persecutor, se trata de hechos gravísimos, relacionados con un caso de derechos humanos.

Para el abogado, la investigación y persecución penal que desarrolla la Fiscalía, se tiene que hacer siempre con respeto a los derechos esenciales y consagrados en la constitución y tratados internacionales. Este hecho se torna grave, de acuerdo al representante del Ministerio Público de la Región de La Araucanía, porque afecta a personas que se encuentran en una situación de precariedad cultural, económica y social.

"El imputado habría amedrentado psicológicamente a una testigo en el marco de una investigación por presunta desgracia, conminándola a cambiar una declaración bajo amenaza de quitarle a sus hijas y enviarlas a un hogar del Sename. El 15 de abril (2012), en horas de la mañana, cita a una mujer y en horas de la tarde llevan al Ministerio Público a un hombre que revestía carácter de sospechoso y es mantenido en dependencias de la Fiscalía por un lapso superior a las 24 horas", manifestó.

En este tiempo, el testigo, en esa oportunidad, Miltón Hernández (alías "Pitufo"), habría sido sometido a apremios ilegítimos.

Protocolo

Tulio Arismendi, abogado defensor del ex fiscal Sergio Coronado, dijo que más que prueba acusatoria lo que existe es una prueba exculpatoria.

"Le voy a dar un par de ejemplos. En el caso del señor (Milton) Hernández se sostiene haber sido objeto de tortura; sin embargo, la prueba específica que pudiese acreditar ese delito que es el protocolo de Estambul que está acompañado en la causa, nos demuestra que el señor Hernández nunca fue sometido a ningún tipo de torturas, y esa es la conclusión. Después, le puedo señalar que la investigación administrativa del Ministerio Público exculpó al señor Coronado de estas circunstancias y otros antecedentes, pero en concreto hay una falta de prueba brutal en esta causa respecto a los hechos que nos convocan".