Stephanie Ríos Molina

La Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó ayer una orden de no innovar presentada por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), recurso que buscaba suspender la aplicación del protocolo del Ministerio de Salud (Minsal) que regula la objeción de conciencia personal e institucional en casos de interrupción del embarazo en tres causales.

Los ministros Mario Rojas y Alejandro Rivera, junto al abogado Sebastián Hamel, desecharon la petición de la casa de estudio.

Recurso presentado

La casa de estudios presentó, la semana pasada, un recurso de protección contra el Minsal, declarado admisible por el tribunal de alzada capitalino, por normas que consideró "arbitrarias e ilegales" sobre el aborto y su realización, ocasión en la que consideraron que la disposición de la cartera era inconstitucional ya que, a su juicio, el protocolo limita al hospital clínico de la universidad para poder invocar la objeción de conciencia institucional en la ley.

En paralelo, la Universidad Católica interpuso una orden de no innovar, para que su aplicación fuera suspendida hasta que la corte decidiera si acogía o no el recurso interpuesto, el cual fue rechazado ayer.

El recurso de la PUC señalaba que "el hecho de obligarle a practicar abortos en sus centros asistenciales, para luego reconocer que efectivamente contaban con el derecho a objetar, no podrá revertir los abortos que hubiesen podido realizarse".

ley de despenalización

La ley de aborto en tres causales fue promulgada el pasado 14 de septiembre del 2017 por la Presidenta Michelle Bachelet.

Ante el fallo resuelto por la Corte, el jefe de Asuntos Jurídicos de la Universidad Católica, Juan Esteban Montero, afirmó a la prensa asistente que "es bastante decepcionante esta resolución, ya que simplemente se denegó. Lo que nos deja tranquilos es que no afecta para nada el recurso. Este ya fue declarado admisible y sigue hacia delante".

"Frente a esta resolución del tribunal, nosotros vamos a presentar un recurso de reposición, que es lo que cabe en Derecho. Esperemos que la Corte lo reconsidere", agregó el portavoz de la PUC.

Explicación pendiente

Como el recurso de protección fue declarado admisible en primera instancia, el Ministerio de Salud deberá emitir un informe a la Corte de Apelaciones explicando los criterios del protocolo de objeción de conciencia.

Ayer fue dado de alta Alejandro Pirul (9), menor que aún se mantenía hospitalizado tras el accidente en Mendoza que protagonizó el bus que lo trasladaba a Paraguay junto a sus compañeros de la escuela Colo Colo Lo Boza. El menor, uno de los 34 sobrevivientes, estaba internado en la Clínica Las Condes, recinto donde fue trasladado en helicóptero debido a su gravedad tras regresar a Chile desde Argentina, el jueves pasado. El jefe de la UTI Pediátrica, Cristián Valverde, indicó que Pirul "está en muy buenas condiciones" y que "probablemente va a quedar sin secuelas (...) un par de semanas va a tener un reposo importante en su hogar".

Un nuevo sondeo de Plaza Pública Cadem, realizado a 731 personas (514 vía telefónica y 217 en entrevistas presenciales) entre el miércoles 7 y el viernes 9 de la semana pasada, reveló que el 68% está a favor de la eutasania (muerte asistida), tres puntos más en comparación a julio del 2017 y 11 puntos más desde noviembre de 2014, mientras que un 65% apoya que se restablezca la sentencia de pena de muerte en el Código Penal. En relación a los derechos de las parejas del mismo sexo, un 58% está de acuerdo en que puedan contraer matrimonio versus un 37% en desacuerdo, mientras que un 42% apoya que puedan adoptar hijos, versus un 51% de los encuestados que está en desacuerdo. Respecto a temas políticos, la encuesta Cadem reveló que un 39% de los chilenos aprueba la gestión de la Presidenta Michelle Bachelet, mientras que un 48% la desaprueba; y un 55% cree que al próximo Gobierno de Sebastián Piñera le irá "muy bien" o "bien".

Enviado por el Papa para indagar caso Barros se juntará con Laicos

El próximo 20 de febrero llegará a Chile el arzobispo de Malta, Charles Scicluna, designado por el Papa Francisco para venir al país a escuchar los testimonios que acusan al obispo de Osorno, Juan Barros, de encubrir los abusos sexuales perpetrados por su mentor, Fernando Karadima.

Hasta el 23 de febrero, Scicluna tendrá diversas reuniones en el marco del caso, sobre todo con los principales denunciantes: Juan Carlos Cruz, José Andrés Murillo y James Hamilton.

Ayer, la agencia de noticias AP reveló que el arzobispo de Malta también tiene prevista otras reuniones con otras agrupaciones que se opusieron a la designación de Juan Barros como obispo de Osorno en el 2015. Entre ellos están la organización Laicos de Osorno y un grupo de sacerdotes de la diócesis, según un correo electrónico del Vaticano, al cual accedió AP. Según el vocero de Laicos de Osorno, Juan Carlos Claret, sólo darán "puntos generales" del asunto a Scicluna.

Tras el fallo de la Corte ayer, la presidenta del Colegio de Matronas, Anita Román, reiteró sus críticas a la objeción de conciencia perseguida por la Pontificia Universidad Católica, afirmando que ésta "es personal y no institucional". "Lo que tiene que hacer la UC es decir que tiene objetores y si tiene un 100% de sus médicos de objetores, debe decirle a la autoridad que no pueden hacer la acción porque no tiene médicos disponibles", dijo Román, quien agregó que "luego, y a conciencia, la universidad debe decir que tiene todas las facilidades para el traslado de estas mujeres".

El Juzgado de Garantía de Rancagua rechazó ayer la solicitud de la defensa de Natalia Compagnon, esposa de Sebastián Dávalos, y mantuvo la incautación de dos vales vista avaluados por un monto de $181 millones de la empresa Caval.

La nuera de la Presidenta Michelle Bachelet no asistió a la audiencia en la Sexta Región, cuya finalidad era definir el destino de dineros confiscados.

Decisión del tribunal

Los documentos fueron entregados al Tribunal en el año 2016, con el fin de cubrir impuestos impagos u otros perjuicios al Fisco que pudieran surgir en el marco de la controversial investigación. Tiempo después de que esta indagatoria fuera cerrada, el abogado defensor de Compagnon, Antonio Garafulic, solicitó la restitución. La petición de la defensa de la esposa de Sebastián Dávalos, sin embargo, fue denegada por el juez Héctor Benavides.

La millonaria suma iba a quedar bajo la tutela de la Fiscalía, el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Consejo de Defensa del Estado (CDE) para el pago de las operaciones de Caval y para cubrir eventuales perjuicios fiscales que surgieran durante la investigación del caso.

A la audiencia de ayer en Rancagua asistieron los abogados Antonio Garafulic y Carlos Fierro, defensores de la nuera de la actual Mandataria. También acudió Mauricio Valero, socio de Natalia Compagnon, junto a su abogado, Felipe Jiménez. Por el Ministerio Público concurrió el fiscal Sergio Moya.

El caso y posible salida

En el caso Caval aún se indaga la arista abierta tras la querella por estafa presentada por el empresario Gonzalo Vial Concha.

Para el 5 de marzo, además, está fijada la audiencia de preparación del juicio oral en la causa principal, esto es, por la venta de los terrenos de Machalí, en la Región del Libertador Bernardo O'Higgins.

Según fuentes cercanas del caso, la fiscalía y la defensa de Compagnon estarían negociando una posible salida alternativa ad portas del juicio oral. Según el portal T13, el Ministerio Público le ofreció a la esposa de Dávalos una pena remitida de 61 días y firmar durante un año. Sin embargo, la defensa de Compagnon busca una suspensión condicional del procedimiento judicial.