El Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó ayer a los países latinoamericanos ejecutar reformas estructurales, "para asegurar el crecimiento sustentable e inclusivo" de la región, debido a la recuperación financiera proyectada para lo que resta de este año y 2018.

El FMI afirmó que las economía de la región crecerán en 2017 un 1,2%, mientras que esta cifra llegará a 1,9% el próximo año, cifras que fueron calculadas junto al Banco Mundial.

"El alza obedece, principalmente, a que los resultados fueron mejores que lo esperado en algunas economías importantes durante el primer semestre del año", señalaron desde el organismo.

Invertir

El crecimiento a largo plazo en la región, según los expertos, "sigue siendo débil" a causa de que el "espacio fiscal necesario para respaldar la demanda es limitado". Sin embargo, gracias a la rápida moderación de la inflación, "la política monetaria puede apoyar la recuperación".

El FMI insistió en "acelerar la puesta en práctica de reformas estructurales necesarias para garantizar un crecimiento sostenible e inclusivo".

Con eso, los países latinoamericanos deberían aumentar las inversiones en infraestructuras y capital humano, incrementar la participación de la mujer en la fuerza laboral, reducir la informalidad en el mercado laboral, atacar la corrupción e ineficacia gubernamental y profundizar la integración.

Incertidumbre política

La entidad también señaló la incertidumbre política como una de las posibles fuentes de riesgo, ya que varios países de la región celebrarán elecciones en los próximos 18 meses -entre ellos Chile - por lo que existe incertidumbre "sobre la orientación de política que se adoptará después de las elecciones" y el riesgo de "agendas populistas".

El FMI se refirió, además, a la situación de Venezuela, "inmersa en una grave crisis económica, humanitaria y política sin solución a la vista", con la proyección de una caída del PIB del 35% entre 2014 y 2017, junto a "una economía encaminada hacia la hiperinflación".

El FMI prevé que los efectos de esta situación en Latinoamérica serán "mínimos", debido a los escasos vínculos comerciales, además de que los efectos de un posible incumplimiento del pago de la deuda soberana "estarían contenidos".

El presidente ejecutivo de la minera Andes Iron, Iván Garrido, se refirió ayer a las actas del Comité de Ministros sobre el proyecto Dominga, rechazado en esa instancia, hecho que acabó, además, con la salida de dos ministros y un subsecretario. "Dominga está más vivo que nunca", afirmó el geólogo sobre el proyecto minero-portuario planeado en La Higuera, Región de Coquimbo.

"Quiero contarles una buena noticia", dijo Garrido en su oficina en la Región Metropolitana: "Hemos hecho una revisión preliminar de la resolución y el acta -publicadas durante la tarde del viernes -, y estamos muy contentos porque vemos que se reiteran las arbitrariedades, las ilegalidades y discrecionalidades que se han dado en todo este proceso".

"Por el contrario de lo que dice el ministro Mena (de Medio Ambiente), de que estaría muerto, yo les digo que el proyecto -rechazado el 21 de agosto -está más vivo que nunca", reiteró el ejecutivo.

"ilegal"

Garrido señaló que los fundamentos a la negativa para la construcción del proyecto minero-portuario "reitera la ilegalidad con que se ha tratado el proyecto y que ha significado que dos ministros (Rodrigo Valdés, de Hacienda, y Luis Felipe Céspedes, de Economía) hayan tenido que renunciar para no hacerse parte de este proceso ilegal".

Andes Iron afirmó que en menos de un mes presentará una demanda ante el Tribunal Ambiental de Antofagasta, donde la firma espera que sea declarado ilegal "lo que ocurrió en el Comité de Ministros y lo que ocurrió en la Comisión regional y, por lo tanto, va a solicitar que se reinicie el proyecto".

"Creemos que sobre el 90% de que el Tribunal va a revertir la decisión y, por lo tanto, (la iniciativa) va a volver a la Comisión regional y va a volver a evaluarse este estudio de impacto ambiental", agregó Garrido, con las más de 40 mil páginas del estudio en su escritorio.

La compañía contempla para Dominga una inversión de US$2.500 millones, mientras que la producción anual esperada es de 12 millones de toneladas de concentrado de hierro, 150 mil toneladas de concentrado de cobre y una vida útil de 26,5 años.

La firma previó que en marzo podría conocerse el fallo del Tribunal Ambiental.

Crisis en el gabinete

Diez días después de conocida la resolución del Comité de Ministros sobre el proyecto minero-portuario, tres miembros del Gabinete presentaron su renuncia por diferencias respecto a la decisión: los titulares de Hacienda y Economía, Rodrigo Valdés y Luis Felipe Céspedes, respectivamente, junto al subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco.

Éste último acusó entonces que se tomaron "decisiones apresuradas" en el rechazo de Dominga, lo que fue apoyado por el ex titular de Economía, quien se abstuvo en la votación del Comité de Ministros, aludiendo que no se le dio tiempo para tomar una "decisión fundada".

El entonces ministro de Hacienda apoyó a sus pares diciendo que "algunos no tienen al crecimiento dentro de las prioridades más altas".