10 años y un día de presidio es lo que está solicitando el Ministerio Público de Puerto Varas, para el acusado de dos abusos sexuales y facilitar la prostitución de menores, en hechos ocurridos en Llanquihue entre el 2015 y 2016.

Se trata de L.A.M.V., quien permanece en prisión preventiva, por el delito de abuso sexual de dos menores de 8 y 9 años, quien además registra una condena anterior por violación de su hija.

El juicio oral comenzó ayer y de acuerdo al fiscal Naín Lamas, los hechos ocurrieron en la población Pablo Neruda de Llanquihue.

Lamas dijo que se busca sancionar al individuo a 10 años y un día, pero además se solicita una pena de 300 días por facilitar la prostitución de menores.

Ello obedece a un presunto ofrecimiento que el acusado le habría realizado a una adolescente de 14 años, para mantener relaciones sexuales, a cambio de 20 mil pesos y un teléfono celular, a lo que la joven no accedió.

Los ilícitos fueron cometidos contra dos niñas familiares.

"Él (acusado) las amenaza que les iba a dar muerte a sus familiares, para que no digan nada", señaló el fiscal Lamas.

El persecutor también hizo mención a una orden de alejamiento, que había emitido el Tribunal de Familia contra el imputado.

Incapacidad

La sala está compuesta por las juezas Carolina Muñoz (presidenta de sala), Rosario Cárdenas y el magistrado Cristián Alcántara. Fue la jueza presidenta de sala quien dio lectura a la acusación, con los alcances de los tres hechos indagados por la Policía de Investigaciones.

El abogado defensor Carlos Jiménez manifestó que existe un informe psicológico de L.M., que se tendría que tomar en cuenta en el juicio y para lo que considera en el tipo penal el respectivo Ministerio Público.

"Registra una incapacidad intelectual con un bajo coeficiente; es decir, con una discapacidad mental leve. Se trata entonces de una limitante socio cultural y psicológica, incluso para la defensa, pero ha sido resorte de mi representado no poner resistencia al delito imputado", adujo Jiménez.

Fue la noche del miércoles que Bomberos tuvo que realizar múltiples esfuerzos para controlar las llamas que destruyeron por completo un galpón, donde se guardaba gran cantidad de fardos de pasto y algunas cabezas de ganado en el sector La Vara.

La emergencia fue declarada alrededor de las 22 horas y concurrieron voluntarios de la Tercera, Cuarta, Séptima y Novena Compañías de Bomberos, quienes evitaron la propagación del fuego hacia viviendas aledañas.

No se sabe de seguros comprometidos, y desde la Fiscalía se instruyó que la investigación del origen y la causa quede a cargo de Bomberos.

No ha estado exento de accidentes, el juicio que ayer se reinició en el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Puerto Montt y que busca sancionar al ex alcalde de Llanquihue, Juan Fernando Vásquez, y a otros tres acusados por el delito de malversación de caudales públicos en el municipio.

A los problemas surgidos el miércoles pasado, al tratar de recomenzar la instancia jurídica penal, que estuvo suspendida por 18 meses, se sumó ayer el retraso de uno de los abogados defensores.

El juicio, que debía ser retomado ayer, se inició con 35 minutos de retraso. Estaba programado a las 9 horas, pero no alcanzó a llegar a la hora fijada el abogado José Devilat, defensor del ex concejal Fernando Acuña. Tras un receso de 20 minutos y una vez que el abogado hizo su arribo a la sala, comenzó la audiencia.

El primero en intervenir fue el fiscal de Puerto Varas Marco Muñoz, quien se refirió a los hechos acusatorios contra los cuatro imputados.

Uno de los hechos habla de 40 millones de pesos, cuyo destino era el pago de remuneraciones a trabajadores, lo que no habría ocurrido.

"Se usaron al final los dineros con otros fines, y se simularon 10 pagos a trabajadores, incluso fingiendo firmas", manifestó el persecutor.

En el resumen de los alegatos de apertura, el fiscal Muñoz hizo mención a 32 decretos de pago, de los cuales 21 fueron suscritos por el alcalde Juan Fernando Vásquez.

Añadió que después de tres semanas de juicio, en noviembre de 2015, habían prestado declaración un funcionario de Contraloría y 10 supuesto beneficiados con los pagos.

El juicio oral suspendido un año y medio por el Tribunal Constitucional y reincidido ayer, podría tardar entre 10 a 12 días, de acuerdo a los cálculos de los intervinientes.

Marcelo Galindo Gallardo

Más de 90 días lleva prófugo del sistema judicial Manuel Liberona Guerrero, acusado y sentenciado a una pena de 6 años por el delito de violación y explotación sexual de menores.

Junto a Liberona, que está prófugo desde el dos de marzo, el segundo condenado, el abogado Jorge Rodríguez Lopetegui, está cumpliendo su condena en el penal de Alto Bonito.

El 14 de diciembre de 2016, la segunda sala del Tribunal Oral en lo Penal de Puerto Montt, condenó a los acusados Jorge Rodríguez Lopetegui, abogado, y Manuel Liberona Guerrero, empresario turístico, por los delitos de violación de menor de 14 años, obtención de comercio sexual infantil y almacenamiento de material pornográfico infantil para el primero de los acusados.

Se trató del segundo juicio realizado por los mismos delitos contra la infancia, en que se vieron involucrados los condenados en calidad de autores y cuya imputación se logró luego de casi tres años de investigación por parte del Ministerio Público, tras las querellas presentadas por el Servicio Nacional de Menores de Los Lagos entre marzo y agosto de 2014.

Sin embargo, y no obstante a que el tribunal condenó a 6 años de cárcel a cada uno por los delitos cometidos, la aplicación de beneficios permitía el cumplimiento en libertad, por lo que el Ministerio Público y Sename apelaron a la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, que resolvió el 28 de febrero de este año el cumplimiento efectivo de las condenas por parte de Rodríguez Lopetegui y Liberona Guerrero, lo cual fue informado al Tribunal Oral en lo Penal, que debió dictar el cúmplase de la resolución.

Por una situación aún no aclarada, el Tribunal Oral dictó el cúmplase y lo informó al Ministerio Público y Sename; sin embargo, no emitió la orden de detención de los individuos, por lo que la Fiscalía debió reingresar una solicitud al tribunal, pidiendo la orden de detención, la cual se emitió el 2 de marzo.

Víctimas

Pamela Soto, directora regional del Sename, dijo que a la fecha no existe información del paradero de Manuel Liberona.

"Esto nos preocupa tremendamente, primero por el temor que a diario agobia a las víctimas, para quienes la libertad de este sujeto es una amenaza constante, y segundo, porque tratándose de un agresor sexual de sus características puede estar explotando o agrediendo sexualmente a nuevas víctimas donde se encuentre. Sólo esperamos que las policías tengan pronto resultados y lo capturen", manifestó.

El abogado del Sename, Víctor Argandoña, señaló que se tomaron las medidas jurídicas en su momento, pero hubo una falla en el sistema.

"Hoy no tenemos más que hacer que esperar a que las policías, que son quienes llevan la búsqueda, y tribunales, determinen las acciones investigativas que competan para lograr dar con el paradero del condenado Manuel Liberona Guerrero", expresó el abogado del Sename.