El segundo paciente fallecido por síndrome pulmonar por Hantavirus, reportó la Secretaría Regional Ministerial de Salud.

Se trata de una mujer de 33 años, quien registraba domicilio en el sector rural Las Quemas, de la comuna de Puerto Montt, quien dejó de existir el martes, mientras recibía tratamiento en la Clínica del Tórax en Santiago.

Este es el undécimo caso confirmado en la Región de Los Lagos. La primera víctima fatal de la temporada ocurrió en enero en Santiago, donde dejó de existir un hombre de 40 años, de la comuna de Río Negro, Provincia de Osorno.

Sin entregar más antecedentes acerca de la forma de contagio, la seremi de Salud, Eugenia Schnake, recordó que "vivimos en una región donde la presencia del ratón colilargo (portador de la enfermedad) es permanente en sectores rurales y semirrurales", por lo que llamó a no desatender las medidas preventivas que se han dispuesto. El virus se adquiere mediante la inhalación de los aerosoles de la saliva, orina y heces de ese roedor silvestre.

Schnake detalló que tras la notificación del deceso, han mantenido contacto con la familia de la mujer y que personal de esa Seremi realizó una visita ambiental al sector donde vivía, lo que repetirán en su lugar de trabajo en la zona urbanas de Puerto Montt.

También se han acercado a la posta rural y vecinos. Anunció que el martes habrá una reunión participativa en ese lugar, "para responder a toda las dudas y reforzar las medidas preventivas", apuntó.

Erwin Schnaidt Ávila

La actividad naviera austral podría quedar sin actividad, en caso que se haga efectiva la obligatoriedad de realizar cursos y capacitaciones destinados a oficiales y tripulantes de la Marina Mercante Nacional, según dispuso la Dirección del Territorio Marítimo y Marina Mercante (Directemar) de la Armada.

Pedro Cáceres, director del Departamento Marítimo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Salmón y Ramas Afines, expuso que esa resolución emitida el 15 de diciembre de 2016, determina que quien no la cumpla, podría ser desvinculado, ya que en los contratos de trabajo se establece la obligatoriedad de mantener al día los cursos. "Esto podrá llevar a la retención de naves y seguramente de falta de operatividad", advirtió.

Le llamó la atención que se intente aplicar esas capacitaciones a gente de mar que se desempeña en aguas interiores, siendo que se trata de cursos necesarios para la navegación en aguas internacionales. "Son especializaciones irrelevantes para las funciones que se hacen en las costas chilenas, porque estamos en canales y no hacemos viajes con cabotaje al extranjero", planteó.

El dirigente afirmó que un 80 % de trabajadores de la Marina Mercante trabaja en la zona, donde se concentran cerca de 5 mil personas, quienes además deberían asumir un alto costo económico y social al participar en esas instrucciones. Calculó que deberían desembolsar cerca de un millón de pesos para financiarlas, a lo que sumó los gastos de estadía, transporte y alimentación, ya que -durante un mes- serán impartidas en Valparaíso.

Cáceres aseguró que a contar del próximo 1 de junio serán exigibles estas capacitaciones "y quien no los tenga, no se podrá embarcar", remarcó.

Mientras que Walter Sandoval, secretario del Sindicato Mar del Sur, ente asociado a esa Coordinadora, añadió que enviaron un oficio a la Presidenta Michelle Bachelet, en el que exponen el caso y piden su intervención. Dijo que esperan tener una respuesta a mediados de la próxima semana. A ello sumó que harán una presentación formal a la Contraloría "porque hay una obligatoriedad de hacer estos cursos. La autoridad marítima los impuso a toda la gente embarcada, lo que no es necesario".

En análisis

Al respecto, el oficial de Operaciones y de Relaciones Públicas de la Gobernación Marítima de Puerto Montt, capitán Gerardo Velásquez, dijo que "se está analizando cómo se va a instaurar este acuerdo internacional entre quienes realizan funciones en el mar y que laboran en el ámbito marítimo".

Explicó que la medida es aplicable conforme a un convenio internacional sobre Normas de Formación, Titulación y Guardia para la Gente de Mar (STCW, en su sigla en inglés), que se implementa a nivel central. "Estamos conscientes de la implicancia que tiene sobre las tripulaciones. Una vez que esto se resuelva, se efectuarán coordinaciones con las unidades pertinentes de formación a nivel nacional, para que se vea la factibilidad de realizar estos cursos, que van en bien de las funciones de a bordo".

Al ser consultado si es que a nivel local verificarán su cumplimiento a partir del 1 de junio, el capitán Velásquez reconoció que "hay una fecha estipulada, pero eso está en un análisis mayor, de acuerdo a las observaciones que han hecho los mismos tripulantes. Esto es a nivel nacional, no es local. Es transversal al país y no exclusivo de una zona en particular".

Remarcó que como autoridad naval mantienen una "muy buena comunicación con los sindicatos y trabajadores del ámbito marítimo y no tenemos ninguna discrepancia al día de hoy".

S us aprensiones respecto del financiamiento del proyecto Ruta Metropolitana, expuso Hernán Navarro, presidente de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de Puerto Montt.

De acuerdo al dirigente, el Estado de Chile aportaría un porcentaje del valor total de ese proyecto, que estimó en 340 millones de dólares, lo que rechaza, por cuanto expresó que la iniciativa será impulsada mediante el sistema de concesiones.

"Por qué este proyecto capta cerca de 100 millones de dólares en subsidio, cuando al comienzo su compromiso era no pedirlo. Y eso está en el acta del Consejo de Concesiones, que dice proyecto que no requiere subsidio y sin embargo ahora aparecen con uno", expuso.

Navarro planteó que ante esos antecedentes "hay un lobby importante de la empresa y complicidad de algunos funcionarios de Gobierno, para otorgar esos 100 millones de dólares. No hay ninguna explicación para eso, por lo que nosotros lo objetamos ".

El dirigente comunal planteó que objetan este aporte, al considerar que con esos recursos es posible mejorar el actual estándar de la ruta entre Alerce y Puerto Montt.

COFINANCIAMIENTO fiscal

Mientras que el seremi de Obras Públicas, Carlos Contreras, explicó que la Ley de Concesiones "postula diferentes formas de financiamiento, tal como ocurrió con las concesiones de la Ruta 5. En esta ley, las empresas pueden hacer propuestas al Estado para construir infraestructura pública".

En el caso del proyecto de Ruta Metropolitana, la autoridad regional especificó que se está postulando a un 30 % del subsidio fiscal. Precisó que ese aporte no será entregado de una vez, sino que "son pagos que se realizan durante los años de operación de la concesión. Es una forma de cofinanciamiento de la infraestructura pública, en la que participa el fisco y la empresa privada".

El seremi Contreras expuso que una vez que el proyecto esté definido, se puede establecer el porcentaje final.

Esto, porque han surgido obras complementarias y de mitigación, que se han sumado a la propuesta original, como el paso sobre nivel en la rotonda Ibáñez, el mejoramiento en el cruce con Sargento Silva y un paso sobre nivel en la conexión de Alerce con la vía a la Ruta 5.

"Mientras más cosas vamos cargando a esta obra, se va encareciendo, los mismo que el modelo de negocios. Lo que puede aportar el fisco, eso se define antes de la licitación, dependiendo del proyecto final que se va a licitar", aclaró.