La Presidenta Michelle Bachelet envió al Congreso un proyecto para modificar la Ley General de Bancos, con el propósito que estas entidades enfrenten de mejor manera las eventuales crisis o situaciones de inestabilidad del mercado.

Esta iniciativa es clave para modernizar el sistema bancario nacional, ya que adopta los estándares de Basilea III, conjunto de medidas propuestas por el Foro de Estabilidad Financiera (FSB) y el G-20 para fortalecer el sistema financiero tras la crisis de las hipotecas subprime, mediante la regulación, supervisión y manejo de riesgos.

"Estamos dando un paso más, uno muy importante además, en la construcción de mejores bases para el desarrollo económico, en línea con las otras iniciativas de modernización económica", dijo la Presidenta, quien agregó que el Gobierno se ha preocupado de fortalecer "distintos ámbitos del mercado financiero, de modo tal de hacerlo más sólido, transparente, confiable e inclusivo".

La propuesta pretende que los bancos financien sus actividades con una proporción mayor de recursos propios y aumenten la calidad de las fuentes alternativas de capital.

Este mayor caudal permitirá absorber más adecuadamente las eventuales pérdidas derivadas de situaciones de inestabilidad o crisis bancaria, con lo que se pretende evitar que sean los depositantes y contribuyentes quienes carguen con las pérdidas.

La actual Ley General de Bancos data de mediados de los 80, momento en que fue diseñada como una respuesta a la crisis de la deuda de comienzos de esa década. Hasta ahora, la única modificación sustantiva fue realizada en 1997.

El proyecto ratificado ayer contempla el traspaso de las funciones que desempeña la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras a la Comisión para el Mercado Financiero, organismo creado para lograr una institucionalidad "eficaz y moderna", dice el texto legal.

El proyecto de ley también permitirá a las casas financieras enfrentar choques de distinto tipo, porque se modifican los requerimientos de capital y gestión de riesgos, adaptándolos a los estándares de Basilea III.

La moción incluye el aumento de la garantía estatal sobre depósitos a plazo (de 120 a 200 UF) y establece que no podrán ser directores de bancos "aquellas personas que hayan incurrido en conductas graves que hayan puesto en riesgo la estabilidad de la institución en la que se desempeñaban o la seguridad de los depositantes".

"Todos los cambios contemplados serán implementados de manera paulatina", dijo Bachelet.

fue la última reforma sustantiva a la legislación bancaria, que data de la década de los 80. 1997