Carolina Collins

Acompañada por los ministros del Interior y Seguridad Pública, Mario Fernández; de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz; de Hacienda, Rodrigo Valdés; y de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Campos, la Presidenta firmó ayer el proyecto de ley de migraciones, que moderniza la normativa actual, que data de 1975.

"Chile es un buen país para vivir, trabajar o estudiar. Por eso que va a seguir llegando gente que anhela realizar sus proyectos en nuestra tierra", dijo la Mandataria en la ceremonia realizada en La Moneda.

"Queremos dejar atrás la migración irregular", afirmó y agregó que "se puede equilibrar la exigencia del cumplimiento de los deberes con el reconocimiento de derechos de los migrantes". El proyecto contempla la creación de un Registro Nacional de Extranjeros, que será administrado por la Subsecretaría del Interior.

Derechos y obligaciones

Según detalló la Mandataria, la iniciativa, que comenzará su tramitación en el Congreso, tiene cuatro ejes: un sistema de principios, derechos y deberes; la regulación del ingreso, salida y las categorías migratorias; un procedimiento administrativo sancionatorio; y un sistema nacional de política migratoria.

Con esto se busca evitar que las personas que migran sean víctimas de redes de tráfico o de trata y proteger sus derechos, pero también establecer un catálogo de obligaciones que deben cumplir, como entregar información fidedigna y comunicar su domicilio.

Catálogo de causales

Además contempla un catálogo de causales de prohibición de ingreso al país. Entre los motivos están usar documentos falsos o adulterados, tener vigente una prohibición de ingreso o haber sido condenados, tener juicios pendientes o estar prófugos por asociación ilícita, terrorismo, tráfico ilícito de drogas o armas, lavado de activos o trata de personas, entre otros.

En caso de infracciones graves se instituyen causales que facultarán decretar la expulsión del territorio ."Vamos a ser estrictos con los que infrinjan gravemente nuestras leyes", aseveró Bachelet.

Nuevas categorías

La iniciativa propone una nueva regulación de los permisos de ingreso al país, estableciendo que quienes ingresen al país deberán pedir el permiso de acuerdo al motivo de su viaje según nuevas categorías: turista, visitante, de residencia temporal y cuando se cumplan los requisitos, optar al de residencia definitiva.

El proyecto también crea el Comité de Política Migratoria, presidido por Interior e integrado por RR.EE., Hacienda y Justicia, instancia que adoptará la Política Nacional Migratoria. RR.EE. en tanto, ejercerá el rol de autoridad migratoria en el exterior.

Con los alegatos de apertura del Ministerio Público y de los abogados querellantes, comenzó ayer en el Tribunal del Juicio Oral en lo Penal de Temuco, el juicio oral contra los 11 imputados por el crimen ocurrido el 4 de enero de 2013 contra el matrimonio compuesto por Werner Luchsinger y Vivianne Mackay.

Más de una veintena de gendarmes resguardaron la sala de audiencias, hasta donde algunos de los imputados llegaron con vestimentas mapuche tradicionales.

Tipo de ataque

Durante su presentación, el fiscal Alberto Chiffelle insistió en que se trató de un ataque terrorista con el ánimo de infundir temor y relató que el matrimonio estaba vivo y consciente al momento de ser alcanzado por las llamas.

Asimismo dijo que los imputados usaron acelerantes y que se trató de un plan elaborado. "La fiscalía va a demostrar que los acusados no actuaron sólo para dañar. Su dolo no se limita a la destrucción de bienes. (…) El mensaje es claro para quienes padecen estos hechos: Es ¡váyanse porque si se quedan les puede pasar esto!", dijo.

Uno de los abogados defensores, Rodrigo Román, pidió que se retirara una de las más de 140 pruebas, acusando a la Fiscalía de haberla dado a conocer "de manera mañosa e ilegal" a los magistrados José Ignacio Rau Atria, Patricia Abollado Vivanco y el Luis Torres Sanhueza. Esto finalmente fue aceptado por Paredes, quien sin embargo, rechazó las acusaciones del abogado.

La Fiscalía busca condenar a cadena perpetua a 10 de los 11 acusados mientras que para José Peralino, a 10 años de cárcel. Se espera que el juicio oral contra los acusados del delito de homicidio e incendio con resultado de muerte con carácter terrorista, se extienda por 52 días. Por este caso el Gobierno presentó una querella invocando la Ley Antiterrorista.

Celestino Córdova es hasta ahora el único condenado por el caso, quien en 2014 fue sentenciado a 18 años de cárcel.

Para hoy se esperan los alegatos de apertura del defensor regional de La Araucanía, Renato Gozález.

El intendente de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, anunció ayer que el Gobierno invocará la Ley de Seguridad Interior del Estado, por el descarrilamiento de un tren perteneciente a la empresa Fepasa, cuyo servicio contrató KDM.

El hecho ocurrió a la altura del sector Rungue, cuando la máquina se dirigía hacia el relleno sanitario Loma Los Colorados en Tiltil, por la remoción de un riel de la línea férrea.

"Nos parece un acto delictual de máxima gravedad", dijo la autoridad regional, que explicó que esto se suma a la querella que presentó el Gobierno hace unas semanas "por los problemas en la línea férrea por la ley de sabotaje a los trenes de Chile". Y añadió que se declarará el transporte de la basura de la Región Metropolitana como una "industria estratégica".

Carabineros informó que el maquinista que salió conduciendo desde la estación de Transferencia de Quilicura se dio cuenta en el kilómetro 59 de lo que pasaba y, pese al incidente, resultó ileso.

Según confirmaron desde KDM, el descarrilamiento ocurrió por la remoción de un riel de la línea férrea. "Producto de este acto vandálico, 10 vagones con silos que transportaban residuos domiciliarios descarrilaron y uno de ellos se volcó. Ninguno de los silos sufrió daños de consideración y no hubo dispersión de material", señalaron.

La firma dispuso un plan de contingencia que considera el transporte de residuos a través de camiones y el acopio temporal de material en la estación de trasferencia.

Ante lo ocurrido, Fepasa y Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) evalúan presentar acciones judiciales contra quienes resulten responsables.

EFE indicó que "producto de este accidente no se registraron personas afectadas ni derrame del contenido de los carros" y que "una vez finalizada la investigación correspondiente, EFE ejercerá las acciones legales que corresponda".