Con sorpresa, recibieron los productores de leche, la baja de $ 16 en la tarifa que Prolesur pagará por cada litro de leche fresca que compre a los agricultores de la región. Ante este anuncio, que comenzaría a regir a partir de este viernes 16, el presidente de Fedeleche, Rodrigo Lavín, expresó su desaprobación, ya que no lo ven como una buena señal, ni tampoco advierten razones que justifiquen esa baja. "Como gremio estamos preocupados", por los efectos que podría ocasionar entre productores asociados.

Sin embargo, afirmó que están procurando acercamientos con la productora "a efectos de conocer de manera formal los motivos por los cuales toma una determinación tan inesperada", manifestó.

Lavín hizo notar que esta rebaja ocurre en un momento difícil para la actividad, ya que "se conoce justo en momentos en que durante 2017, la producción nacional bajó a su menor nivel desde 2009, lo que encadena tres años consecutivos en terreno negativo". La recepción de leche en las plantas procesadoras tuvo saldos negativos de 4,4%, en 2015; 2,4 % (2016) y 1,4 % (2017).

Más importaciones

A esa situación, el líder de Fedeleche añadió otro dato: "Prolesur, filial de la neozelandesa Fonterra, fue la que más importó productos lácteos durante 2017. En Chile, creció sólo marginalmente (1,4%) en recepción de leche fresca durante el mismo ejercicio", aseveró.

A su juicio, la compañía, con presencia en Los Lagos y Osorno, además de Temuco, estaría revelando sus próximos pasos. "¿Prolesur quiere leche nacional o se está poniendo el parche antes de la herida, para justificar una mayor alza de las importaciones? Esa pregunta se hacen muchos de sus productores por estos días", dijo.

Sin embargo, el timonel de Fedeleche dijo confiar en una eventual reversión de la medida. En tanto, otros compañías con igual relevancia en el mercado, anunciaron a sus proveedores de leche fresca que mantendrán las condiciones de compra durante el período.

Lavín, quien también es vicepresidente de Agrollanquihue, dijo compartir el rechazo de esa asociación gremial lechera de la provincia, en cuanto a que este tipo de ajustes a la baja, desincentivan la producción local, además que debilitan la posición de los productores primarios y su aporte a la economía regional, en la que "son motor de desarrollo relevante para la comunidad".

La ministra de Medio Ambiente, Marcela Cubillos, confirmó ayer que el Gobierno se restará del proceso de conciliación sobre el proyecto minero portuario Dominga, que comenzó ayer en Antofagasta. La decisión, según la secretaria de Estado, se tomó porque La Moneda consideró que el proceso "no contribuye a fortalecer la institucionalidad" del país.

De esta forma, ahora resta esperar el fallo del Primer Tribunal Ambiental respecto del futuro del proyecto, que sería dado a conocer el 30 de marzo.

La conciliación

Ayer se dio inicio a la audiencia de conciliación convocada por el Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta, luego del recurso de reclamación presentado por la empresa Andes Iron -a cargo de la iniciativa- en contra de la resolución del Comité de Ministros que rechazó el proyecto minero.

La ministra Cubillos explicó que ayer se presentó un escrito ante ese tribunal señalando que "sin perjuicio de las facultades que son propias de este tribunal, mi representada estima necesario que en este caso exista un pronunciamiento jurisdiccional, debido al tenor de las materias reclamadas, que dicen relación principalmente con la legalidad de un acto administrativo enmarcado en el proceso de evaluación ambiental". Y agregó: "No contribuye a fortalecer la institucionalidad, que es tarea primordial del Gobierno, entrar al final del proceso, en una negociación directa con la empresa Andes Iron".

Opción del ejecutivo

Con esta decisión, La Moneda estima que la ilegalidad de un acto administrativo -que es lo que alega Andes Iron- hace necesario un fallo del tribunal sobre la materia y no una conciliación, lo que puede "terminar agregando más incertidumbre a todo el proceso".

Cubillos recalcó que el Gobierno considera que los procesos de evaluación ambiental tienen falencias, como la demora en su rechazo o que la aprobación no sea definitiva. Según ella, el Gobierno optará por la corrección de esas debilidades por la vía legal.

Visión empresarial

El presidente de la Sofofa, Bernardo Larraín, aseguró que "no parece razonable que esa conciliación tenga relación con materias cuando un titular demanda ilegalidad de un acto administrativo (del Comité de Ministros). Aparentemente lo que sostuvo el Servicio de Impacto Ambiental es que se abstenía de participar en esta conciliación precisamente porque estimaba que el titular estaba reclamando una ilegalidad de un acto administrativo, respecto de lo cual no cabe una conciliación", agregó Larraín. Para el presidente de la Sofofa, "esta es una oportunidad de dar una señal para el desarrollo de proyectos de inversión como el de Dominga y otros".

Dominga fue rechazado, en agosto de 2017, por el Comité de Ministros por los votos en contra de los ministros de Salud, Agricultura y Medio Ambiente. A favor del proyecto minero-portuario se pronunciaron los titulares de las carteras de Energía y Minería.