Matías Jullian Velásquez

La Corte de Apelaciones de Santiago declaró ayer admisible el recurso de protección presentado por la Universidad Católica contra el Ministerio de Salud por el reglamento de la objeción de conciencia en el marco de la ley de aborto en tres causales.

La institución considera que el estatuto que establece que los establecimientos que tienen convenio con el Minsal no pueden ser objetores de conciencia "vulnera garantías constitucionales y transgrede lo establecido en la ley".

En el texto presentado por la UC a la justicia se sostiene que "el protocolo establece un procedimiento para que las instituciones manifiesten su objeción de conciencia, procedimiento que puede culminar en la concesión o no concesión de este derecho, quedando así esta decisión al arbitrio de una Comisión".

En esa línea, la acción sostiene que "la Universidad se encuentra impedida de manifestar objeción de conciencia institucional respecto de la práctica de abortos por el solo hecho de haber suscrito el convenio de ejecución de acciones de salud con el Ministerio de Salud, lo que parece del todo arbitrario".

El director de Asuntos Jurídicos de la casa de estudios, Juan Esteban Montero, explicó que "la ley establecía un derecho y el reglamento del Minsal está estableciendo ciertas exigencias para poder ejercer este derecho y nosotros consideramos que no lo pueden limitar de esa manera".

El abogado, eso sí, admitió que no hay posibilidad de frenar la legislación que despenaliza el aborto en tres causales "porque es una ley de la República y hay que cumplirla; simplemente la ley estableció de forma muy específica que tenemos el derecho de objetar conciencia y hoy día este reglamento nos establece un montón de barreras y exigencias que no se coinciden con el ejercicio libre de este derecho".

Abuso recursos judiciales

Ante el recurso interpuesto por la UC, la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, manifestó que hacer abuso de esa instancia judicial podría obstruir la aplicación de la ley.

"Nosotros vamos a leer exhaustivamente el recurso de protección y hacer un análisis desde la perspectiva ética, porque hemos sido muy proteccionistas de la objeción de conciencia para nuestros profesionales y médicos, pero igual creemos que se puede hacer abuso de esa figura para obstruir la aplicación de la ley", dijo Siches a Emol.

"Nos parece que no tienen mucho sustento entendiendo que los roles de cada una de las instituciones tiene sus limitaciones. Si ellos fueran totalmente privados no tendrían ninguno de estos problemas. Al tener convenios con el Estado traen algunos compromisos y eso pasa con la objeción de conciencia a todo nivel, también personal", añadió.

En esa misma línea, la dirigente gremial sostuvo que "yo no veo tanto el problema porque eso es atención primaria. Entonces ellos detectan y diagnostican y en eso no pueden aplicar objeción de conciencia, porque la objeción es para el pabellón y el procedimiento".

El presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), Hernán Calderón, denunció, a menos de un mes del inicio del año escolar, prácticas "perversas" de parte de algunas editoriales que publican textos destinados a la educación.

Los textos escolares, ítem que genera los mayores gastos para los apoderados de cara a marzo, aumentaron sus precios en un 5% en comparación con el año pasado, a pesar de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado en 2017, que fue de un 2,3%.

A pesar de esto, para Calderón, a esta "verdadera pesadilla para los apoderados", se suma "una mala práctica de estas editoriales que realmente es perverso: textos que anteriormente eran un sólo texto, lo han dividido en tres. No cambia ningún contenido, pero lo dividen en tres. Entonces venden tres textos diferentes, en consecuencia que ese era un sólo texto", dijo a radio Cooperativa.

"Esto también lo hemos denunciado, hemos llevado las pruebas a la Fiscalía Nacional Económica para que la vea. La Fiscalía ha dictado instrucción, pero todavía falta algo más", añadió.

El presidente de Conadecus sostiene que ese algo que falta es que "el Ministerio y la Superintendencia de Educación dicten normas claras de manera que el acceso a los textos debe ser igualitario para todos, no deben cambiar los contenidos y no porque cambie una tapa, no se pueda utilizar un texto de un año anterior".