Erwin Schnaidt Ávila

C on una invitación a los pequeños comerciantes, para que en las próximas elecciones parlamentarias no voten por los diputados que aprueben el proyecto de ley que fortalece la protección de los derechos de los consumidores, conocido como Nuevo Sernac, reaccionó la Cámara Regional de Comercio Detallista y Turismo de Chile.

Su presidente, René Zambrano, expuso que la iniciativa legal atenta contra esos comerciantes, al fortalecer la fiscalización a la actividad, lo que no ocurre con la venta informal.

Esa reacción vino luego que el martes en la tarde, el Senado aprobó en general el proyecto, que pasará a última votación en la Cámara baja, en su tercer trámite constitucional.

"Vamos a llamar a nuestras bases, a nuestros comerciantes, a no votar por los senadores y diputados que dieron su apoyo para aprobar esta modificación", advirtió el dirigente puertomontino.

Explicó que a nivel regional, pedirán no entregar su apoyo a los candidatos a diputados de la Democracia Cristiana, del PPD y del PS, "que votaron a favor de este proyecto".

Zambrano expuso que con esta normativa no se fiscalizará del mismo modo al comercio informal. "Al 1 de septiembre, en Puerto Montt hay 200 permisos para vendedores ambulantes. A eso hay que sumar todos los ilegales", sostuvo.

Comentó que existirá mano dura para los establecidos, no así para quienes ejercen la actividad sin pagar impuestos. "Con este proyecto, nos están empujando a la ilegalidad", advirtió el dirigente.

Consultado por el temor a ser fiscalizados, Zambrano especificó que el proyecto otorga "todas las facultades legales al Sernac para que sus directores regionales sean juez y parte", lo que les permite aplicar multas, que hoy son atribuciones del Juzgado de Policía Local.

Con ello, agregó, "van a fiscalizar y sancionar. Por ejemplo, si van a un almacén y ven que al azúcar se le cayó el papel del precio, eso será motivo para una infracción".

Agregó que la normativa suma cerca de 400 funcionarios al servicio, cargos que -aseguró- serán provistos por empleados del aparato estatal.

Un avance, pero...

Desde el otro lado, Hernán Navarro, presidente de la Asociación de Consumidores Cider, calificó el proyecto como "un avance para el consumidor y para el sistema de protección".

Comentó que el proceso estuvo marcado por estereotipos que distorsionan el estándar para establecer relaciones modernas consumidor-proveedor. "Ayer fue el fantasma de 'industria del reclamo'; hoy es que el Sernac será juez y parte".

Dijo que el Sernac necesitaba un fortalecimiento de sus facultades, "especialmente respecto a fiscalizar y sancionar, así como realizar acciones de mediaciones entre las partes en el plano administrativo".

Destacó la reparación integral de los daños causados a los consumidores, mediante juicios colectivos "estableciéndose la indemnización por daño moral, así como el aumento del plazo de prescripción, que persiga responsabilidad contravencional (hoy es de 6 meses)".

Consideró que queda pendiente fortalecer las Asociaciones de Consumidores. "El proyecto las ve como organizaciones de gestión o Sernac pequeño, pero su función es representar, denunciar y educar".

Añadió que Cider defiende la permanencia de asociaciones de carácter local y regional, lo que tampoco advierte en esa iniciativa legal.

Añadió que "falta que las empresas se preocupen de sus servicios de posventa y regulen los requisitos de calidad de los servicios técnicos".

L as empresas de transmisión y de distribución de energía eléctrica de la región, deberán aplicar un plan de poda de árboles, de acuerdo a un instructivo de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

Ese procedimiento apunta a despejar las franjas de seguridad de sus instalaciones, que estén siendo alcanzadas por el crecimiento natural de especies arbóreas y matorrales.

Manuel Cartagena, director regional de la SEC, estableció que este plan preventivo se aplica en forma habitual para asegurar la continuidad de ese servicio, pero que ahora se debe enfatizar en ello, ante la proximidad de la temporada de incendios forestales.

Para ello, explicó Cartagena, se exigió una tala rasa de todas las áreas bajo las líneas de alta tensión.

Además de las empresas distribuidoras que operan en la región, ese instructivo fue dirigido a la transmisora STS, a Transelec, proveedor de sistemas de alta tensión; así como propietarias de fuentes de generación, como Rucatayo y Parque Eólico San Pedro.

Según mandata la norma, los trabajos deberán realizarse antes que comience la próxima temporada estival.

Cartagena pidió a los dueños de predios, que adviertan líneas de alta tensión próximas a sus propiedades, que hagan uso de los canales de reclamo.

"En el reverso de las boletas están los datos de contacto de las empresas; por lo tanto, ahí pueden ejercer el derecho a la seguridad, para que esas redes no impliquen un problema o riesgo de incendio", dijo.

Fiscalización

El director de la SEC Los Lagos manifestó que este plan define que las empresas tienen que entregar un cronograma de las acciones que va a desarrollar, lo que será verificado por esa Superintendencia.

Recordó que cuando han determinado infracciones a la franja de seguridad, aplicaron sanciones. La más reciente fue en Chacao, donde encontraron insuficiencia en el suministro y franja de seguridad invadida por ramas de árboles, lo que debilitaba la señal.

El instructivo de la SEC forma parte de las medidas contempladas en la Estrategia Regional para el Fortalecimiento de la Gestión en Incendios Forestales.