En alerta máxima se encuentran los principales gremios del transporte de carga, luego de que en menos de 15 días dos atentados incendiarios destruyeran 47 máquinas en las regiones de La Araucanía y Los Ríos, en incidentes reivindicados por la agrupación Weichan Auka Mapu.

El clima de tensión entre los hombres del transporte llega justo cuando se cumplen dos años del arribo de la columna de máquinas incendiadas al corazón republicano del país: El Palacio de La Moneda, en Santiago.

Anoche, al cierre de esta edición, los dirigentes camioneros entregaron un petitorio al Gobierno y advirtieron que si no se cumple con sus demandas en un periodo de siete días, iniciarán una movilización nacional indefinida.

En declaraciones publicadas por Emol, Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile (CNTC) presentó como peticiones la implementación de vigilancia "permanente y efectiva" a través de personal policial y que se designe un delegado presidencial "para enfrentar la quema de camiones en el sur de nuestros país, y el robo de camiones y sus cargas en las rutas de Chile".

También piden suma urgencia a la modificación de la Ley Antiterrorista y la creación de una unidad de investigación y persecución penal "a cargo de un grupo de elite, compuesto por Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, y el Ministerio Público para las regiones afectadas por el terrorismo".

Visión del líder local

El 27 de agosto de 2015 el ex líder de los camioneros la Región de Los Lagos, Fernando Binder fue uno de los hombres que llegó hasta la casa de Gobierno junto a los hombres fuertes de la Confederación Nacional de Transporte, Sergio Pérez, José Egido y José Villagrán.

"Esa fue una movilización épica. Fuimos amenazados desde un principio, el Gobierno nos bloqueó el acceso a Santiago y dieron orden a las estaciones de servicio que no nos cargaran combustible desde Temuco al norte, pero al final les doblamos la mano y entramos hasta en frente de La Moneda, y en el trayecto nos hicieron "pebre" a piedras", recuerda el ex presidente de la Asociación de Dueños de Camiones (Asoducam) de Puerto Montt y que hoy es delegado nacional para negociar con el Gobierno.

En cuanto a los acuerdos alcanzados con el ex ministro del interior Jorge Burgos, el dirigente sentenció que "el Gobierno no ha cumplido en nada sus compromisos. Sólo colocaron algunas cámaras de vigilancia en la zona de La Araucanía, que de nada han servido para detener los atentados. A la semana que el señor Aleuy inauguró las cámaras, porque él para las fotos es mandado a hacer, quemaron siete camiones estando los sistemas de televigilancia en funcionamiento". La crítica de Binder también apunta a la persecución penal de los atentados, la que a la fecha no tiene resultados.

"Acá el Ministerio del Interior no ha sido capaz de instruir a las policías, que son de su dependencia, para que encuentren a los responsables de estos hechos. Tampoco les han entregado más atribuciones para que coloquen orden en una zona en caos, en la que derechamente hay terrorismo que es generado por grupos radicalizados", sostuvo.

El ex diputado de Renovación Nacional e imputado por delitos tributarios en el marco del caso Penta, Alberto Cardemil, acordó con la Fiscalía el pago de $ 10 millones a cambio de la suspensión del proceso judicial en su contra.

Cardemil se encontraba formalizado por la emisión de dos boletas falsas al grupo Penta, que sirvieron para financiar su campaña senatorial de 2013, según la acusación del Ministerio Público.

Ayer, Cardemil se comprometió, además del pago de los 10 millones (divididos en diez cuotas, a cancelarse a contar del 5 de octubre), a fijar domicilio durante un año y firmar mensualmente por el mismo periodo.

A la salida del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, el ex parlamentario insistió en su inocencia y culpó de los problemas a su equipo de campaña: "Quiero terminar de una vez por todas con este verdadero calvario que han sido estos años".

"he dado la cara"

"He dado siempre la cara, he dicho siempre la verdad, he planteado siempre que no he cometido ningún delito tributario, y hoy día se está poniendo término al procedimiento, manteniendo el que habla su declaración de inocencia completa", dijo Cardemil sobre sí mismo.

Admisibles fueron declarados por el Poder Judicial los doce recursos de protección presentados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), con el objetivo de que las personas privadas de libertad y habilitadas para votar puedan ejercer su derecho cívico durante las próximas elecciones.

Cantidad de reclusos

Los requerimientos benefician a 264 internos (181 hombres y 83 mujeres), internados en 20 cárceles de las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, El Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Magallanes.

La ejecución de la medida fue encargada al Servicio Electoral (Servel) y Gendarmería, organismos que dispondrán las medidas para que estas personas puedan sufragar.

Antecedente

Esto va en línea con lo determinado el año pasado por la Corte Suprema, cuando autorizó el voto de cuatro reclusos, proceso que debían apoyar y coordinar las mismas instituciones, en un proceso creado con antelación.

No obstante, las personas habilitadas para ejercer este derecho no pudieron hacerlo efectivo durante las elecciones primarias, producto de que no hubo mesas instaladas en los recintos penitenciales, o no fueron trasladados hasta las mesas, en el exterior, donde estaban inscritos.

Las 264 personas beneficiadas en esta oportunidad enviaron una carta al Servel para actualizar su domicilio electoral y consultar cómo se hará efectivo su derecho a sufragio, debido a la mala experiencia anterior.

La oficina encargada de los sufragios respondió a Emol que el cambio del domicilio electoral "no obra en poder del Servicio Electoral petición alguna recibida con anterioridad a esta presentación, razón por la cual no se ha adoptado nada al respecto", sostuvo.