Marcelo Galindo Gallardo
Alegando legitima defensa, el abogado del acusado del crimen del pescador ancuditano en la llamada "Guerra del loco" en el sector de Llico en Los Muermos, se inició el segundo juicio oral, donde el Ministerio Público pide altas penas para los dos acusados.
El juicio anterior fue anulado por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, por la no ponderación de algunas pruebas que fueron conocidas en esa instancia y que no se consideraron en el fallo.
Justamente, en la audiencia se hizo mención a la legítima defensa, en la que habría incurrido el acusado, quien disparó con un rifle de alto calibre, mientras cuidaba las áreas de manejo.
Los acusados son Eduardo Alberto González González (35 años) y Octavio Arturo Gómez Oyarzo (29 años).
El primero está acusado de homicidio simple y porte ilegal de arma de fuego. La pena que solicita la Fiscalía es de 12 y 5 años respectivamente, mientras que para Gómez Oyarzo el castigo que se pide es de 4 años por encubridor.
Apertura
En los alegatos de apertura, la fiscal Ana María Agüero señaló que González González, la madrugada del 24 de noviembre de 2015 mantenía un rifle de caza mayor, con el que dio muerte Osvaldo Andrés Tiznado Barría, pescador de la ciudad de Ancud.
La persecutora dijo que en la investigación trabajó con dos equipos del OS 9 de Carabineros y el Labocar.
"En la embarcación (donde permanecía Tiznado Barría, mientras los buzos extraían locos) se encontró un proyectil balístico de 7 milímetros, proyectil que sólo puede ser disparado por un fusil de guerra", anotó.
Delito
El abogado Pedro Vega, defensor de Eduardo González, dijo que se planteó como tesis principal que hay legítima defensa y lo fundamental que fue el motivo por el cual se anuló el fallo, "es que el tribunal (oral) anterior en su sentencia no explicó por qué no establecieron que se registró agresión ilegítima, lo que se produce porque quién aparece como víctima y que dogmáticamente se llama "víctima agresor", estaba cometiendo un delito al momento de ocurrir los hechos, y lo que ya nos parece un exceso es que el órgano persecutor (Ministerio Público) justifique o trate de justificar por distintas formas la comisión de ese ilícito", aseguró.
Para Vega, se dan los elementos para alegar la legítima defensa.
La fiscal Ana María Agüero insistió que se trata de un homicidio simple y porte ilegal de arma de fuego. "Como Fiscalía, consideramos que en este caso no precede la (legitima defensa). En nuestro ordenamiento jurídico, la legítima defensa está establecida para casos excepcionales", afirmó.
Para el abogado querellante, Sergio Coronado, en representación de la familia de la víctima (Osvaldo Tiznado), Eduardo González, acusado del crimen, prestó declaración. Lo hizo varias veces, "pero en todas las oportunidades cambió su versión", adujo.