Jocelyn Vargas Álvarez

"Nos parece absolutamente grave e incongruenet, respecto a los que estamos planteando", dijo Diego Poblete, director ejecutivo de la Fundación Todo Mejora, en relación a la Ley de Identidad de Género votada en el Congreso el día de ayer.

Pese a que ésta fue aprobada y despachada al Senado, el líder de la organización se mostró descontento ya que en el artículo 8, donde se incluía a "niños, niñas y adolescentes" fue rechazado.

"Consideramos que el que no exista autorización para el cambio de sexo registral, que comprende el artículo 8 del proyecto de Ley, efectivamente pone en cuestión la inclusión de niños, niñas y adolescentes", manifestó Poblete al diario El Llanquihue.

Y agregó que, si bien avanzaron en términos generales gracias a la Ley de Identidad de Género, aún no pueden decir que los niños están incorporados en la legislación porque durante el trámite de la Cámara no fue aprobada esa moción.

Respecto al futuro, expresó que, "estamos trabajando en una nueva política pública de salud mental y nuestro rol en los próximos cuatro años, será fiscalizar el cumplimiento de la circular trans a nivel del Ministerio de Educación, con la finalidad de garantizar espacios educacionales óptimos para el desarrollo de niños, niñas y adolescentes trans".

En la actualidad, existen 10 voluntarios de la Fundación en Puerto Montt, que realizan un trabajo de sensibilización sobre la temática de identidad de género, abocado a la prevención del suicidio de niños y adolescentes LGBTI.

Dentro de las actividades que han realizado son conversatorios en espacios educacionales y con organizaciones civiles de la comuna, además de entregar material sobre la temática en lugares públicos y en el día de ayer se reunieron con el DAEM para realizar talleres educativos en los colegios.

voluntarios 10

tiene la Fundación Todo Mejora en Puerto Montt, que forman parte de un equipo nacional de 170 voluntarios, LGBTI

Por dos horas se extendieron ayer los alegatos de las reclamaciones presentadas ante el Tribunal Ambiental de Valdivia, por organizaciones vecinales del sector de Panitao, en Puerto Montt, en contra de la resolución de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) que permitió, sin necesidad de ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), la construcción del proyecto "Solución Transitoria para Captación y Provisión de Servicios de Agua Potable y Tratamiento y Disposición de Aguas Servidas en el Sector de Panitao".

Las reclamaciones fueron interpuestas por la Junta de Vecinos Panitao Alto camino Los Pinis y el Comité de Agua Potable Rural Trapén, Chinquihue Alto y Panitao.

El tribunal, con jurisdicción desde Ñuble a Magallanes, escuchó los argumentos de las reclamantes, quienes denunciaron que los titulares del proyecto habrían eludido el SEIA, al construir 730 viviendas, sin contar previamente con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) para la solución sanitaria asociada al conjunto habitacional.

Las reclamantes sostuvieron que la solución transitoria sería parte de un proyecto definitivo destinado a 36 mil personas, cuya evaluación ambiental se tramita actualmente en base a una Declaración de Impacto Ambiental. Acusaron además que la ejecución de la planta temporal afectaría negativamente al río Trapén, que recibirá sus descargas, entre otros reproches.

La SMA, por su parte, señaló que el proyecto cuestionado atenderá a 2.499 personas, por lo que se encontraría bajo el umbral que obliga a someter la iniciativa a evaluación ambiental. Además, el organismo fiscalizador puntualizó que la decisión de no requerir el ingreso al SEIA se basó en la declaración jurada de entregar sólo 600 de las 732 viviendas ya construidas, y en el ingreso a evaluación ambiental de la solución definitiva.

En la audiencia también intervinieron los representantes de la Empresa de Servicios Sanitarios San Isidro S.A. e Inmobiliaria Pocuro SpA, como terceros coadyuvantes de la SMA. En la instancia, San Isidro aseguró que la solución sanitaria transitoria es un proyecto diferente al definitivo, y que representa el 6,7% de dicha planta. Además, enfatizó que existen instrumentos distintos a la RCA que permiten controlar la calidad de las aguas del río Trapén.

Inmobiliaria Pocuro SpA afirmó que la reclamación tendría como objetivo impedir la construcción de viviendas sociales en las cercanías de las organizaciones que presentaron la acción judicial, y manifestó que los reclamantes no han presentado informaciones o antecedentes que permitan acreditar que la planta transitoria generará efectos negativos en el río Trapén.

El tribunal, integrado por los ministros Michael Hantke Domas, Marcia Undurraga Jensen y Fabrizio Queirolo Pellerano, dejó la causa en estudio, a la espera de reunir mayores antecedentes que permitan llegar a un acuerdo.