En familia quedó el máximo cargo institucional tras la designación del nuevo comandante en jefe de la Armada, dada a conocer en la mañana de ayer por la Presidenta Michelle Bachelet.

Se trata del cuñado del comandante en jefe, almirante Enrique Larrañaga Martin, el vice comandante Julio Leiva Molina, casada con la hermana de su superior Marcela Larrañaga .

El designado oficial asumirá su cargo el próximo 18 de junio, para iniciar un período constitucional de cuatro años.

Deberá dejar el cargo de director general del Personal de la Armada, lo que por esta razón tendría que generar algún movimiento de oficiales.

El almirante, por sus condiciones del rango, tendrá que ascender al grado máximo.

Trayectoria

El oficial es padre de tres hijos: Constanza, Marcela y Vicente. Las dos mayores son ingenieras comerciales.

El menor de sus hijos, Vicente Leiva Larrañaga, fue el primer seleccionado en la carrera de Medicina de la Universidad de Valparaíso, quien con los 820 puntos que obtuvo en la última PSU (Prueba de Selección Universitaria), logró la tercera máxima ponderación a nivel nacional y se convirtió en el estudiante con el más alto puntaje en ingresar a esa carrera universitaria.

El nuevo jefe de la Armada no tuvo ninguna vinculación profesional con esta zona, desde que se graduó en enero de 1980 como guardia marina. Estudió Ingeniería Naval Electrónica y en 1996 recibió el título de oficial de Estado Mayor.

Estudió diplomado en la Universidad Católica de Valparaíso, Operaciones para Mantención de Paz en Faifx, Canadá y Planificación Operacional desarrollado en Inglaterra y como oficial logístico de la Fuerza Chilena en Operaciones de Paz en Haití.

También ha cumplido misión en diferentes buques como los destructores "Portales" y "Williams", el "Blanco Encalada" y el "Janequeo"; en la Escuadra y la Esmeralda.

Fue también comandante en jefe de la Primera Zona Naval.

Por su parte, el comodoro de la V Zona Naval, Carlos Fiedler Pinto, sostuvo que con el nombramiento se mantiene el alto mando institucional hasta fin de año, y que no cuenta con información respecto a su eventual ascenso o retiro.

Carolina Collins

Tal como lo anunció enla cuenta pública el jueves, la Presidenta Michelle Bachelet firmó ayer el proyecto de ley especial que busca fortalecer las universidades estatales.

La iniciativa, que fue trabajada en conjunto con los rectores de esos planteles, establece un marco jurídico e institucional con el fin de aumentar los estándares de calidad y gestión de las instituciones.

Rol público

Durante la ceremonia en el Salón Montt Varas del Palacio de La Moneda, la Mandataria explicó el porqué esas universidades necesitan de un trato diferenciado, afirmando que son "la mayor garantía que tenemos como país de que se preserva un espacio a todos" y "las llamadas a asegurar no sólo la libertad de cátedra y de investigación, sino también dar cabida a la diversidad, a la transparencia y a la participación".

"Son las universidades del Estado las que deben reflejar lo que como sociedad definimos como excelencia, como estándar para guiar al conjunto del sistema, como referente de calidad y de buen trato", destacó en el acto en el que también participaron los ministros de Educación, Adriana Delpiano; Interior y Seguridad Pública, Mario Fernández; Hacienda, Rodrigo Valdés; de Segpres, Nicolás Eyzaguirre; Segegob, Paula Narváez; y Economía, Luis Felipe Céspedes.

El proyecto explicita el rol del Estado en el fomento de la excelencia de las universidades públicas, en el marco de un régimen de provisión mixta.

"Son las universidades estatales las que deben resguardar la pertinencia de las formaciones, tanto respecto de las necesidades de nuestros territorios, como de la visión de largo plazo de lo que demanda el desarrollo nacional. Y esto último es un claro ejemplo de una misión que, por definición, los oferentes en un mercado no tienen el deber de cumplir", pronunció Bachelet.

Puntos de la iniciativa

Originalmente el proyecto estaba contemplado como parte del que reforma la educación superior, que se discute actualmente en el Congreso, pero el Gobierno finalmente decidió separarlo de éste y enviarlo como una iniciativa aparte, con el objetivo de agilizar su tramitación.

El proyecto contempla la creación de un Consejo Superior, encargado de las definiciones estratégicas. Asimismo, que exista un Consejo Universitario, que represente a los distintos estamentos de la institución.

Además establece un órgano contralor universitario que se encargará de ejercer el control de legalidad de los actos administrativos de las autoridades de la universidad, de auditar los recursos de la institución y, en general, de desempeñar las demás funciones de control interno que le encomiende el Consejo Superior.

Opinión de los rectores

El presidente de las universidades estatales y rector de la U. de Chile, Ennio Vivaldi, calificó como "un momento de gran alegría" la firma. "Esta acción representa un primer paso hacia una nueva actitud del Estado al volver a asumir su responsabilidad y compromiso con la educación superior. Celebramos este momento trascendente en que el Parlamento y la sociedad chilena vuelven a asumir como responsabilidad de todos las políticas del país en educación superior", dijo. El rector de la U. de Antofagasta, Luis Loyola, valoró que el proyecto contemple un "fondo basal" permanente para esos planteles y un fondo especial para fortalecerlos en un plazo de 10 años.

Origen El proyecto fue ideado como parte del que reforma la educación superior, pero fue separado para su tramitación.

Rol del Estado La iniciativa explicita el rol del Estado en el fomento de la excelencia de las universidades públicas.

Orgánica Crea el Consejo Superior y el Consejo Universitario, así como un contralor universitario que fiscaliza y audita.