Desde Chile Vamos acusaron que, siento el último año de la actual administración de la Presidenta Michelle Bachelet, el Gobierno estaría acelerando de manera irregular contrataciones en el servicio público.

Por eso, los diputados Paulina Núñez (RN) y Felipe Ward (UDI) informaron ayer que oficiaron a la Contraloría General de la República para que investigue el personal que ha sido contratado en el Estado desde que asumió Bachelet en 2014 en adelante, diferenciando entre aquellos funcionarios que están en las categorías de Planta, Contrata y Honorario. Asimismo piden que se entregue detalles de los que han sido traspasados de Honorario a Contrata y de Contrata a Planta, en el mismo tramo de tiempo.

"A meses de que termine este Gobierno, la Nueva Mayoría está apernando a muchos de sus militantes, de sus adherentes a cargos de alta dirección pública traspasando a miles de honorarios a contratas y de contratas a planta. De esta forma protege a sus 'apitutados', siguiendo con las malas practicas que hoy los tienen por el suelo", acusó Núñez, según consignó Emol.

La parlamentaria de RN habló de una "incapacidad" del sector para "volver a los cargos privados, al mundo privado, a ejercer su profesiones, a utilizar sus talentos y tengan que seguir alimentándose del Estado".

Bono por gestión

Por otro lado, el senador UDI Hernán Larraín, calificó de "insólito" que el 100% de los servicios públicos lograran obtener el bono por gestión en 2016, que se otorga como incentivo a los funcionarios por cumplir con éxito determinados indicadores de gestión. Esto según reveló el último reporte del Programa de Mejoramiento de la Gestión 2016.

"Parece extraño y una distorsión del sistema. No es que uno quiera quitarle el bono a alguien, sino que sinceremos las cosas: si es un sobresueldo, entonces dénselos a todos", dijo Larraín.

"Soy inocente. Para que lo sepan todos los que están aquí. Por eso quise declarar", pronunció la machi Francisca Linconao, ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco, donde se llevó a cabo la tercera jornada del juicio oral contra los 11 imputados por el crimen del matrimonio Luchsinger-MacKay, ocurrido en Vilcún en el 2013.

La mujer, que ha sido apuntada por la Fiscalía como una de las tres personas que habrían ideado y coordinado el ataque en el que murió el matrimonio, arriesga cadena perpetua por los actos que se le han imputado.

En su declaración, Linconao, que renunció a su derecho de guardar silencio, relató cómo fue el allanamiento a su casa y su detención después de que ocurrió el crimen, que ha sido apuntado por la Fiscalía como el lugar donde se habrían reunido los 11 imputados por el caso para planificar y coordinar el ataque. Esto ha sido refutado por la defensa.

La machi también se refirió a su relación con el matrimonio compuesto por Werner Luchsinger y Vivianne Mackay, que aseguró que conocía. "No tengo conflicto con los Luchsinger. Los conozco hace años. Me dio mucha pena cuando supe que habían muerto quemados" dijo, según consignó "Soy Temuco" y agregó que "soy inocente. Para que lo sepan todos los que están aquí. Por eso quise declarar".

Fiscalía y defensa

El fiscal vocero Luis Torres aseguró que Linconao entregó una versión en la que "faltó a la verdad de estos antecedentes". "La prueba material y científica que vamos a presentar la va acreditar su participación como la del resto de los imputados", añadió.

Por su parte, el defensor regional Renato González, que representa a la mujer, sostuvo que "la acusación fiscal sobre la machi no solo es errónea, sino que tremendamente injusta" y que la machi ha promovido reivindicaciones territoriales toda su vida "bajo cauces institucionales".

Carolina Collins

Sin ninguna urgencia ingresó ayer al Congreso el proyecto de ley de migraciones que fue firmado por la Presidenta Michelle Bachelet el lunes recién pasado, para que comience su trámite legislativo.

La Secretaría General de la Presidencia ingresó la iniciativa a la Oficina de Partes de la Cámara de Diputados, pese a que se esperaba que lo hiciera por el Senado.

Este trámite fue comunicado a la Sala por el secretario de la Cámara de Diputados, Miguel Landeros, y el texto será liberado prontamente para que lo conozcan los parlamentarios. La primera instancia que lo revisará será la Comisión de Gobierno Interior y posteriormente será analizado en la de Hacienda.

El texto comenzará a ser tramitado la primera semana de septiembre, al regreso de la semana distrital y justo cuando está programada la interpelación al ministro del Interior, Mario Fernández, que será por el mismo tema el 5 de septiembre.

Refugiados de Siria

El ministro del Interior (S), Mahmud Aleuy, firmó ayer el convenio suscrito por el Estado de Chile para traer 60 refugiados de Siria producto del conflicto que vive ese país, los que llegarán a fines de 2017 a Villa Alemana y Macul.

Fue en ese contexto que se refirió al proyecto para modernizar la ley de migraciones y realizó un llamado a los parlamentarios a realizar un debate adecuado y racional del proyecto, evitando "aprovechamientos inadecuados del drama que viven muchos inmigrantes en este país".

"Esperamos que se haga la discusión durante este gobierno y ojalá se apruebe durante este gobierno", agregó Aleuy sobre los plazos que se esperan para la tramitación.

Datos de extranjeros

En esa misma línea, la autoridad de Gobierno enfatizó la necesidad de terminar con sentencias que antecedieron al ingreso del proyecto, como que Chile ha recibido un exceso de inmigrantes.

"Chile no tiene una población de inmigrantes exagerada ni mucho menos. El promedio de la OCDE de inmigrantes es de 10% o 12% o más. El promedio mundial es 3% y Chile está en el 2%. No tenemos una cantidad de inmigrantes que no podamos administrar", dijo el secretario de Estado (S).

Quejas de alcaldes

También se refirió a las quejas que han hecho algunos alcaldes respecto a que la presencia de extranjeros ha provocado problemas de seguridad, ante lo que respondió que "la acusación de que hay inmigrantes que delinquen en Chile no tiene ninguna relación con las estadísticas". "El porcentaje de detenidos extranjeros por delitos es menor que la chilena, entonces sugiero que este tipo de temas los veamos con la racionalidad que corresponde", concluyó.

Unos 40 camiones y otros 20 microbuses protagonizaron un "bocinazo" ayer en Valparaíso, en protesta contra "la delincuencia y el terrorismo". La marcha convocada por la Federación del Transporte de Carga de la Quinta Región (Fedequinta), los conductores de microbuses de Valparaíso y Viña del Mar y el comercio del Plan de la Ciudad Puerto, comenzó en las afueras de la ciudad y pasó frente al Congreso. La manifestación exigió que el Ejecutivo tome medidas respecto a la inseguridad que dice vivir el gremio, que acusa que hay "choferes baleados y apuñalados". "Estamos hartos de los robos, de los asaltos, de las agresiones, la delincuencia, el comercio ilegal y el vandalismo está arrasando con la región, con nuestros medios de trabajos y nuestros comercios", dijo José Egido, presidente de la Federación de Dueños de Camiones de la V Región, según consignó Emol. Desde el Gobierno, el ministro (s) de Interior, Mahmud Aleuy, dijo que "tenemos un conjunto de medidas adoptadas con los camioneros hace bastante rato". Y deslizó: "el candidato a diputado de RN que está dirigiendo la movilización de los camioneros en Valparaíso, yo espero que tenga la suficiente tranquilidad para que la manifestación sea en calma".