A seis meses del fin de su Gobierno, Michelle Bachelet continúa impulsando su agenda valórica y, en ese sentido, ayer firmó el proyecto de ley que busca tipificar como delito la incitación a la violencia por discriminación.

Según explicó la Mandataria, la iniciativa, que agrega un nuevo artículo al Código Penal, busca "castigar a quien públicamente, o a través de cualquier medio apto para su difusión pública, incite directamente a la violencia física contra una persona o grupo de personas ya sea por su raza, origen nacional o étnico, sexo, orientación sexual, identidad de género o creencias".

En un acto realizado en el Salón Montt Varas del Palacio de La Moneda, Bachelet explicó que estas agresiones, que se producen frecuentemente, son "una afrenta para nuestras sociedades, nos avergüenzan como grupo humano y nos convocan a trabajar para evitar que se repitan o, peor, escalen. Y esto incluye no sólo impedir actos de odio y violencia, sino también el lenguaje que conduce a ellos o los naturaliza".

El proyecto establece una pena de presidio menor en su grado mínimo (de 61 a 540 días) y multa de 30 a 50 unidades tributarias mensuales (1,4 a 2,3 millones de pesos, aproximadamente), y en caso de que el delito sea cometido por un funcionario público en el ejercicio de su labor o en razón de su cargo, la pena irá de 541 días a tres años de cárcel y la multa será de 50 UTM.

La iniciativa modifica la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas para hacerlas responsables cuando el delito sea cometido por sus dueños, controladores, ejecutivos o representantes; y también modifica la Ley de Prensa al eliminar las norma que sólo castigaba con multa a quien hiciera publicaciones o transmisiones destinadas a promover odio u hostilidad respecto de personas o colectividades.

La firma del proyecto que viene a ahondar en la llamada "Ley Zamudio" fue celebrada por la Fundación Iguales y por el Movilh, entre otros.

Matías Jullian Velásquez

Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC), anunció ayer que, en caso de que el Gobierno no acoja el petitorio con medidas para darle fin a los ataques incendiarios en la zona sur del país, que sólo en el último mes dejaron 47 camiones quemados, el paro anunciado para mañana se hará efectivo y de manera indefinida.

El líder gremial dijo que no han tenido acercamientos con las autoridades en los últimos días pero insistió en que aún queda tiempo para negociar y evitar la paralización, que comenzará a las 12:00 de mañana. "Este presidente avisará a partir del mediodía a las bases y los camiones en ruta se detendrán en la berma hasta que se informe a las bases que el petitorio se cumple y se levanta la movilización", aseguró.

Pérez, eso sí, aclaró que el paro no incluirá cortes de caminos. Por lo mismo, llamó a sus representados a mantener "la normalidad del tránsito y pedimos a los colegas que adhieren que por ningun motivo cortemos carreteras. Esta es una movilización ciudadana, democrática, con respeto a todos los chilenos".

Se estima que un total de 60 mil camiones se paralizarán y el dirigente gremial aseguró que ya se reunieron con el general de Carabineros, Bruno Villalobos, para evitar eventuales bloqueos.

El petitorio

Entre las peticiones del gremio está crear una unidad de investigación y persecución penal compuesto por Carabineros, PDI y el Ministerio Público; designar un delegado presidencial, por tiempo indefinido, para enfrentar quemas de camiones en el sur; implementar vigilancia permanente y efectiva en aparcaderos de camiones y zonas de descanso; dar suma urgencia a la modificación de ley antiterrorista, entre otras.

"El Gobierno tiene la posibilidad y la herramienta de poner suma urgencia a este petitorio, de detener a los terroristas que nos han hecho tanto daño. El plazo lo tiene el Gobierno a contar desde el día que entregamos el petitorio, la movilización nuestra es una manifestación ciudadana, esperamos que el Gobierno resuelva este grave problema. Nosotros estamos disponibles para que hagamos algo concreto", agregó el dirigente.

No adhieren

A pesar del llamado de la CNTC, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC) informó que no se sumará al paro porque considera que el movimiento está politizado. Esto porque Pérez es miembro del consejo ciudadano del candidato presidencial Sebastián Piñera y, además, algunos de los integrantes del gremio son candidatos de la oposición al Parlamento.

Con respecto a esta no adhesión de parte del CNDC, Pérez dijo que "cada dirigente es responsable de sus bases y sus actos. La nación conoce la voluntad de diálogo de esta organización". Además, insistió en que, si no hay respuesta del Ejecutivo, el paro es inminente.

El hijo del matrimonio Luchsinger Mackay, Jorge, declaró ayer en el Tribunal Oral de Temuco en calidad de testigo en el marco del juicio oral contra 11 comuneros por la muerte de sus padres, hecho ocurrido el 4 de enero de 2013.

En la audiencia, Luchsinger recordó lo ocurrido aquella noche y el llamado telefónico que recibió de su madre, Vivian, indicando que "obviamente esa noche estábamos buscándolos, pensando en que estaban vivos, estuvimos toda la noche en eso. Es conocido que no era el primer ataque incendiario, ese año ya habían habido varios ataques".

"Fue una llamada dramática, que no permití que durara mucho tiempo, porque uno automáticamente sabía lo que estaba pasando en pocas palabras. Mi madre, por lo demás, dejó un testimonio con una llamada a Carabineros en el mismo tono, así que yo nada más me limité a intentar llegar lo más pronto posible a ayudarlos", agregó.

En la jornada de ayer también se exhibió el audio de la llamada de Vivian Luchsinger a la Central de Comunicaciones de Carabineros (Cenco) durante esa madrugada.

Respuesta de la defensa

El abogado Rodrigo Román, de la Defensoría Popular y quien representa a tres de los once acusados, fue enfático en señalar que, a pesar de lo dramático del testimonio de Jorge Luchsinger, este no aporta en nada en cuanto a la búsqueda de los responsables del ataque.

"Lo importante para este juicio no es sólo establecer dichas circunstancias (de la noche del ataque), sino que establecer la participación que podrían tener nuestros representados. En ese respecto, el testimonio de Jorge Luchsinger nada aporta, razón por la cual hasta aquí se sigue sosteniendo nuestra tesis de que el camino de los acusados en este juicio va a ser la absolución", dijo.

Al igual que en los días previos, a las afueras del Tribunal Oral de Temuco llegaron un grupo de comuneros a prestar su apoyo a los imputados y no se produjeron desórdenes.

El 21 de agosto, Michelle Bachelet firmó el proyecto que busca modernizar la Ley de Migraciones en Chile, enfocándose en cuatro grandes áreas: no discriminación, el libre tránsito, la migración segura y normas internas de regulación migratoria. Y ayer la anunciada iniciativa empezó a ser tramitada en el Congreso, específicamente en la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados.

Para avanzar en esos temas, la nueva ley propone, entre otras medidas, crear un Registro Nacional de Extranjeros, que será administrado por la Subsecretaría del Interior; la prohibición de ingreso para quienes tengan condenas o investigaciones por delitos; y equiparar los derechos a la salud, educación y trabajo a los que llegan a vivir a Chile.

Por otro lado, el Ministrio del Interior Mario Fernández afrontará hoy una interpelación de parte de legisladores de Chile Vamos por esta misma materia. La diputada Paulina Núñez (RN), quien participará en la interrogación, dijo que "por la irresponsabilidad del Gobierno, no sólo no tenemos ley, sino que estamos a foja cero con un proyecto que, si no hubiera sido por esta interpelación, no hubiese resultado y he escuchado, incluso, a diputados oficialistas que han dicho que esta interpelación podría ser inútil".