Vicente Pereira Parra

Una serie investigaciones tendientes a que se aclare lo sucedido en el pique Delia 2 de la mina de oro Cerro Bayo, ubicada en Chile Chico, Región de Aysén, donde se produjo un accidente que terminó con dos mineros atrapados, uno de los cuales es de Los Muermos, están solicitando el diputado Fidel Espinoza.

Se trata de Enrique Ojeda González (33 años), cuya familia, según comenta Espinoza, se comunicó con él para abordar este tema.

La búsqueda de Ojeda y de Jorge Sánchez finalizó, según lo decretado por las autoridades, situación que Espinoza, junto al abogado Francisco Paredes, especializado en accidentes laborales, esperan que cambien.

Por eso, ambos interpusieron un recurso de protección para que se reanude la búsqueda. "Queremos que la intendenta, Sernageomin y la empresa, sobre todo ésta porque es la principal responsable de velar por la seguridad de los trabajadores, reanuden la búsqueda".

Lo único cierto -apunta el abogado Paredes- es que "ellos están vivos y si se deja de buscar, van a morir".

Espinoza explica que entre sus acciones está la solicitud de constatar qué autoridades fueron las que autorizaron la apertura de la mina, el año 2011, bajo la presidencia de Sebastián Piñera, hoy candidato de Chile Vamos para retornar a La Moneda.

"Permitieron la apertura de minas que no tenían ninguna posibilidad de ser reabiertas", estimó.

También critica el accionar de Sernageomin durante el actual gobierno para "velar el cumplimiento de las normas de seguridad. Creemos que el 2015 estas minas debieron cerrarse".

Desde esa perspectiva, dice Espinoza, llevó a que Paredes iniciará una serie de acciones judiciales, dado que "sentimos que la industria minera no está siendo responsable con las familias y vida de los trabajadores que, probablemente, como todos sabemos, pudieron haber fallecido, pero bajo circunstancias que tienen que ser investigadas porque hubo decisiones políticas que permitieron su reapertura" al lado de una laguna, lo que -según Espinoza- no ocurre en ningún otro lugar del mundo.

Y si bien Espinoza dice que probablemente ellos están fallecidos, Paredes es claro al señalar que técnicamente y en la realidad, los mineros están vivos, dado que no hay ninguna comprobación de muerte natural y cierta, o presunta; ésta última, acción tiene que ser interpuesta por los familiares y ser resuelta por un tribunal.

"Hay comunicaciones de la empresa que fueron a fines de junio y en un acta del 10 y 11 de julio donde la empresa, la intendenta y Sernageomin dicen que no continuarán con la búsqueda porque -según ellos- no hay posibilidades de vida", apunta.

Eutanasia laboral

Sin embargo, el abogado aclara que no son los llamados a establecer una "sentencia de muerte, de eutanasia laboral. Ni menos la empresa".

Por lo demás, dice Paredes y de acuerdo a la información médica que tiene, una persona puede vivir dos meses sólo con agua y recién va un mes transcurrido desde el accidente, por lo que ellos pueden estar vivos. "Hay tres millones de metros cúbicos, de volumen a investigar, donde se puede buscar y no se ha realizado. Por ende las declaraciones de la empresa que dejaban de buscar por razones económicas, es impresentable".

Si tienen -sostiene- dos trabajadores vivos, con contrato vigente, al interior de sus faenas, tienen que buscarlos. "Es su obligación legal, moral y ética. No es posible que le demos la facultad a la empresa para decidir cuándo muere un trabajador".

También señala que a un general de zona tampoco le corresponde determinar si está o no muerta una persona.

Otro antecedente que aporta es que de acuerdo al decreto (Estado de Excepción) hay dos meses más de búsqueda. "Si los militares se quedan dos meses más en ese lugar y no buscan, la pregunta es entonces, qué están haciendo", afirmó.